La XVII Legislatura de Quintana Roo deja Escombros a su Sucesora

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO 22

La productividad de la XVII Legislatura del estado de Quintana Roo ha sido cuestionada por los diversos sectores de la sociedad quintanarroense porque la mayoría de las leyes aprobadas fueron por encargo de los poderes políticos y económicos de la entidad, con la constante que en esos instrumentos jurídicos se olvidaron del bienestar del pueblo.

Esta tarea de legislar la tienen personas que se les denomina representantes populares, porque su misión es representar al pueblo, distribuido es distritos electorales, para que cada persona tenga la posibilidad de llevar su voz al Congreso, sin embargo, esto es una falacia en México, cuando quienes llegar a las legislaturas solo representan los intereses de uno o varios partidos políticos que trabajan para grupos políticos y económicos formales o de facto.

Un seguimiento puntual de cada una de las acciones de la legislatura quintanarroense que está por terminar nos ubica en un escenario de incapacidad, en la mayoría de los casos, para el trabajo legislativo, como quedó evidente que desde uno inicio de cada periodo no existió una agenda definida con base en los requerimientos ciudadanos, ya que el pleno asumió la instrucción de estar atento a las indicaciones que recibían, por lo que los ejemplos de leyes trabajadas con un metodología diseñada previamente, se pueden contar con los dedos de una mano.

Además, la simpleza constitucional con que se ha legislado ha provocado que el Congreso sea llevado al Poder Judicial de la Federación por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero ello es producto a que ni las personas legisladoras ni las asesoras se preocupan o no saben como hacer pasar una ley por el tamiz de la constitucionalidad.

A principios del 2024, el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, al presentar un análisis de los resultados del Congreso, sostuvo: “La propuesta discursiva de un cambio en la conducción del Congreso apegado a los principios que propone el movimiento político en el poder no se manifiesta en los trabajos legislativos”.

En ese entonces destacó que seguían sin discutirse una Ley de Austeridad, la revisión de la política anticorrupción, la política de apoyo a los grupos productivos del campo y pequeños productores del estado, asimismo, se habían olvidado de revisar n de la Ley de Transporte Ferroviario del Estado, la cual debieron considerarla como prioritaria en la agenda legislativa con la entrada en operación del Tren Maya.

A pesar, que quienes integran la Legislatura que está por terminar no le cumplieron en materia legislativa a Quintana Roo, sus directivos se tomaron atribuciones fuera de la ley para construir una cafetería en un espacio público que ya forma parte del patrimonio histórico de la entidad, simplemente por ser un espacio emblemático de la de la conformación del estado más joven del país.

Como lo ha venido reseñando Cambio 22, la modificación de los espacios arquitectónicos de la SEDE del Congreso del Estado en la ciudad de Chetumal, se le ocurrió a quienes representan a la 4T en ese Poder, violando diversas normatividades incluyendo las de obras públicas municipales y estatales y haciendo uso del tráfico de influencias con las autoridades municipales, porque empezaron a intervenir el inmueble sin contar con los proyectos y permisos correspondiente de las autoridades de obras públicas, como lo hizo la 4T con la construcción del Tren Maya y el hotel de la SEDENA. Primero construyen y después simulan poner en regla los papeles, pero sin modificar lo construido.

Sin embargo, este tipo de anomalías fueron cuestionadas por la ciudadanía y algunos inconformes llevaron el caso ante un juez solicitando la intervención de la justicia federal para meter al orden, nada más no nada menos, al Poder Legislativo de Quintana Roo, porque no se trata de reconvenir a las personas diputadas que tomaron esa decisión, sino a la institución en su conjunto.

Por ello, el Juzgado Primero de Distrito de Quintana Roo, determinó admitir 4 demandas de amparo a un grupo de ciudadanos “y les otorgó una suspensión definitiva que detiene temporalmente las obras de construcción de una cafetería que modificaría la estructura original del recinto oficial del Congreso del Estado, con la destrucción de la plaza cívica, la remoción del asta bandera y el retiro de la estatua de Don Andrés Quintana Roo y el cambio de ubicación de un mural, algunos de los cuales son patrimonio cultural histórico del estado”.

Entre los argumentos de los ciudadanos inconformes se encuentra que esta obra carece de los permisos de construcción, así como que se trata de un inmueble que forma parte del patrimonio cultural e histórico del Estado de Quintana Roo.

El juez federal programó la audiencia para conocer a detalle los argumentos de la autoridad demandada y de los ciudadanos demandantes para el próximo mes de agosto. Cuando entre en funciones la siguiente Legislatura ya tendrá que atender un asunto en un juzgado federal, herencia de su mismo grupo político.

Cambio 22 reseña que los amparos indirectos 586, 587, 588 y 589 del 2024 fueron admitidos a proceso el pasado 9 de julio, y se notificó a las autoridades municipales y estatales involucradas a que se presenten el 20 de agosto, fecha establecida para la audiencia del juicio, un informe justificado sobre acciones y permisos otorgados.

Mientras el juez federal resuelve de forma o de fondo el asunto, la obra ha quedado suspendida provisionalmente y las y los integrantes de la XVIII Legislatura solo encontrarán escombros a la entrada de su nueva fuente de trabajo, mientras que en la congeladora sigue creciendo el rezago legislativo.

redaccionqroo@cambio22.mx

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