► El documento presentado por la alcaldesa Estefanía Mercado omite la fundamentación legal que sustenta la propuesta

► Así esconde que, para proponer el cambio de nombre del municipio, el Bando de Gobierno de Solidaridad exige que se haga por acuerdo unánime del ayuntamiento, requisito que no cumple este caso

► En sus motivos sólo argumenta el de unificar el nombre del municipio con la marca turística del destino

► No hay exposición de la historia de la fundación de Playa del Carmen, el origen de su nombre, ni referencia a los trabajadores mayas y fundadores que dieron inicio al asentamiento y al municipio, aunque dice que busca recuperar su identidad

►Tampoco menciona los foros que organizó para hacerla pasar por una demanda social, pero que dividieron a su comunidad

 

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 13 de marzo.- En su afán de concretar la decisión que ya había tomado desde que tomó posesión, la presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado Ascencio, pasó por encima de las normas que rigen la vida interna del municipio y presentó una iniciativa que carece de fundamentación legal y de elementos históricos que sustenten el cambio de nombre del municipio de Solidaridad al de Playa del Carmen como una supuesta recuperación de la identidad de su comunidad.

La iniciativa fue aprobada por 15 votos a favor, con un voto en contra, por el cabildo de Solidaridad, el pasado 26 de febrero, y con ese aval fue enviada al Congreso del Estado, que este jueves 13 de marzo se prepara para someter la propuesta a votación y muy segura aprobación.

Sin embargo, la iniciativa presentada no contiene fundamentación legal, a pesar de que la Constitución exige que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, y una de las razones es simplemente porque el gobierno de Estefanía Mercado no pudo justificar en las normas el envío de la propuesta.

La Constitución del Estado, en su artículo 130, establece que es facultad de la Legislatura, no del ayuntamiento, modificar la denominación del municipio, “cuando en su concepto existan razones fundadas para ello, de acuerdo a la Ley en la materia”.

La ley en la materia es la Ley de los Municipios, e indica que la Legislatura está facultada para modificar la denominación de un municipio por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes y con aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, lo cual se debe a que se trata de una reforma a la Constitución del Estado, y establece las causas para realizar dicho cambio.

El artículo 16 de dicha ley dice que las causas para poder modificar la denominación de un Municipio, las siguientes:

I.- Cuando exista un Municipio en otro Estado con la misma denominación.

II.- Cuando la razón o el fin que motivaron la denominación, haya dejado de existir.

III.- Por acontecimientos, hechos o actos que tengan relevancia en la vida del Municipio, y

IV.- Las demás que así considere el Ayuntamiento.

La última causa abre la posibilidad de que el ayuntamiento pida el cambio de nombre del municipio debido a alguna razón justificada que exponga a la Legislatura, pero fuera de esa mención, la Ley de los Municipios no indica el procedimiento para que el cabildo realice la propuesta.

Es en el Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, vigente desde el 2016, donde se expone un procedimiento para que el ayuntamiento pueda pedir el cambio del nombre del municipio a la Legislatura, y establece que debe ser por acuerdo unánime del ayuntamiento, requisito que en el caso del cambio de nombre de Solidaridad a Playa del Carmen no se cumplió.

Dice el artículo 10 de dicho Bando de Gobierno: “El nombre y el escudo del municipio son el signo de identidad y símbolo representativo del municipio, respectivamente. El municipio conserva su nombre actual de “Solidaridad” el cual no podrá ser cambiado, sino por acuerdo unánime del ayuntamiento y con la aprobación de la Legislatura del estado”.

La iniciativa cojea por incumplir el requisito del acuerdo unánime del ayuntamiento, pues el regidor José Luis Toledo Medina votó en contra, y aparentemente por la misma razón el gobierno de la alcaldesa Estefanía Mercado prefirió omitir en su documento cualquier mención al fundamento legal para el cambio de nombre del municipio contenido en la Constitución del Estado, la Ley de los Municipios y su Bando de Gobierno, antes de hacer notorio ese defecto del procedimiento jurídico.

Pero además de la carencia de una fundamentación jurídica, no se trató de ajustar los motivos para el cambio de nombre a las causas expresadas en la Ley de los Municipios, ni siquiera a la muy genérica “las demás que así considere el ayuntamiento”, ya que en su extenso texto contiene muchos calificativos y hasta promesas, pero pocos argumentos para justificar que el nombre de Playa del Carmen abona mejor a la identidad del municipio que aquél con que nació, que es el de Solidaridad.

Asimismo, aunque la presidenta municipal organizó foros informativos para dar a conocer la propuesta de cambio de nombre y tratar de aparentar que le conseguía un respaldo social, inclusive diciendo que se trataba de una consulta popular, cuando en realidad no lo eran y buscó evitar cualquier participación ciudadana por los métodos democráticos previstos en ley, la iniciativa no menciona esos foros como parte de los motivos para pedir el cambio, por lo que al final no se pudo presentar como una demanda popular lo que es una decisión meramente política.

Pese a que su propaganda dice que el cambio busca recuperar la identidad del municipio, en ninguna parte aborda la historia de Playa del Carmen, sus orígenes, fundación y crecimiento antes de la creación del municipio de Solidaridad, ni siquiera el por qué se llama Playa del Carmen la ciudad, para sustentar los elementos de la identidad supuestamente perdida u opacada por el nombre actual del municipio.

