• Libertad para Chejín Pulido: Detención política ligada al caso Aguakan, según CAMBIO 22

 

• Caso Aguakan: Chejín Pulido liberado por prescripción de delitos; disputa legal con Aguakan y millonaria contraprestación

 

Redacción/CAMBIO 22 

CDMX | Como lo advirtió Cambio 22 en su edición del 10 de febrero, la detención de José Chejín Pulido, exsecretario de Hacienda de Quintana Roo con Mario Villanueva Madrid, era un tema político relacionado más con el caso Aguakan que con la delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que sería dejado en libertad por la prescripción de los delitos imputados, situación que se cumplió el día de ayer cuando un juez de control no encontró elementos suficientes para proceder judicialmente contra él.

Chejín Pulido fue detenido el pasado 5 de febrero en Chetumal bajo acusaciones de asociación delictuosa, delincuencia organizada y lavado de dinero, se dijo que habría sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, también conocido como el Penal del Altiplano, en el Estado de México, fuentes de CAMBIO 22 indican que siempre estuvo detenido en los separos de la FGR en la Ciudad de México.

La liberación se sustentó en el análisis de las pruebas presentadas por la FGR que un juez del Juzgado Sexto de Distrito en procesos penales de la CDMX desechó y exoneró a Chejín Pulido, ordenando el sobreseimiento del caso; Chejín Pulido se desempeñó como Tesorero de Mario Villanueva, quien fue acusado en el marco del denominado “Caso Cancún”, el cual vinculaba a políticos y empresarios con el Cártel de Juárez.

CAMBIO 22 sostiene que la detención de Chejín Pulido, obedece a la malversación de fondos por la concesión otorgada a Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y su subsidiaria Aguakan para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en Quintana Roo durante el periodo de 1993 a 1999; y que en igual situación se encuentra el prófugo Juan Pablo Guillermo Molina, tesorero de Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016 a quienes les entregaron mil 70 millones de pesos por la ampliación de 30 años más a dicha concesión.

Villanueva Madrid dijo en su momento, que la solución al problema de la contaminación de los mantos acuíferos y el suministro de agua potable la tenía GMD y que por dicha concesión, trascendería, Jorge Ballesteros presidente del grupo, pagó 350 millones de pesos a José Chejin Pulido, quien fuera su secretario de Hacienda.

Por otra parte, Roberto Borge ordenó a sus diputados crear y aprobar un decreto para la ampliación de la concesión de Aguakan, misma que se consumó el 11 de diciembre de 2014 cuando la XIV Legislatura aprobó apresuradamente el decreto de la prórroga y ampliación de la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en los municipios del norte del estado a dicha empresa, una ‘chicanada’ a decir de los partidos opositores, pues la concesión que otorgó la VII Legislatura, en el sexenio de Mario Villanueva, acababa hasta el 19 de octubre de 2023, por dicha ampliación Grupo Mexicano pagó la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, mil 070 millones de pesos y la vigencia de la concesión se estipuló hasta el 31 de octubre de 2053, también se ampliaba al municipio de Solidaridad la cual solo abarcaba Benito Juárez e Isla Mujeres ya que Puerto Morelos en ese entonces formaba parte de Benito Juárez, por dicha demarcación también está incluida en la concesión vigente.

Fuentes allegadas a CAMBIO 22 confirmaron que por el destino final de los mil millones de pesos ya declaró desde el penal el ex gobernador Roberto Borge y su tesorero Juan Pablo Guillermo Molina tramitó un amparo pues sobre su persona ya pesa una orden de aprehensión.

Hasta el momento la empresa Aguakan se niega a renunciar a la concesión, que a propuesta de Morena, los diputados locales avalaron por unanimidad anular el 22 de diciembre del 2023 el decreto de diciembre de 2014, con el que autoridades estatales otorgaron a Aguakan la ampliación de la concesión de 30 años contados a partir de este 31 de diciembre de 2023, cuando finalizaba el contrato inicial. La empresa ya anunció en un comunicado que se le otorgó una suspensión provisional, con la cual podrá continuar brindando sus servicios “después del 1 de enero del 2024 y hasta el 31 de diciembre del 2053, en los términos y condiciones previstos en el título de concesión otorgado en su favor, incluyendo las modificaciones al mismo”.

“Se detecta que tiene vicios, por lo tanto, lo que se hace es cancelar, abrogar en términos estrictamente jurídicos el decreto que amplía la concesión por más tiempo. Es decir, tiene sus efectos hasta el 31 de diciembre (de este año) y con posterioridad ese decreto queda cancelado”, apuntó.

No obstante, la versión de la empresa, difundida en un desplegado dirigido a la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, Alcaldes de los municipios mencionados y diputados, “es que se ha malinterpretado el plazo, además de reprochar que el Poder Legislativo no es la autoridad concedente. Pretende interpretar que el plazo de la concesión concluye este 31 de diciembre de 2023”, refirió.

La empresa recordó que dentro del acuerdo de ampliación, Aguakan pagó una contraprestación al Gobierno del Estado de más de mil 70 millones de pesos y asumió el compromiso del pago de una contraprestación periódica a dicha autoridad de más de 7 mil 900 millones de pesos, recursos que no se conoce su destino y por los cuales el Gobierno del Estado denunció a ex funcionarios de la administración de Mario Villanueva y Roberto Borge. La ampresa argumenta que tendrían que indemnizarla millonariamente:

“Esto será en absoluto perjuicio de las finanzas públicas del Estado, ya que la indemnización deberá cubrir los muchos miles de millones de pesos invertidos por la concesionaria y sus inversionistas a lo largo del tiempo”, se advirtió en el desplegado firmado por el director general de la compañía, Paul Andrew Rangel Merkely. Grupo Mexicano de Desarrollo y GBM Infraestructura, los principales accionistas de DHC, acusaron que los diputados locales ignoran los términos y procedimientos establecidos en el título de concesión, que imponen mecanismos para proceder contra la empresa.

Aguakan también exhibió en redes sociales que ha cumplido y continúa pagando contraprestaciones y derechos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONANGUA). La suma total de las contraprestaciones y derechos pagados de 1994 a 2023 ascienden a 7,964 millones de pesos actualizados a 2023, lo que representa un 18.8% respecto a la cobranza. La contraprestación periódica pagadera a CAPA es el máximo entre un piso indexado a la inflación y el 10% de los ingresos cobrados.

También detalló sus inversiones que ha realizado desde el inicio de su concesión resultando en una infraestructura que consta de 217 pozos de extracción, 71 tanques de agua potable, 101 cárcamos de agua residual, 3,250 kilómetros de tuberías de agua, 2,157 km de tuberías de alcantarillado, 3 Plantas de Osmosis Inversa y 13 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. De 1994 a 2023 Aguakan invirtió 8,005 millones de pesos actualizados a 2023 en infraestructura hidráulica, lo que representa un 18.9% respecto a la cobranza.

Aguakan atiende a 463 mil tomas de las cuales el 94% son de uso doméstico. Esto significa que Aguakan atienda a una población de aproximadamente 1,481,686 habitantes de los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, en el Estado de Quintana Roo.

Entre pagos al Gobierno del estado (7,964 millones de pesos) y las inversiones realizadas (8,005 millones de pesos), la suma llega a los 16 mil millones de pesos, recursos que Aguakan pretende que le sea reintegrado, lo cual sería un nuevo litigio pues si afectaría el presupuesto estatal.

 

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