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Verónica Malo Guzmán / CAMBIO 22

En la Ciudad de México, hace al menos veinte años, la violencia ya no es solo un fracaso del gobierno: es su método.

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Lo ocurrido en San Cosme, en la alcaldía Cuauhtémoc, no fue un “incidente” como les gusta decir a las autoridades y representantes populares emanados de Morena. Fue un mensaje. La agresión contra Alessandra Rojo de la Vega y su equipo no admite matices ni excusas sociológicas de sobremesa. Ellos estaban haciendo cumplir la ley. Y en la capital de la 4T, hacer cumplir la ley se ha vuelto un acto subversivo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, no gobierna: administra equilibrios clientelares. Observa la violencia, la deja escalar y luego la envuelve en retórica social. La condena selectiva se ha convertido en política pública. Si la víctima pertenece a la oposición, el silencio es protocolo.

Ahí estuvo la diputada local Diana Sánchez Barrios, lideresa histórica del ambulantaje, invirtiendo la realidad con una facilidad pasmosa: según ella, Rojo de La Vega fue la agresora. Poco importan los videos. En el modelo de gobernabilidad por clientelas, la verdad es un accesorio; lo que cuenta es la lealtad.

El patrón es viejo pero eficaz: convertir la ilegalidad en causa social (y botín económico), mientras que la aplicación de la ley se vuelve acto de represión. Si un alcalde intenta ordenar el espacio público, es “violento”. Si una estructura de comercio irregular bloquea calles y golpea funcionarios, es “pueblo organizado”.

La agresión física fue grave (seguro culparán de ello a Calderón). El silencio posterior, peor. Ni Brugada ni la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra ni la secretaria federal Citlalli Hernández encontraron tiempo para condenar con claridad los hechos. El feminismo oficial tiene GPS partidista: funciona según el color de la credencial.

“La violencia no nos divide”, repiten. Lo que divide es justificarla cuando conviene. La consigna de “llegamos todas” se vuelve eslogan vacío cuando una mujer electa es golpeada y el aparato institucional decide mirar hacia otro lado.

Lo que vimos en Cuauhtémoc no es una riña callejera: es la arquitectura del poder en versión capitalina. Sustituir política pública por administración de clientelas. Cambiar instituciones por lealtades. Premiar al grupo que moviliza —aunque violente— y aislar al que incomoda.

En esa lógica, la ley estorba. Y quien la aplica, también.

Alessandra Rojo de la Vega ha dicho que la ley no se negocia. En la actual Ciudad de México, eso equivale a declararse en rebeldía frente al sistema de intercambios políticos que sostiene al régimen local. Es firmar una sentencia de muerte. Por eso la agresión no fue un exceso: fue una advertencia.

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Quien crea que esto se limita a ambulantes no ha entendido nada. Es el mismo modelo que convierte cada espacio público en moneda de cambio electoral. Votos a cambio de tolerancia. Tolerancia a cambio de impunidad. Impunidad a cambio de control territorial.

Las clientelas ilegales no son un accidente del sistema obradorista. SON el sistema.

La Ciudad de México no necesita más días conmemorativos ni más justificaciones televisivas. Necesita gobierno. Gobierno que aplique la ley sin preguntar filiación. Gobierno que no dependa de clientelas para sostenerse.

Hoy, bajo Clara Brugada, la capital no se administra con políticas públicas: se sostiene con pactos. Y los pactos, cuando se defienden a golpes, dejan de ser acuerdos políticos. Se convierten en complicidad.

Giros de la Perinola

1. Defender lo indefendible

Cuando uno piensa que el estándar no puede caer más, aparece Viri Ríos en el programa de Leo Zuckermann relativizando vínculos y defendiendo lo que hasta dentro de la 4T reconocen como indefendible en el caso del alcalde de Tequila.

El problema no es una opinión polémica. El problema es normalizar, en horario estelar, que el crimen organizado es una variable política negociable… Y después nos preguntamos por qué el país arde.

2. El nivel del debate

La misma Diana Sánchez Barrios presentó en el Congreso capitalino una iniciativa para declarar el 16 de noviembre como “Día del Sonidero”. Nada contra los sonideros. Todo contra la trivialización legislativa. Mientras la ciudad enfrenta extorsión, control territorial y violencia, el Congreso discute efemérides. Pan y circo versión 4T.

3. La violencia como biografía

 

 

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