mayo 24, 2024 17:45

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Renán Castro Madera, Director General

Renán Castro Madera, Director General

mayo 24, 2024 17:45

  • Reducirán el número de magistrados del Poder Judicial y de Consejeros de la Judicatura; ampliarán el período de gestión de los magistrados, pero les quitarán la posibilidad de reelección, al igual que ya no se reelegirá a consejeros de la judicatura; permitirán la reelección del presidente del Tribunal Superior de Justicia; modificarán la norma de la inamovilidad de jueces; y reformarán las reglas de los juicios de constitucionalidad local, en la sesión extraordinaria de este viernes

 

  • Todo esto los dictaminaron sólo 2 horas después de haber dado entrada a la propuesta, en una reunión de media hora, sin análisis ni discusión, ni mucho menos consultas

 

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 21 de diciembre.- La XVII Legislatura del Congreso del Estado realizará una reforma al Poder Judicial, tanto en la estructura y composición de sus órganos como en la regulación de la función de los jueces, luego de que se dictaminara en cuestión de horas y de espaldas a la sociedad una iniciativa promovida por los integrantes del grupo parlamentario de Morena, a pesar de que le denomina como una reforma para el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia.

La reforma reducirá el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado, así como ampliará el período de duración de sus integrantes a cambio de quitarles el derecho a la reelección, al mismo tiempo que permitirá que se pueda reelegir al presidente del Poder Judicial, al igual que incluir modificaciones a la regulación de la inamovilidad de los jueces, y en el procedimiento de los juicios de constitucionalidad local.

Sin embargo, pesar de su alcance y de que la XVII Legislatura presume de ser un parlamento abierto, la iniciativa se dictaminó en el mismo día en que recibió entrada a trámite, el pasado 19 de diciembre, y solamente en la Comisión de Puntos Constitucionales, integrada por el diputado Ricardo Velasco y la diputada Elda Xix Euán, de Morena, las diputadas del PVEM Susana Hurtado Vallejo y Yohanet Torres Muñoz, y presidida por el morenista Humberto Aldana Navarro; sin incluir a la Comisión de Justicia; y sin consultar la opinión de barras de abogados, litigantes, instituciones académicas o jueces y magistrados del Poder Judicial.

Así pues, en una reunión que sólo duró media hora, en la Comisión de Puntos Constitucionales se dio lectura a los cambios que se realizarán a la Constitución Política del Estado, y sin realizar un análisis ni una discusión de las propuestas, simplemente se aprobó velozmente el dictamen que será presentado al pleno para su votación, sólo dos horas después de que había sido admitida a trámite por la Comisión Permanente de la Legislatura, el mismo día 19 de diciembre.

Esta reforma será sometida a la aprobación de la XVII Legislatura en la sesión del primer período extraordinario de sesiones, convocada para mañana viernes 22 de diciembre a las 11:00 horas.

La reforma reducirá de 12 a 11 el número de magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia, y desaparecerá la figura de los magistrados supernumerarios, estableciendo que las suplencias de los magistrados sean cubiertas por jueces.

Asimismo, reduce de 5 a 3 el número de integrantes del Consejo de la Judicatura, al disminuir de 2 a sólo un consejero ciudadano como integrante del Consejo de la Judicatura del Estado, y retirar la figura del magistrado consejero, dejando además solamente a un juez consejero y al magistrado presidente del Poder Judicial.

La duración de los consejeros juez y ciudadano no se modifican, seguirán siendo de 2 y 5 años, respectivamente, pero se les quitará el derecho a una reelección.

También se ampliará a 15 años el período de gestión de un magistrado, sin derecho a reelección, en lugar de 6 años con derecho a la reelección como están actualmente, y se incluye entre los impedimentos para ocupar el cargo el haber sido Consejero o Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo durante el año previo.

Por otra parte, se permitirá la reelección del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado por otro período de 5 años.

En el caso de los jueces, se establece que si después de 6 años de gestión son ratificados en el cargo, obtendrán la inamovilidad y podrán permanecer en sus labores hasta los 65 años de edad.

Por otra parte, se modifica la integración de la Sala Constitucional para que deje de ser unitaria y se convierta en colegiada, con 3 integrantes de nombramiento discontinuo, que ya no sólo será instructora de los expedientes, sino que dictará las resoluciones.

Además, se otorga a los órganos autónomos del estado la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra normas que consideren violatorias a la constitución local en el ámbito de sus competencias.

También se permitirá la acción de inconstitucionalidad a la tercera parte de los regidores en contra de determinaciones de un ayuntamiento.

Cabe mencionar que la reducción de integrantes del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado aparece como la “solución salomónica” para la reducción del abultado gasto en sueldos de altos mandos que tiene el Poder Judicial, pues no han accedido a bajarse los salarios, que siguen siendo de 265 mil pesos mensuales para su presidente, 213 mil pesos para los magistrados y 211 mil pesos mensuales para los consejeros de la judicatura, y para eso, inclusive, todavía tienen en proceso en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 161/2023, que presentaron para defenderse en contra de una reducción.

Además, en esta reforma no se tendrá ahorro del oneroso haber de retiro de los magistrados, porque se mantendrá dicho pago, por el cual tienen una pensión casi equivalente a su sueldo de por vida luego de terminar sus funciones.

Cabe mencionar que, actualmente, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia del Estado se encuentra incompleto, con sólo 10 magistrados numerarios integrantes, luego del fallecimiento del magistrado Juan García Escamilla, el pasado 21 de marzo, puesto que se mantiene vacante el asiento que dejó, ya que la gobernadora Mara Lezama Espinosa no ha presentado una terna de candidatos para sustituirlo.

Mientras, una magistrada, la número 11 del total actual, no integra pleno, porque forma parte del Consejo de la Judicatura como magistrada consejera.

Las funciones de Juan García Escamilla las está supliendo un magistrado supernumerario, Pedro Pablo Álvarez Vega, pero con la reforma ya no se hará necesario cubrir la vacante de manera definitiva.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura tiene 5 integrantes, de los cuales uno es el presidente del Poder Judicial, 2 son consejeros ciudadanos, uno es juez consejero y otra es magistrada consejera, pero con la reforma se quedará sólo con el presidente, un juez consejero y un ciudadano consejero.

Los artículos transitorios indican que los actuales magistrados y consejeros de la judicatura continuarán en sus cargos por los períodos para los que fueron electos y con el derecho a reelección que tengan conforme a las legislación anterior, por lo que la renovación de la integración del tribunal y el consejo será gradual, conforme vayan relevándose los funcionarios.

Lo que los artículos transitorios no aclaran es si el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, podrá beneficiarse de la disposición que permitirá la reelección en el cargo por otros 5 años, debido a que él fue nombrado con las reglas que se derogarán y que no permiten reelegirse en la presidencia, sino sólo como magistrado.

Todo esto a los diputados de Morena y el PVEM les pareció que no merecía mayor análisis ni discusión, por lo que lo dictaminaron en cuestión de minutos, aprovechando que la mayoría con la que cuentan les permitirá “planchar” la reforma en la sesión extraordinaria de mañana.

 

 

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