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• La detención y rápida liberación de Aline N.T. revela posibles vínculos entre autoridades, crimen organizado y organismos inmobiliarios en un estado con más de 10,000 asesores sin regulación

 

• La relación entre Aline N.T. y la empresaria Karina Peralta conecta su operación con proyectos investigados por fraude y refuerza la hipótesis de una estructura de impunidad que opera desde la Fiscalía y asociaciones del sector

 

 

Redacción/ CAMBIO 22

La asesora inmobiliaria Aline N.T. quien consta con matrícula oficial para operar como agente inmobiliario en Benito Juárez (Cancún) fue detenida el 13 de noviembre de 2025 por la Policía Ministerial en Alfredo V. Bonfil, Cancún, sin embargo fue puesta en libertad pocas horas después sin cargos formales, lo que ha despertado sospechas de influencias indebidas.

Analistas señalan que esta detención express encaja en patrones históricos, investigacione sdocumentaron que funcionarios del gobierno estatal anterior utilizaron juicios amañados y actas administrativas ficticias para despojar empresarios de sus bienes inmuebles.

De hecho, el estado se ha convertido en un “foco rojo” para fraudes inmobiliarios por falta de supervisión.

En este contexto, la afiliación de Novelo Tello al sector inmobiliario es relevante, aparece promocionándose como miembro de AMPI Cancún en su material profesional, con “cinco estrellas” de calificación.

Las investigaciones también alcanzan a la empresaria Karina Peralta, expresidenta de AMPI Puerto Morelos, quien aparece en diversos materiales promocionales como figura central de Akna Residencial, un desarrollo inmobiliario enclavado en Leona Vicario que hoy se encuentra cerrado temporalmente y señalado por compradores como un presunto fraude.

Documentos, videos públicos y testimonios de clientes inconformes muestran a Peralta promoviendo el proyecto pese a inconsistencias legales y operativas, lo que ha encendido alarmas sobre la falta de supervisión en un sector que mueve millones de pesos en la zona norte de Quintana Roo.

De acuerdo con información verificada por este medio, Karina Peralta y Aline N.T. son socias, lo que conecta directamente a ambas con operaciones inmobiliarias que hoy están bajo revisión.

Mientras Aline enfrenta señalamientos por vínculos con intermediarios criminales y liberaciones exprés facilitadas presuntamente desde la Fiscalía, Peralta está asociada a la promoción de un desarrollo inmobiliario detenido y cuestionado por irregularidades.

La relación entre ambas no solo fortalece la hipótesis de una red de intereses compartidos, sino que amplía el espectro de posibles responsabilidades dentro de la estructura de impunidad que ha permitido el avance de fraudes y operaciones opacas en el mercado inmobiliario de la región.

Se sabe que la ex directiva local de AMPI Puerto Morelos intentó imponerla en su cúpula operativa sin realizar elecciones internas, pese a que oficialmente Novelo Tello siguía registrada en la sección de Cancún.

Estas irregularidades internas agravan la percepción de que la asociación, que debiera regular el sector, ha hecho caso omiso de nexos sospechosos en su propia base afiliatoria.

El caso Akna expone que el desarrollo comercializaba lotes de 375 m² en Puerto Morelos, un municipio que NO cuenta con POEL (Programa de Ordenamiento Ecológico Local) ni con PDU (Programa de Desarrollo Urbano) vigentes, sin estos instrumentos, ninguna empresa puede fraccionar, vender o promover lotes habitacionales, lo que convierte al proyecto en un esquema irregular desde su origen.

Fiscalía y AMPI: colusión e impunidad institucional en la zona norte

Uno de los casos más recientes de la corrupción institucional en Quintana Roo involucra directamente a personal de la Fiscalía General del Estado en la llamada “ruta de los cenotes”, donde habitantes de Leona Vicario denunciaron una red de extorsión operada por el grupo de Arturo Boix, con apoyo de funcionarios armados que se prestaban para amedrentar a quienes se negaban a pagar la llamada “cuota de impunidad”.

Los reportes municipales señalan que agentes ministeriales participaban en estas prácticas intimidatorias para beneficiar intereses privados ligados al despojo de tierras y a la compraventa irregular de lotes.

Este patrón exhibe el modus operandi que permite que el crimen, los negocios turbios y la autoridad se mezclen sin restricciones en la zona norte del estado.

La influencia del crimen organizado entre las autoridades locales de Quintana Roo ha sido recurrente, queda de manifiesto al recordar antecedentes de hace algunos años, como los casos de presunta protección a capos del skimming en Cancún, registrados en 2022.

Una investigación internacional reveló que el ex fiscal estatal Jonathan Medina Nava encargado de importantes casos delictivos en Quintana Roo recibió sobornos del jefe de una banda rumana que operaba cajeros automáticos en la Riviera Maya.

Ese espisodio ha demostrado cómo las pesquisas sobre asesinatos vinculados a esa red fueron direccionadas lejos de sus verdaderos responsables, mientras cuentas bancarias ligadas al fiscal fueron congeladas por lavado de dinero en 2021.

Paradójicamente, en Quintana Roo operan por lo menos ocho grupos extranjeros (rumanos, rusos, colombianos, Canadienses etc.) asociados al narcotráfico y al blanqueo de capitales.

La UIF identificó a la llamada “Banda de la Riviera Maya” como una organización criminal con centro de operaciones en Cancún, cuyos miembros incluso contaban con “apoyo” de jueces, políticos y policías locales.

Frente a esta grave penetración, las autoridades estatales han mostrado una marcada inacción, la Fiscalía General no ha informado de ninguna acusación nueva contra los principales implicados, y organismos como AMPI no han sancionado a sus propios afiliados cuestionados.

Los datos duros revelan la magnitud del problema: desde 2010 se han denunciado más de 2,000 fraudes inmobiliarios solo en Cancún, y se estima que más de 10,000 agentes inmobiliarios operan en Quintana Roo sin estar debidamente regulados ni pagar impuestos.

La ley estatal exige que todos los asesores cuenten con matrícula oficial y aparezcan en un padrón público, pero el incumplimiento ha sido generalizado.

En la práctica, numerosos intermediarios “patito” continúan vendiendo terrenos y desarrollos falsos sin consecuencia legal alguna.

En conjunto, el caso Novelo Tello no solo expone a una presunta intermediaria de operaciones fraudulentas y lavado de dinero, desenmascara una red de corrupción e impunidad en el mercado inmobiliario de Quintana Roo que involucra tanto a criminales como a poderosos actores institucionales.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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