Layda Sansores se Ensaña con Periodistas No Afines a su Gobierno
12 Ene. 2026
-
Por daño moral, Juez condena a comunicadores a pagar 2 millones de pesos a la titular de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez
-
Fiscal del caso en contra de Jorge González Valdez, exdirector de Tribuna, pide dos años de prisión para el acusado
Redacción / CAMBIO 22
San Francisco de Campeche, Cam., 9 de enero.- En una muestra de que el Gobierno de Layda Sansores Sanromán seguirá utilizando a las instituciones procuradoras y administradoras de justicia como instrumentos de represión, la jueza segunda del ramo civil y de extinción de dominio de la primera instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, Amada Beatriz Salazar González, resolvió que los periodistas Joel Obet Ynurreta Priego, Abraham Alberto Martínez Caamal y los medios La Neta de Campeche, por conducto de su administrador, y Por Esto y/o Por Esto online, actualmente Compañía Editorial del Mayab, son responsables de daño moral contra la jefa policiaca Marcela Muñoz Martínez.
En consecuencia los mencionados deberán pagar 2 millones de pesos (500 mil pesos cada uno) como reparación del daño.
Además, deben replicar la sentencia en los mismos términos y con el mismo alcance de la publicación objeto de la demanda.

Los periodistas y los medios tienen 10 días hábiles para presentar la inconformidad de la sentencia, que es considerada como forma de intimidación y daño al patrimonio de los comunicadores, quienes han señalado el actuar de la citada funcionaria, que por su condición de servidora pública está expuesta al escrutinio público.
Por otra parte, el jueves pasado se dio a conocer que la Fiscal del caso promovido por Layda Sansores Sanromán, Jennie Clarivel Mendieta, exigió a la jueza Guadalupe Martínez Taboada la aplicación de una pena de 2 años de prisión y multa que “repare” económicamente los daños causados a la Gobernadora, por el delito de incitación al odio, en contra del exdirector de Tribuna, Jorge Luis González Valdez, y del representante de la empresa Organización Editorial del Sureste, Isidro Yerbes Cruz.
En la audiencia intermedia de una hora, que fue suspendida para reanudarla el próximo 10 de febrero a las 10 de la mañana, la juzgadora advirtió que en esa fecha deberá terminar lo que corresponde a esta etapa, para poner el caso a disposición de un juez de lo penal.
Sin embargo, hay que advertir que están pendientes de resolución dos amparos: uno de no vinculación a proceso y otro que ataca las medidas cautelares, lo que dejaría sin efecto la determinación de la jueza.
Mendieta insiste en responsabilizar a González Valdez de hechos insostenibles, pues no ha tomado en consideración los documentos de jubilación y de baja de la empresa y testimoniales.
Lo mismo ocurre con la postura de la juzgadora, quien amenaza con la aplicación de multas y arresto en el supuesto de que Jorge González e Isidro Yerbes no comparezcan a la conclusión de la sesión de la etapa intermedia.
GPC


















