• Personas con más de 30 años en prisión sin sentencia, enfermas y con secuelas de torturas marcan las grietas del sistema judicial en México.

 

• Presos que ya cumplieron sus condenas, llevan hasta 8 años de más sin poder salir del sistema penitenciario en México.

 

 

Redacción/CAMBIO 22

En el tejido de la justicia mexicana, se despliega una serie de casos que desafían el tiempo, marcados por consignas, detenciones arbitrarias, torturas y prisiones preventivas prolongadas, así como delitos fabricados y corrupción judicial para mantenerlos presos. Familiares, periodistas y defensores de derechos humanos han presentado estas historias ante la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

No obstante, sus situaciones jurídicas se ven empantanadas por diferentes pretextos judiciales, mientras enfrentan enfermedades por secuelas de las torturas tanto en su detención como dentro de los centros de reclusión de orden federal, así como la edad avanzada, la mala nutrición y la falta de atención médica.

En el contexto legal mexicano, se hace hincapié en que la edad máxima para una persona en prisión, según el Código Penal Federal de México, es de 70 años. Además, se establece que el tiempo máximo de condena cumplida es de 30 años y la prisión preventiva, según la Constitución mexicana no puede prologarse más de dos años.

Estos parámetros legales son fundamentales para evaluar la solicitud de libertad presentada por las defensas, ya que cualquier prolongación de la privación de libertad más allá de estos límites está en conflicto con las normas nacionales y con el derecho internacional, según el Estatuto de Roma que aborda específicamente los crímenes de lesa humanidad en su Artículo 7, que abarca la desaparición forzada, tortura, detención arbitraria y encarcelamiento injusto.

Antonio Peña Lomelí: tres décadas sin sentencia

Uno de los casos es el de Antonio Peña Lomelí, de 62 años, quien se encuentra preso en el Cefereso #15 de Tapachula Chiapas, y lleva 32 años en prisión preventiva. Acusado de homicidio y robo con el número de expediente 54/1986-II, el caso de Peña Lomelí está detenido en el Juzgado 1º de Distrito de Procesos Penales en el estado de Jalisco.

A pesar de ser un caso del fuero común, fue trasladado a un centro de reclusión de orden federal lejos de su lugar de origen y de su familia. Se han postergado sus audiencias debido a que la agente el ministerio público que lleva el caso no se ha presentado.

La primera detención fue en 1987, y la segunda en 1993, cuando fue torturado. Por años estuvo en abandono jurídico, sin que el Estado mexicano le garantizara su derecho a una defensa justa.

Exmilitares en la injusticia: 27 Años de prisión preventiva

La causa 240/1996 involucra a un grupo de exmilitares de Morelos acusados de secuestro desde 1996. A raíz de irregularidades procesales durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea, un general que fue titular de la Dirección Federal de Seguridad, seis de los procesados, incluyendo a Jens Herrera Guzmán, Tirzo Zúñiga Vargas, Edgar Saúl Montiel Gómez, Lucio Bahena Osorio, Armando Sánchez Barbosa y Jesús Carbajal Rosales, permanecen sin sentencia desde hace 27 años. Sergio Martín Camacho fue sentenciado en 2019 después de 24 años de espera.

México violento

El 23 de noviembre de 2023, en la resolución del amparo de Edgar Saúl Montiel Gómez, se anularon las declaraciones ministeriales de fechas 18, y 19 de octubre de 1996, con las que fueron torturados para que se incriminaran unos a otros. Hoy, el juez de amparo dio tiempo límite al Juez 4º de Distrito Penal de Puebla, donde se encuentran sus casos, para que diera respuesta este 29 de noviembre.

Tirzo Zúñiga Vargas se encuentra en silla de ruedas, sin que se pueda mover por sí mismo, la familia le provee medicamento para paliar sus enfermedades. Fue uno de los más torturados y tiene un protocolo de Estambul positivo, que -no obstante-, no ha sido considerado para darle atención médica apropiada durante tres décadas tras las secuelas de las torturas sufridas desde su detención.

Luis Joel Delgado López: distorsiones en el sistema judicial

El caso de Luis Joel Delgado López es otro que revela las irregularidades del sistema de justicia en México. De acuerdo con el relato de su familia y defensa, fue detenido de manera arbitraria el 6 de octubre de 1993 y presentado hasta el 2 de noviembre de ese mismo año. Durante ese tiempo, bajo desaparición forzada fue torturado y amenazado y se le acusó de un homicidio de autoría indeterminada con el número de causa 650/1993, la cual empezó a compurgar el 19 de noviembre de 1993 y quedó concluida en el año 2000.

Una segunda causa con la que se le acusó de homicidio y evasión de presos fue la 606/1993 con la que fue sentenciado a 30 años de cárcel y la empezó a compurgar a partir del 2000, después de concluir la primera sentencia de 17 años. Durante la prisión estuvo trabajando, y después de 15 años, su defensa solicitó la remisión parcial de la pena por día laborado, la cual terminó de compurgar en 2015.

Por una tercera causa, la 66/1997 por homicidio de autoría indeterminada, lo sentenciaron en ese entonces a 11 años y 7 meses. Esta causa la empezó a compurgar en ese mismo año y la concluyó en agosto de 2008. Delgado López ha compurgado tres sentencias, concluyéndolas en 2015; sin embargo, lleva 8 años esperando su liberación.

José Antonio Malcom Fararoni: 30 años esperandon sentencia

En el Cefereso #17 de Michoacán, José Antonio Malcom Fararoni, detenido en 1993 por homicidio y robo sin pruebas, lleva 30 años de prisión preventiva. Una vez en prisión, fue acusado del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y expuesto mediáticamente, del cual salió absuelto. Su caso, del fuero común, ha sido trasladado de manera arbitraria a centros federales por cuestiones de “seguridad”. Sufrió tortura durante su detención, al igual que sus coacusados y después de 30 años aún está en espera de sentencia.

Prisión preventiva prolongada

El Instituto Nacional Electoral (INE) en su su cifra más reciente de internos en prisión preventiva en todo el país que tendrán el derecho de ejercer su voto para las elecciones presidenciales de 2024 alcanza las 93,000 personas, de un población carcelaria de más de 220 mil personas. Ello da una idea de la magnitud del rezago judicial y los delitos de lesa humanidad que se van configurando desde el Estado cada año con detenciones arbitrarias, torturas, y encarcelamientos sin pruebas ni investigaciones honestas.

En este entramado judicial contra todo Estado de derecho, los casos presentados aquí son sólo una muestra breve de las historias que resaltan la necesidad de una revisión profunda y una acción urgente para restaurar la dignidad de miles de vidas.

 

Fuente Los Ángeles Press

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