Redacción / CAMBIO 22

Lázaro Cárdenas, 11 de febrero. – La desesperación ha alcanzado un punto de no retorno en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde la administración de Nivardo Mena Villanueva es señalada por sumir a la región en una crisis sin precedentes. Los habitantes, cansados de la inseguridad y los atropellos financieros, han lanzado un grito de auxilio dirigido directamente al Gobierno Federal, específicamente al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, exigiendo una intervención inmediata bajo el esquema de la “Operación Enjambre”, para frenar el colapso total del municipio.

El panorama es desolador y violento. Recientemente, el incendio provocado de un establecimiento de bebidas alcohólicas en Vicente Guerrero, presuntamente por negarse a pagar derecho de piso, ha confirmado los peores temores de la ciudadanía.

La delincuencia organizada parece haber tomado el control total, extendiendo sus redes de extorsión hacia taxistas, ejidatarios y pequeños comerciantes, ante una autoridad municipal que, lejos de proteger, es acusada de asfixiar económicamente a sus gobernados.

La joya de la corona y principal motor económico de la zona, Isla Holbox, se encuentra en el epicentro de esta tormenta. Mientras la isla genera la mayor parte de los ingresos que sostienen al municipio, sus empresarios y trabajadores enfrentan una doble tributación: la del crimen y la de la administración de Mena Villanueva.

En redes sociales, habitantes de Lázaro Cárdenas reportan que el sindicato de taxistas en la isla de Holbox es presionado con cuotas mensuales de 100 mil pesos, mientras que artesanos y módulos de tours deben entregar 3 mil 500 pesos mensuales para poder operar; y advierten a los demás giros comerciales que se preparen, pues al parecer ninguna actividad económica quedará fuera de las extorsiones.

A este escenario de terror se suman las políticas recaudatorias de Nivardo Mena Villanueva, calificadas como abusivas y arbitrarias. El aumento del impuesto predial en un mil por ciento, el cobro de saneamiento por encima de la Unidad de Medida y Actualización, sin la entrega de recibos oficiales, y la exigencia de pagos de hasta quinientos mil pesos a hoteles por permisos de construcción sin documentación legal, reflejan una gestión que parece priorizar el saqueo sobre el servicio público.

Además, la invención de cobros excesivos al transporte de carga que cruza hacia Holbox ha disparado el costo de vida para los isleños, encareciendo productos básicos y sumiendo a las familias en una crisis económica profunda.

Comunidades como Kantunilkín, Chiquilá, Solferino, San Ángel y el Kilómetro 80, se han unido al reclamo de Holbox. La permisividad ante la llegada del “derecho de piso” y la voracidad fiscal de la actual administración, representan una traición a la confianza ciudadana y una amenaza directa a la estabilidad de Quintana Roo.

La exigencia es clara: Lázaro Cárdenas no puede seguir siendo un territorio sin ley ni un botín político, mientras sus habitantes viven bajo el miedo y la carestía.

 

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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