Redacción/CAMBIO 22 

Mal pagados, mal entrenados y mal equipados, los policías mexicanos se han convertido trágicamente en “carne de cañón” en la guerra contra las drogas en México.

No hay registros oficiales de cuántos policías han muerto en México. Pero según organizaciones no gubernamentales, desde 2018 hasta junio de 2023 han muerto cerca de 2.500 policías.

En México, el asesinato de un oficial de policía rara vez tiene consecuencias para el perpetrador.

Entre 2018 y junio pasado, un alarmante total de 2.482 agentes han sido asesinados en todo el país. Sorprendentemente, los datos estadísticos indican que a diario se informa de la muerte de al menos un oficial. Quienes permanecen en el servicio activo enfrentan una realidad peligrosa, trabajando sin la protección adecuada, soportando bajos salarios, capacitación insuficiente y equipo inadecuado, mientras se sienten prácticamente abandonados por el Estado.

Además, las horas extenuantes que trabajan en estas duras condiciones agravan aún más el riesgo de muertes que enfrentan.

Desde 2018, la asociación civil Causa en Común viene monitoreando y recopilando diligentemente datos sobre los asesinatos de policías mexicanos. Según la organización, estos casos representan un desafío directo al Estado, destacando la indiferencia de los gobiernos federal y estatal, así como la indiferencia social. En consecuencia, una parte importante de estos homicidios recibe una cobertura limitada, relegada a las páginas interiores de los periódicos locales.

En este contexto, el personal de seguridad en México enfrenta un riesgo significativamente mayor de ser asesinado en comparación con otros países. México registra 151,7 asesinatos de agentes de policía por cada 100.000 agentes de policía, mientras que la tasa de mortalidad de Canadá se sitúa en 2,9 asesinatos de agentes por cada 100.000 de ellos.

Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2023, cerca de 2500 policías en México han sido asesinados. A lo largo de 2018, al menos 452 agentes fueron asesinados. De este sombrío total, 223 eran policías municipales, 198 policías estatales y 31 pertenecían a la ahora desaparecida Policía Federal.

Uno de esos incidentes ocurrió el 11 de febrero de 2018, cuando la Fiscalía General del Estado de Durango confirmó un enfrentamiento entre al menos ocho hombres. Entre los fallecidos estaba José Luis Lazalde Estrada, director municipal de Seguridad Pública de Cuencamé. Las investigaciones revelaron que todas las víctimas sufrieron heridas de bala en diversas partes del cuerpo.

Este hecho violento ocurrió en una finca apartada situada en las afueras de Cuauhtémoc, lejos del resto de las residencias del pueblo.

Las investigaciones determinaron que los hechos involucraron a un grupo de individuos, y con base en sus posiciones y las pruebas encontradas, se cree que estaban juntos cuando se inició el conflicto.

En 2019, un total de 446 policías fueron trágicamente asesinados, incluidos 235 policías municipales, 188 policías estatales y 23 de la Policía Federal.

El 5 de marzo de ese año, la Fiscalía de la Zona Oeste de Chihuahua inició investigaciones por la agresión a policías municipales durante un recorrido por la comunidad La Concha en Madera. El ataque resultó con la muerte de dos jóvenes oficiales, de 23 y 24 años. En el lugar se encontraron dos vehículos con múltiples perforaciones de bala, dos oficiales sin vida (un hombre y una mujer) y otros tres heridos, entre ellos el subdirector de Seguridad Pública.

En 2020, tras el establecimiento de la Guardia Nacional con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), el número de policías asesinados aumentó hasta en un 25%.

A lo largo de ese año, 524 oficiales perdieron la vida, incluidos 280 oficiales municipales, 217 oficiales estatales y 27 de la Guardia Nacional. Trágicamente, el año fue testigo de numerosos incidentes de violencia contra agentes de policía.

El 17 de febrero fue descubierto el cuerpo descuartizado de un ex policía en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El 22 de febrero fueron asesinados cuatro agentes en Córdoba, Veracruz.

Posteriormente, el 8 de marzo, un comando ejecutó a cinco policías en Leonardo Bravo, Guerrero, y el 16 de marzo, tres policías municipales murieron cuando supuestamente respondían a un reporte de un tiroteo en Tolimán, Querétaro.

El número creciente de muertes de oficiales de policía es una tendencia profundamente preocupante y angustiosa.

Un hecho que no forma parte del acervo de Causa en Común es el ocurrido la noche del jueves 23 de junio de 2020 en el municipio de Jamapa, Veracruz. Durante este lamentable hecho fue encontrado descuartizado el cuerpo del comandante de la policía municipal, Miguel de Jesús Castillo Hernández.

Inicialmente, había sido reportado como desaparecido, pero luego apareció un video en las redes sociales que lo mostraba esposado y con los ojos vendados. En el material audiovisual se le ve siendo interrogado, donde señala a las autoridades de Jamapa y Soledad de Doblado por realizar acciones ilegales, entre ellas detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

En 2021, el número de asesinatos de policías reportados en medios locales se redujo a 401. De ellos, 205 pertenecían a corporaciones municipales, 161 a fuerzas estatales y 35 a la Guardia Nacional.

