marzo 3, 2024 20:10

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Renán Castro Madera, Director General

Redacción/CAMBIO22

Con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio culmina una espiral de violencia sin precedentes desatada por los grupos criminales de Ecuador, que han aprovechado la importancia del país para el tráfico global de cocaína.

Villavicencio fue acribillado la noche del 9 de agosto cuando salía de un mitin de campaña en Quito. Según los reportes de prensa, recibió varios impactos de bala tras lo cual fue llevado a un hospital cercano donde fue declarado muerto.

Poco después, se informó que el presunto perpetrador murió estando en custodia como resultado de las heridas recibidas durante la confrontación previa con las fuerzas de seguridad. Las autoridades capturaron a otras seis personas —supuestamente de nacionalidad colombiana— en conexión con el ataque.

 

 

Tras el magnicidio, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de emergencia por 60 días, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el aplazamiento de las elecciones, previstas para el 20 de agosto.

Sin embargo, el gobierno no proporcionó información sobre las identidades de los capturados o sobre la investigación abierta por el asesinato de Villavicencio. Las hipótesis iniciales en torno a los autores intelectuales del crimen apuntaron a la poderosa banda de los Choneros.

Villavicencio había sido periodista, activista y miembro de la Asamblea Nacional, y criticó abiertamente el crimen organizado y la corrupción, algo que según él le valió amenazas de los Choneros.

“Varios militantes de mi campaña presidencial en la provincia de Manabí han recibido la visita de emisarios de alias ‘Fito’ [jefe de los Choneros] para decirles que si yo sigo mencionando a ‘Los Choneros’, me van a quebrar”, denunció el candidato, quizás de manera profética, en la que sería la última alocución de su campaña el 9 de agosto.

Sin embargo, luego del hecho, se puso a circular un video en redes sociales que mostraba a presuntos miembros de otro grupo criminal, los Lobos —antigua facción de los Choneros— atribuyéndose la responsabilidad del ataque. Esa declaración ha sido refutada por otros miembros de dicho grupo.

El asesinato de Villavicencio es el primero de un candidato presidencial en la historia de Ecuador y un nuevo nivel en la crisis de seguridad que vive Ecuador.

A continuación, InSight Crime detalla cuatro razones por las que Ecuador, antes considerado un país relativamente seguro, se ha convertido en hervidero del crimen organizado y la violencia.

Posicionamiento de Ecuador como centro de tránsito de cocaína

Ecuador ostenta una ubicación estratégica para el tráfico de cocaína. Y con el boom de la producción del alcaloide en Colombia y los cambios en los patrones globales de consumo, el país ha crecido en importancia para mercados tradicionales, como Estados Unidos, y mercados emergentes en Europa y Asia.

Esto se refleja en los datos. En 2015, las autoridades ecuatorianas incautaron 63 toneladas de cocaína. En los dos años siguientes, se decomisaron más de 80 toneladas por año. En 2018, a raíz del Proceso de Paz en Colombia, solo se confiscaron 35 toneladas. Pero en 2019 los decomisos volvieron a crecer, y en 2021 el país batió un récord con el decomiso de 210 toneladas de cocaína. Desde entonces, las cifras se han mantenido en esos niveles; en 2022, Ecuador registró decomisos por casi 180 toneladas de cocaína.

Con la popularidad en aumento de Ecuador como ruta del narcotráfico, los flujos de capital han subido, dado un empujón al crecimiento de los grupos criminales nacionales. Como se señala a continuación, también creció la competencia.

Atomización criminal

En los años siguientes, el panorama criminal de Ecuador se ha multiplicado de apenas un puñado de bandas criminales locales a cientos de grupos criminales violentos y sofisticados, cada uno pujando por el control de las cárceles del país y de los lucrativos corredores de drogas que han hecho del país una autopista de la cocaína.

Entre esos grupos pioneros se contaron los Choneros, que surgieron a finales de los noventa como grupo narcotraficante en la ciudad costera de Manabí. El grupo llegó a ser uno de los más numerosos e influyentes del país gracias a alianzas con actores claves del tráfico de narcóticos, como Washington Prado Alava, alias “Gerald”, el narco más prolífico de Ecuador.

