Redacción/ CAMBIO22

San Francisco de Campeche, Cam., 22 de Noviembre.- De acuerdo con la Reforma que en materia fiscal  pretende aplicar un impuesto del 5 por ciento a quienes presten servicios profesionales, el arrendamiento, compraventa de bienes inmuebles, diversas actividades empresariales.

Para el ejercicio fiscal 2025, la gobernadora prevé la incorporación a la Legislación Hacendaria estatal de la figura de Impuestos Cedulares, incorporando a un nuevo grupo de contribuyentes que, si bien actualmente tributan a nivel federal, ahora contribuirán también a nivel estatal con incidencia en la misma base fiscal. Este nuevo gravamen está dirigido a actividades como la prestación de servicios profesionales, el arrendamiento y compraventa de bienes inmuebles, y las actividades empresariales.

Teniendo la mayoría legislativa de Morena y aliados en el Congreso, se espera que esta reforma sea aprobada sin debate ni consideración de su impacto en los campechanos, quienes ya enfrentan una complicada situación económica.

El argumento oficial señala que esta medida tiene como objetivo redistribuir la carga fiscal, fortaleciendo los ingresos estatales mediante una mayor recaudación que, supuestamente, será utilizada para financiar el gasto público, fomentar la inversión y generar empleos.

Según la propuesta, el impuesto está diseñado para que los campechanos tributen no solo a nivel federal sino también estatal, “incidiendo en la misma base fiscal” y compartiendo los rendimientos entre ambos niveles de gobierno. Esto genera cuestionamientos sobre una posible doble tributación que sería inconstitucional.

Aunque el gobierno asegura que este impuesto busca mantener una “estructura tributaria justa y progresiva”, no deja de ser preocupante que esta carga fiscal adicional recaiga sobre los ciudadanos en un contexto de crisis económica y retroceso que la propia administración estatal ha profundizado ¿Será este un verdadero esfuerzo por impulsar el desarrollo estatal, o simplemente otro golpe a los bolsillos de los ciudadanos? La respuesta está en manos del Congreso, aunque todo apunta a que la mayoría morenista no detendrá la imposición de este controvertido gravamen

Al respecto, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Pedro Armentía López, externó su preocupación por la intención del Poder Ejecutivo de hacer recortes en áreas como salud, dentro del gasto programable del Presupuesto de Egresos.

“Se habla de 26 mil millones de pesos que van a gastar, y lo que tenemos que ver en la nueva Ley de Ingresos es de dónde va a venir la recaudación para que tengamos cuidado, pero además vamos a vigilar que los recursos sean destinados a los sectores productivos”, dijo

El legislador confirmó que el próximo 2 de diciembre se reunirán con el titular de la Secretaría de Finanzas, y ahí se deberá presentar todo el plan de recaudación y programación de gastos, y es lo que vigilarán.

Después, continuó Armentía López, vendrán las comparecencias de los alcaldes, y veremos la Ley de Ingresos y dentro de la Comisión de Control Presupuestal y Finanzas cómo vamos a dictaminar para que pase al pleno y se vote.

 

 

 

 

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LRE

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