Las Agroempresas Internacionales de la Muerte; Siembran Destrucción con sus Semillas Genéticamente Modificadas

Redacción/CAMBIO 22

Con sus semillas genéticamente modificadas, las agroempresas –como Bayer-Monsanto, Piooner, Dow Agrosciences, Syngenta Agro, Dupont– contaminan los cultivos, a las personas, al suelo y demeritan la calidad de los alimentos señala el doctor en derecho Isaac de Paz. Por ello, identifica a estas empresas como” internacionales de la muerte, porque siembran destrucción”.

En entrevista el profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y miembro de The International Association of Constitutional Law y de “The Society of Legal Scholars”, destaca que en México la sociedad civil ha luchado en contra de los transgénicos y los agrotóxicos. Al respecto, recuerda que desde hace 12 años se promovió la acción colectiva en contra de los organismos genéticamente modificados, en específico se demandó a la Semarnat, a la Sagarpa y a la administración de Enrique Peña Nieto por el otorgamiento de permisos para la liberación de soya transgénica en su fase comercial como para la liberación de sembradíos y cultivos piloto.

El abogado por los derechos humanos indica que esa acción tiene sustento legal en el Código de Procedimientos Civiles que permite a colectivos demandar a las autoridades por actos u omisiones. A partir de ese juicio, se asentó una medida cautelar en 2015 que puso freno a esos permisos de los transgénicos porque no se sabía el daño que causaban al ambiente y, ante la falta de información prevalece el principio de precaución. El tema se resolvió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero sólo en la forma, pues determinó únicamente que era correcta la medida precautoria. Sin embargo, esto no se revisó en el fondo ni se emitió una prohibición total.

El doctor Isaac de Paz recuerda que el gobierno de Peña Nieto litigó en contra de la población y a favor de las empresas trasnacionales. Y, por su parte,  las productoras de semillas modificadas y herbicidas –como Monsanto y Syngenta– también se fueron a tribunales para impedir que se les acotara su negocio en México.

La gran diferencia entre la pasada administración y el actual  gobierno de Andrés Manuel López Obrador, observa el constitucionalista, es precisamente esa: antes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) así como la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y otras dependencias, liberaron permisos y promovían políticas en beneficio de las trasnacionales.

En este contexto, el doctor Isaac de Paz considera que las trasnacionales tienen ahora dos grandes barreras para continuar con su negocio de muerte en México: la primera es que los decretos –que prohiben gradualmente la importación del glifosato y al siembra de transgénicos en el país– son facultad del presidente de la República y son leyes que no se pueden evadir; y la segunda, es que la Suprema Corte ya validó las restricciones a esos permisos.

Algo muy importante, destaca, es que la decisión de la Corte es vinculante para todos los tribunales inferiores, incluso para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por ello, considera, las agroempresas “ya no tienen una salida legal ni a corto, mediano o largo plazo para evadir el cumplimiento de los estándares que tiene la Constitución mexicana en el que se reconoce que la alimentación en México debe ser nutritiva, de calidad y que debe estar bajo reglas que favorezcan la salud humana y no bajo estándares que puedan causar un daño a la salud y al medio ambiente”.

Juicios en Estados Unidos

Respecto de la experiencia internacional, el investigador de la Universidad Autónoma de Baja California indica que en otras latitudes también se avanza en las prohibiciones. Como ejemplo, cita que la Suprema Corte de Estados Unidos ya puso un freno a los intentos de Bayer-Monsanto de seguir causando daños a la salud, e incluso le negó la apelación de un litigio que buscaba no pagar una multa millonaria por los perjuicios causados por la presunta  contaminación a un agricultor que al estar expuesto al glifosato enfermó de cáncer de piel.

“Los mecanismos represivos de Estados Unidos permiten la comercialización así como el uso común de transgénicos; sin embargo, establecen que las empresas deben hacerse responsables de los daños causados a la población”, indica el constitucionalista.

Agrega que “esa transnacional está perdiendo todas las demandas y ya han pagado en los últimos cinco años casi 30 mil millones de dólares. Hay otros 25 mil litigios en diversas cortes en Estados Unidos y se vaticina que van a perder, por eso tienen una campaña tan dura y manipuladora, compran estudios científicos que documentan que el glifosato no daña a la salud y  es necesario para la producción alimenticia. Tienen todo un lobby internacional y nacional”.

—Hay estudios que comprueban que incluso ya hay presencia de glifosato en la leche materna. En ese sentido, ¿qué se necesitaría para que las personas que  han sido afectadas por la exposición al herbicida puedan iniciar un proceso de denuncia de demanda ante las instancias mexicanas correspondientes?

—Si es comprobable, se puede llevar a cabo una demanda colectiva, puesto que las leyes mexicanas permiten agrupar intereses similares de personas e instituciones públicas. Ello sería un buen mecanismo de respuesta ante el intento de anular más restricciones. Sería decirles a las empresas que no sólo no vamos a anular las restricciones sino que  vamos a lograr que se hagan responsables por todo el daño que están causando.

—¿Estos litigios que ahora están promoviendo las agroempresa en contra del Estado mexicano podrían escalar a tribunales internacionales?

—Para que se llegue un juicio regional se requieren muchísimos requisitos y los litigios de Monsanto no tienen esa cualidad. Monsanto y las agroempresas no podrían ser escuchadas por un tribunal internacional porque litigan bajo una lógica mercantil, de derecho civil. Sucedería lo contrario [en un litigio promovido colectivamente en contra de las autoridades] si se ignoraran las peticiones de la sociedad civil y a pobladores indígenas que reclaman el daño a sus comunidades y al ambiente: ellos sí podrían ir a un tribunal regional para reclamar la violación al derecho a un ambiente sano.

Fuente Contralinea

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