Redacción/CAMBIO 22
De acuerdo con la propia FGR, hay órdenes de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas con delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, por el desfalco multimillonario al patrimonio de las tres empresas públicas
Uno de los pendientes que heredará la próxima presidenta de la República -que según encuestas será Claudia Sheinbaum– es el enorme boquete presupuestal por el daño patrimonial de miles de millones de pesos causado por el mayor fraude público cometido en la actual administración, en perjuicio de las finanzas de las empresas públicas Segalmex, Diconsa y Liconsa, en donde funcionarios, empresarios y personas morales se coludieron para desviar cerca de 13 mil millones de pesos entre los años 2019 y 2021, cuando el director general era Ignacio Ovalle Fernández, actual coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y el responsable de la Unidad de Administración y Finanzas, era René Gavira Segreste, este último preso desde diciembre de 2023 y sujeto a varios procesos penales.
A seis meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregue la banda presidencial, en la Fiscalía General de la República (FGR) se han abierto 83 carpetas de investigación relacionadas con irregularidades y corrupción en Segalmex, Diconsa y Liconsa, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, ejercicio indebido del servicio público, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal equiparada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada.
Del análisis realizado a las diversas denuncias presentadas ante la representación social federal, la FGR ha determinado que existe una organización criminal que ha operado desde 2019 y por lo menos hasta 2021, tiempo en que Ovalle y Gavira eran los mandamás en las tres entidades públicas defraudadas y, mediante un complejo esquema operado por servidores públicos, utilizaron a Segalmex, Diconsa y Liconsa para obtener recursos públicos de manera lícita y con la colaboración de personas físicas y empresas privadas simularon actos de comercio mediante convenios ilícitos, a fin de distraer los recursos destinados a programas sociales para operarlos dentro del sistema financiero y así ocultar su verdadero destino que fue el robo.
Burócratas, empresarios e intermediarios financieros se coludieron para simular “operaciones de apariencia lícita” mediante el otorgamiento de autorizaciones de convenios de las tres entidades públicas con empresas privadas, fundamentándose en ordenamientos de carácter civil y del Código de Comercio, cuando en realidad lo que hacían era adjudicaciones directas que no cumplían con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las personas morales utilizadas para dicho esquema delictivo tienen todas las características de empresas fachadas, porque carecen de capacidad económica, estructural y humana, lo que les impide hacer frente a obligaciones adquiridas a través de contratos millonarios celebrados con Segalmex, Liconsa y Diconsa.
Las 83 carpetas de investigación abiertas corresponden a denuncias penales presentadas por las propias empresas públicas Segalmex, Liconsa y Diconsa, así como por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación y denuncias ciudadanas de personas físicas y morales.
En el estado que guardan hasta hoy las investigaciones, de las 83 carpetas abiertas, 25 se han determinado de la siguiente manera: 21 por acumulación, al tratarse de los mismos hechos; 2 por no ejercicio de la acción penal por la hipótesis de que el hecho cometido no constituyó un delito, y 2 carpetas se encuentran judicializadas (se les da seguimiento a las causas penales de dichos asuntos).
Respecto de las 58 carpetas restantes, todas están en integración, en las cuales se ha solicitado información a diversas autoridades, entre las cuales se encuentran las fiscales y financieras, con la finalidad de poder acreditar los hechos denunciados posiblemente constitutivos de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, ejercicio indebido del servicio público, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal equiparada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
De acuerdo con la propia FGR, hay órdenes de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas con delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, por el desfalco multimillonario al patrimonio de las tres empresas públicas.
De esas 22 personas con órdenes de aprehensión 12 fueron servidoras públicas de Segalmex, 4 pertenecen a empresas privadas con las que se coludieron y 6 fueron beneficiadas de los recursos desviados de Segalmex.
¿Quién es Ignacio Ovalle?
Ignacio Ovalle Fernández fue director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entre el 18 de enero de 2019 y el 19 de abril de 2022, a principios de la actual administración, y actualmente es coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en donde no puede disponer de dinero público.
Durante el gobierno corrupto del priista Carlos Salinas de Gortari, Ovalle Fernández fungió entre 1988-1990 como director general de la empresa Conasupo, en donde Raúl Salinas, hermano del expresidente, mantenía un cargo público con el propósito de desviar miles de millones de pesos que estaban etiquetados para la asistencia social alimentaria a millones de mexicanos en pobreza extrema.
Fue en ese negro periodo de Salinas de Gortari en el gobierno cuando su hermano Raúl, con la complicidad de Ovalle, que se orquestó la compra irregular de maíz amarillo para consumo humano, cuando se trataba de alimento para puercos; así como la adquisición de leche contaminada radioactiva para distribuirla a millones de familias mexicanas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a este tema en varias conferencias de prensa, en donde calificó como “error de Ovalle” el contratar a funcionarios corruptos de gobiernos pasados que volvieron a delinquir.
El Jefe del Ejecutivo ha explicado así este caso: “quien es nombrado para ocuparse de este Sistema (Alimentario Mexicano), Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos pagando sobreprecios.
“Pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsa, en donde supuestamente les ofrecían más intereses por tener ahí el dinero, cuando eran empresas creadas para robar.
Así no sólo en el caso de Segalmex, sino de gobiernos estatales, que colocaron dinero en este tipo de instrumentos y pues hubo un desfalco”.
Sin embargo, los antecedentes de Ignacio Ovalle lo delatan y si no es en esta asdministración seguró será en la de Claudia Sheinbaum cuando tenga que enfrentar la justicia y probablemente ir a prisión por complicidad u omisión en el desfalco más grande cometido en el gobierno actual.
En Palacio Nacional el presidente López Obrador ha indicado que “el fraude en Segalmex es un hecho muy lamentable: es el caso de corrupción más escandaloso, y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno.
Y como no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción, y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente”.
El primer mandatario también ha dicho que este fraude a Segalmex “me dolió, porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía, o restablecer precios de garantía que se crearon durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas y luego se eliminaron durante el periodo neoliberal.
Pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo, sobre todo a los productores de maíz, de frijol, de arroz, de leche, para eso se creó Segalmex, y también para seguir fortaleciendo el sistema de tiendas campesinas, que hay miles en las comunidades marginadas y se llevan mercancías, alimentos, a precios justos.
También este sistema incluye las lecherías que venden a precios bajos la leche en pueblos y en colonias marginadas. Es un programa muy bueno, mucho muy bueno”.