El único motivo concreto que expone es unificar el nombre del municipio con la marca turística ya existente, lo cual expresa cuando dice que “Playa del Carmen se ha convertido en un nombre que resuena en el imaginario colectivo a nivel nacional e internacional”, que “permitirá alinear su identidad administrativa con la realidad que la define”; y que, “al adoptar el nombre de su cabecera, el municipio tendrá una marca fuerte y reconocible, capaz de proyectar una imagen de cohesionada y atractiva para quienes lo visitan, pero también para quienes lo habitan”.

La marca es la única razón que expresa, pues agrega que “desde la perspectiva turística, Playa del Carmen es un nombre que ya posee un valor intrínseco en el mercado global”, que “tiene el poder de posicionar al municipio en un lugar destacado dentro del competitivo panorama del turismo mundial”, por lo que “facilitaría su promoción…,reforzaría la percepción de una identidad propia auténtica y diferenciada…,facilitaría la atracción de inversiones, el diseño de estrategias de mercadotecnia más eficaces y el fortalecimiento de un sentido de pertenencia de los habitantes”.

En los foros y la propaganda previa a la aprobación en cabildo, se dijo que un motivo para el cambio era que al municipio se le nombró Solidaridad en alusión al programa social del presidente Carlos Salinas de Gortari llamado así, y se buscaba borrar ese resabio del pasado neoliberal de la identidad comunitaria.

Sin embargo, en la iniciativa no se atrevieron a plasmar esa narrativa, sino que, al contrario, indican que el nombre de Solidaridad “es noble en su simbolismo”, y sólo agregan que “no refleja con precisión la esencia y riqueza de este territorio, ni captura el dinamismo que lo ha transformado en un ícono de la Riviera Maya”, sin detallar ni precisar cuáles son esos elementos.

La iniciativa dedica repetitivas referencias a destacar la multiculturalidad de la sociedad actual de Playa del Carmen, pero no hace mención alguna a la importancia de los mayas que iniciaron el asentamiento humano como chicleros a principios del siglo XX, procedentes de la zona maya del entonces territorio federal de Quintana Roo y de otras partes de la Península de Yucatán, de la misma forma que en los tiempos del auge turístico de los últimos años han sido las principales dotadores de mano de obra al destino.

Tampoco hay referencia a los personajes fundadores del asentamiento humano ni a quienes le pusieron nombre, ni a los fundadores del municipio de los tiempos modernos, del que es cabecera la pujante ciudad, sino sólo referencias genéricas al mosaico multicultural actual, donde las identidades originarias se pierden en el discurso.

De hecho, la única mención a los mayas es indirecta, cuando el texto expone una serie de compromisos que el gobierno municipal expresa que asumirá por el cambio de nombre, cuando dice que “se promoverán iniciativas que den voz a las comunidades indígenas”, en una serie de párrafos de buenos propósitos.

Además, aunque se había negado que se harían gastos para cambiar nomenclaturas y membretes de papelería, en el artículo noveno transito se faculta al ayuntamiento para actualizar “la papelería oficial, la señalética, registros administrativos o cualquier otro documento o medio en el que se haga referencia al nombre anterior del municipio”.

Dice que dicha actualización debe hacerse gradualmente, “bajo la disponibilidad presupuestaria, en el marco de los procesos de renovación habituales y asegurando la continuidad de los servicios municipales”.

Pese a los baches en la propuesta, el Congreso del Estado, al que compete la facultad de cambiar los nombres de los municipios mediante reforma constitucional, hará todo lo posible por corregir los defectos que contiene, con el fin de hacer avanzar el proyecto de cambiar el nombre de Solidaridad al de Playa del Carmen.

Lo anterior se debe a que existe un consenso entre todos los partidos representados en la Legislatura, no sólo los de la alianza de la 4T, sino también los de la oposición, para realizar el cambio de nombre, por el motivo real que existe, que es el de unificar el nombre del municipio con la marca comercial turística ya existente de Playa del Carmen, que por cierto es propiedad del Consejo de Promoción Turística del Estado, aunque el gobierno municipal ya busca registrar sus propias marcas incluyendo el nombre, para lo cual hasta contrató al diputado local del PT Hugo Alday Nieto.

Lo anteriormente expuesto hace reprobable la propaganda que inventa una supuesta recuperación de la identidad del municipio, como si la etapa de Solidaridad no formara parte de su historia, y que el gobierno de Estefanía Mercado no dedicara mayor atención a presentar una propuesta seria, mejor elaborada y motivada, así como a procurar darle legalidad y un cauce más apropiado, en vez de generar un motivo de división en su sociedad con la torpe organización de los foros para su exposición.

Siendo que era una decisión política tomada meses atrás, el gobierno municipal tuvo el tiempo suficiente para haber presentado una propuesta mejor estructurada y argumentada para su aprobación, no un documento pobre que sólo servirá para dar una fachada de legalidad a un trámite de segura aprobación, basado en la mayoría hegemónica que su alianza partidista tiene en su municipio y el estado.

 

franciscohcambio22@gmail.com

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