Sin embargo, luego de un periodo de expansión acelerada, la marea se volvió en su contra. Tras el homicidio del jefe de los Choneros Jorge Luis Zambrano González, alias “Rasquiña”, en diciembre de 2020, grupos más pequeños, que habían operado bajo el mando de los Choneros, se tomaron el poder para sí mismos.

Lo que siguió fue una oleada de masacres en las prisiones del país. La violencia no tardó en golpear las calles, y desde entonces, una confederación de pandillas —entre ellas antiguos aliados como los Tiguerones y los Chone Killers— liderados por Los Lobos, disidencia de los Choneros, se disputan el poder del grupo dentro y fuera de las prisiones.

Las tasas de homicidios se dispararon, al saltar a 86,3% en 2022, según cálculos de InSight Crime, y a 74% en el primer semestre de 2023.

Como parte de la agudización de las tácticas violentas, estas pandillas se han apropiado el uso de lo que se conoce en Colombia como sicariato o asesinatos a sueldo. Muchos observadores ven esto como parte de la tercera razón del recrudecimiento de la violencia: la presencia de organizaciones criminales.

Organizaciones criminales extranjeras

Por años, Ecuador hizo parte del ámbito de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la insurgencia más antigua de Colombia. Las FARC controlaban los puertos de despacho de la cocaína en el departamento de Nariño, al sur de Colombia, en límites con Ecuador. La fumigación de cultivos y la persecución de las FARC desplazaron las operaciones de la guerrilla a Ecuador, donde encontraron aliados para el trasiego del alcaloide, y un escondite.

En 2016, las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, que dio vía libre a las disidencias del grupo, también conocidas como ex-FARC mafia, para tomar el control sobre los antiguos territorios de la guerrilla. A lo largo de la frontera con Ecuador, se centró el control del tráfico de cocaína y derivó en una estela de violencia que no cesó sino hasta hace unos años.

Desde la década de 2000, grupos mexicanos también están haciendo contactos entre las redes traficantes de cocaína y emisarios de su país para garantizar el flujo de la droga hacia Estados Unidos y México. El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han formalizado alianzas con grupos como los Choneros y con otras organizaciones del país.

También ha habido presencia de bandas del Este de Europa desde hace más de una década, mediante conexiones con organizaciones nacionales y transnacionales. Una investigación de InSight Crime detalla cómo varias de estas agrupaciones han ingresado a Ecuador o han extendido sus redes a ese territorio.

Estos grupos han suministrado armas y dinero a las bandas locales, lo cual ha atizado las disputas por territorio entre ellas. De hecho, se cree que al menos parte de la oleada de violencia en el país tiene relación con las tentativas de los grupos locales por mantener el control de corredores de droga específicos donde operan los grupos extranjeros.

Falta de preparación del Estado ecuatoriano

Mientras la violencia arrecia en el país, el gobierno ecuatoriano muestra su falta de preparación para enfrentar una amenaza criminal de tan grande escala.

Desde 2022, las amenazas y ataques a fiscales, jueces y oficiales de orden público son algo común en Ecuador. El reciente ciclo electoral local y legislativo también estuvo plagado de violencia. En julio, Rider Sánchez, candidato a la Asamblea Nacional, fue abatido en la provincia de Esmeraldas, al norte del país.

Ese mismo mes, Agustín Intriago, alcalde de Manta, en la provincia de Manabí, fue asesinado cuando inspeccionaba un proyecto de infraestructura pública en el barrio 15 de Septiembre. Y en mayo, el alcalde de Durán, en la provincia de Guayas, sobrevivió a un atentado contra su vida.

Hasta el momento, el gobierno ha recurrido a la implementación de estados de emergencia y al aumento de la capacidad de las prisiones del país, pero como lo demuestra el asesinato de Villavicencio, estas medidas no han frenado la violencia ni debilitado de manera visible el poder de las bandas.

 

 

Fuente InSight Crime

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