El 26 de abril de ese año, el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (POBLab), medio digital y asociación civil encargada de llevar un registro específico de policías asesinados, reveló que uno de cada cinco agentes asesinados en el estado era guanajuatense. A pesar de salarios y seguros comparativamente mejores, han surgido preocupaciones crecientes entre los miembros de las fuerzas policiales locales.

En las últimas semanas, los grupos criminales han escalado la violencia contra los policías en Guanajuato, con especial énfasis en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). Los miembros de la FSPE han expresado su descontento por la falta de una respuesta sustancial de sus superiores.

En abril fueron ejecutados once oficiales y ex oficiales, y entre ellos, cuatro eran de la FSPE. Es alarmante observar que varios de estos agentes no perdieron la vida en acción, sino que fueron detenidos después de ser sacados a la fuerza de sus hogares.

Pese al alto número de homicidios, solo cinco sospechosos fueron detenidos, según el recuento periodístico realizado por POPLab en el micrositio Oficial Caídos.

El 22 de abril de 2021, Óscar Guillermo Ríos Álvarez, director de Cereso Mil en Valle de Santiago, fue atacado cuando salía de su casa en León, Guanajuato. Los asaltantes dejaron una tarjeta amenazante no solo para él sino también para otros directivos del Sistema Penitenciario que, junto con la FSPE, forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El ataque estaría supuestamente vinculado a movimientos de detenidos en cárceles de Guanajuato.

La mayoría, funcionarios municipales

En 2022 fueron ejecutados un total de 403 policías, 252 de las fuerzas municipales, 132 de las fuerzas estatales y 17 de la Guardia Nacional.

El 19 de febrero de ese año, un trágico enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y grupos criminales en la comunidad de Sarabia, Jerez, Zacatecas, resultó en la muerte de Yonatan Clavel Martínez, de 22 años, miembro de la Guardia Nacional de Oaxaca. En la balacera también resultaron muertos tres presuntos asaltantes, lo que elevó a 16 el total de elementos de seguridad muertos en Zacatecas durante 2022.

Desde enero de 2023 hasta junio pasado, el registro arroja 256 asesinatos policiales. El 26 de mayo se informó que por segundo día consecutivo, civiles armados atacaron a elementos de la Policía Municipal de Celaya, Guanajuato. El ataque se produjo en una gasolinera donde dos policías resultaron heridos.

Este ataque en Celaya ocurrió menos de 24 horas después de otro ataque contra policías municipales en la comunidad de Rincón de Tamayo, resultando en la muerte de dos uniformados y heridas a dos más. En particular, este marca el octavo ataque directo contra agentes municipales de Celaya en un mes y medio, lo que provocó la muerte de tres oficiales y cinco heridos.

En Veracruz, el 5 de junio fueron reportados como desaparecidos dos policías de la Fuerza Civil (FC): Miriam Iranís Vázquez Herrera y Miguel Martínez Reyes. Fueron vistos por última vez el 30 de mayo en la ciudad de José Cardel, municipio de La Antigua. Para facilitar su búsqueda, la Comisión de Búsqueda del Estado de Veracruz (CEBV) difundió sus rostros y datos.

Hasta 2020, la mayoría de los policías asesinados eran agentes preventivos (755), seguidos de agentes ministeriales (136), agentes de tránsito (40) y guardias penitenciarios (22). A nivel federal, 46 oficiales de la Policía Federal/Guardia Nacional fueron asesinados, junto con 11 oficiales ministeriales y un oficial penitenciario.

A nivel estatal, 10 policías asesinados eran agentes de tránsito, mientras que 257 eran agentes preventivos, 125 eran agentes ministeriales y 21 eran agentes penitenciarios. A nivel municipal se han ejecutado 30 agentes de tránsito y 452 agentes preventivos.

Del análisis de la información disponible por Causa en Común no se pueden concluir de manera definitiva modalidades, patrones o motivaciones específicas del asesinato de policías.

Francisco Rivas, representante de la organización no gubernamental Observatorio Nacional Ciudadano, expresa profunda preocupación por la alarmante cifra de policías asesinados en México:

“Si la violencia contra los policías sigue escalando, quienes deberían protegernos, ¿qué podemos esperar como sociedad? ¿Qué será de nosotros?”.

“La situación es sumamente compleja y dramática, considerando los niveles de violencia actuales y, al mismo tiempo, la falta de reconocimiento por parte de las autoridades de la gravedad de este problema”.

Lamenta que las autoridades no cuenten con un registro preciso para conocer a cabalidad la cantidad de policías asesinados en el desempeño de sus funciones como autoridades de seguridad y justicia.

“Nos basamos en algunas compilaciones hechas por organizaciones como Causa en Común, y algunos medios de comunicación llevan la cuenta, pero aún puede haber lagunas significativas en la información”.

Sin embargo, con base en la información disponible, “podemos ver que hay un problema sustancial. A lo largo del año hemos sido testigos de varios casos de servidores públicos del sector de Seguridad y Justicia víctimas de la grave violencia que se vive en el país”.

“¿Por qué sucede esto? Bueno, es por varios factores, entre ellos la falta de capacitación y recursos, pero también por las complicidades que existen dentro de los gobiernos estatales, municipales y federal con los grupos criminales”.

 

Fuentes : Proceso  (autora: Patricia Dávila); Causa en Común; Hoja de Excel para 2022

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