En los últimos años, alumnas, profesoras y empleadas de universidades en México y otros países han dado el paso para denunciar la violencia de género.

 

 

 

Redacción/CAMBIO 22

Organizadores de foro en la Cámara de Diputados excluyen ponencia sobre violencia de género en universidades que pidieron a la antropóloga Roxana Rodríguez Bravo.

Por vivir fuera de la Ciudad de México, la autora no pudo presentar su ponencia en el foro sobre violencia de género en contextos universitarios.

En los últimos años, varias compañeras han emprendido diversas acciones en contra de la violencia contra las mujeres en las universidades. Una problemática que hasta hace pocos años empezó a ser considerada y discutida en múltiples espacios.

Los casos en las universidades públicas de forma lamentable se multiplican exponencialmente y alcanzan a estudiantes, mujeres, profesoras y administrativas. La mayoría de las universidades públicas en México gozan de autonomía universitaria, que se entiende como el principio que dota a la universidad de poder para instituirse y relacionarse con los poderes del Estado.

Además, le permite hacer frente a otros poderes políticos y económicos que busquen poner a la universidad al servicio de intereses particulares o disputar el ejercicio de la autonomía, para sujetarla o restringirla. La autonomía universitaria les otorga la capacidad de autogestión y auto legislación conforme a marcos legales vigentes.

Sin embargo, la autonomía universitaria resulta en un freno y un obstáculo para que las mujeres que viven distintas violencias en las universidades accedan a la justicia y vivan una vida libre de violencia como lo marcan las leyes, convenios y demás documentos a los que México se ha suscrito.

Para ejemplificar lo anterior, hablaré de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que, en 2020, instauró el siguiente organismo interno para dar solución al problema de violencia de género y contra las mujeres: La Defensoría de los  Derechos Universitarios (separada de la Rectoría, hecho muy conveniente para la rectora) que se basaría en los siguientes documentos: Catálogo de Normas de Convivencia y el Protocolo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la Violencia Contra las Mujeres, el Acoso y el Hostigamiento Sexual, mecanismos que buscan transversalizar la perspectiva de género, prevenir la violencia y erradicar su presencia en la comunidad universitaria.

Todos los documentos citan a la CEDAW, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, por sus siglas en inglés; a la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y toda la normativa al respecto del tema. También existe un Consejo de Justicia encargado de otorgar sanciones a los presuntos agresores. Todo suena muy bien hasta ahí, pero como dice el sociólogo francés Pierre Bourdieu, no sólo hay que ver el discurso, es necesario ver la práctica.

Aquí se enunciarán los frenos, obstáculos y elementos que como denunciantes hemos señalado al respecto de estas instancias y que logran el efecto contrario: proteger a los agresores y dotarlos de una capa de inmunidad auspiciados por la autonomía universitaria:

  1. Como dicen las abogadas, no existe armonización entre estos instrumentos y las leyes vigentes en la materia. Todo queda en discurso.
  2. La Defensoría de los Derechos Universitarios la integran personas sin sólida formación en perspectiva de género.
  3. Los mecanismos de la Defensoría son revictimizantes y siempre se sitúan del lado del agresor: por ejemplo, se obliga a las víctimas a ir a leer la respuesta de la denuncia por parte del agresor, éste último tiene la capacidad de presentar testigos.
  4. Conflicto de intereses establecido entre los miembros de estas  instancias y los agresores: los integrantes del Consejo Universitario que determinan la normativa interna y los del Consejo de Justicia son amigos, conocidos, parejas y cercanos de los agresores que trabajan en la universidad.
  5. Se establece una red de protección interna hacia el agresor que es compañero de trabajo y resulta en indefensión de las víctimas.
  6. La Rectoría no se “entromete” en los asuntos dejando todo a cargo de las instancias ya citadas, lo cual es omisión de actos delictivos dentro de la universidad, ya que la Rectora es la responsable legal de la misma.
  7. El Consejo de Justicia tardó tres años en establecerse y sus miembros son igualmente trabajadores de la UACM.
  8. La autonomía universitaria no permite que algún organismo externo supervise el desarrollo de las denuncias.
  9. La Fiscalía de la Ciudad de México a pesar de ya tener una Fiscalía especializada para estos temas no puede tener injerencia en la universidad a menos que exista denuncia contra sus funcionarios y autoridades.
  10. En el caso de profesores y trabajadores agresores que incurrieron en violencia de género y contra las mujeres fuera del espacio universitario quedan fuera de la sanción o investigación de las fiscalías porque los hechos no ocurrieron en la universidad.

¿Cuál es el resultado? Más de 120 denuncias en la UACM en Defensoría desde 2020 a la fecha sin resolución. Una campaña de hostigamiento por parte de la universidad a partir de pedir réplicas cuando quienes denuncian se presentan en diversos espacios para compartir sus casos y visibilizarlos.

Lo anterior también es realizado por autoridades, funcionarios públicos y hasta miembros del Consejo Universitario y del Consejo de Justicia. Que agresores con denuncias penales por distintos tipos de violencia sigan frente a las aulas universitarias exponiendo no sólo a las víctimas sino también a otras mujeres.

Por lo anterior, las denunciantes de violencia de género y contra las mujeres de la UACM exigimos lo siguiente:

  1. Que la Rectoría se haga cargo directamente del grave asunto de la violencia de género y contra las mujeres.
  2. Establecimiento de organismos externos que supervisen el asunto.
  3. Armonización de las leyes internas con las leyes externas sobre el tema para lograr una vinculación entre las Fiscalías especializadas y la universidad.
  4. Cese inmediato de aquellos profesores y trabajadores que tengan denuncias en la Fiscalía por violencia de género y contra las mujeres.
  5. Fin del hostigamiento, violencia institucional e intimidación a las denunciantes de violencia.
  6. Respeto a la libre expresión de las denuncias y exigencia hacia los funcionarios.
  7. No más encubrimiento a agresores sexuales, de género y de mujeres amparados en la Autonomía Universitaria y en su legislación al respecto.
  8. No más discursos y documentos como el publicado con fecha 13 de noviembre de 2023 que lleva por título “Cero tolerancia a cualquier forma de violencia en la UACM” por ser sólo mecanismos de simulación.
  9. Que el asunto de la violencia de género en la UACM no se convierta en un botín político para las diversas facciones que buscan el control y el poder en la universidad.
  10. Que se reconozcan y aborden dentro de la reparación del daño las diferentes violencias que en mi caso he atravesado en este proceso: desplazamiento forzado, violencia sexual, laboral, psicológica, emocional, emocional, económica y no sólo por parte del agresor sino también de diversas instituciones, empezando por la UACM.
  11. Que exista un seguimiento y sanción a todos los actores involucrados en la violencia institucional ejercida por la UACM y que han usado las redes sociales y plataformas de la universidad para silenciarme, hostigarme. violentarse e invisibilizar mi caso.
  12. Que los medios de comunicación cuenten con perspectiva de género y más allá de cumplir con la nota y casos de amarillismos se conviertan en aliados de las víctimas de violencia.
  13. Justicia pronta y expedita a las víctimas de violencia de género y contra las mujeres de la UACM.

 

Fuente Los angeles press

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AFC