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• Detectan que distintos cárteles buscan infiltrar negocios inmobiliarios, turísticos y de servicios en las sedes mexicanas del Mundial de 2026

 

Redacción/CAMBIO 22

Hay una escena que se repite con discreción, pero cada vez más constancia en el sur de Ciudad de México: departamentos adquiridos por hasta cinco millones de pesos y pagados en efectivo; gasolineras, restaurantes y pequeños comercios arrendados muy por encima del precio de mercado en los alrededores del estadio Azteca y a lo largo de la avenida Tlalpan.

A primera vista, podría tratarse de una apuesta inmobiliaria anticipada a la llegada del Mundial de futbol. Pero en los expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estas operaciones dibujan otra narrativa: la reconfiguración financiera del crimen organizado para capitalizar la llegada masiva de turistas a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes del torneo de 2026.

Documentos de inteligencia financiera revisados para este reportaje atribuyen las mayores “inversiones” al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con un estimado de 100 millones de pesos, destinados principalmente a bienes raíces, renta de vehículos y paquetes turísticos. Le sigue el Cártel de Sinaloa, con cerca de 80 millones de pesos, y el remanente de La Familia Michoacana, con aproximadamente 50 millones. Las cifras no describen solo montos: revelan estrategias diferenciadas para insertarse en la economía formal y aprovechar la expectativa de una derrama millonaria.

Así lo explica Luis Alberto Hinojos, consultor y economista, quien se ha especializado en investigar para el Colegio de la Frontera Norte (Colef) inversiones de grupos criminales transnacionales en varios rubros:

“Lo primero que debemos entender es que el crimen organizado ya no opera solo como una estructura de trasiego, sino como un holding (sociedad financiera) criminal. Para ellos, el Mundial no es un evento deportivo, es una ventana de oportunidad de lavado y diversificación de activos sin precedentes”.

“Lo que estamos viendo es una colonización anticipada. No esperan a que lleguen los turistas; están comprando la infraestructura que los recibirá. El análisis de inteligencia financiera nos dice que los grupos —específicamente el CJNG y Sinaloa— están aplicando una estrategia de integración vertical: controlan desde quién transporta al turista desde el AIFA o el AICM, hasta dónde duerme (vía plataformas de hospedaje) y qué consume en los alrededores del Estadio Azteca”, expuso el especialista en entrevista con La Silla Rota.

 

El asedio y el despojo que rodean al estadio Azteca

En el mapa de cuentas congeladas aparecen también organizaciones de alcance local, como La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y el grupo conocido como Los Rodolfos. Según los reportes, algunos de estos grupos han centrado sus movimientos en la apropiación violenta de locales comerciales, tal como lo indica la carpeta de investigación 0987/4532/2025 iniciada por el delito de despojo, en la cual las víctimas, una familia que por años trabajó en un local comercial del embarcadero de Cuemanco, denunció que en marzo del año pasado 10 personas armadas que se identificaron como “de los Rodolfos”, les pidió que dejaran el lugar. Si bien en un principio se negaron, 15 días después les incendiaron el lugar y los amenazaron de muerte, por lo que optaron por abandonar su fuente de trabajo.

Los documentos consultados detallan también que este mismo grupo criminal invirtió en la adquisición de trajineras en embarcaderos turísticos de Xochimilco, con la vista puesta en el aumento de visitantes. En la zona de Acoxpa, investigadores identifican además una expansión hacia bares y centros nocturnos que se perfilan para convertirse en puntos de alta rentabilidad durante el torneo por su ubicación a escasos tres kilómetros del estadio Azteca. 

Así, el incremento de estos puntos en la avenida San Fernando, Renato Leduc, los alrededores de la colonia Toriello Guerra o inclusive, el centro de la alcaldía Tlalpan, los bares, restaurantes con temática del mundial o los sports bar con apuestas incluidas, son ahora la constante.

La diversificación alcanza incluso la cadena de suministro alimentaria. La indagatoria señala que el Cártel de Sinaloa tendría injerencia en el abasto de mariscos que llegan a La Nueva Viga, el mayor mercado de productos del mar de la capital. Solo en 2025, la UIF congeló 17 cuentas vinculadas a esta red y abrió investigaciones sobre diez empresas transportistas. El control de la logística —del transporte a la distribución— permite insertar recursos de origen ilícito en una actividad de alto volumen y difícil trazabilidad, especialmente en temporadas de alta demanda. La investigación puntualiza que la operación para desmantelar a estas empresas duró poco más de cuatro meses. Para esto se rastrearon camiones que traían el marisco principalmente de las costas de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Colima, Tabasco y Veracruz, en cuestión operativa y según las autoridades federales las aguas del Pacífico y Golfo de México le pertenecen al Cártel de Sinaloa.

El CJNG, por su parte, habría optado por un esquema más sofisticado de integración en el sector turístico: departamentos de lujo ofrecidos en plataformas de hospedaje temporal, empresas de renta de automóviles y agencias que comercializan experiencias y recorridos figuran entre las firmas bajo observación. Algunas ya enfrentan el congelamiento de cuentas; otras continúan operando mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades federales advierten que la línea entre inversión legítima y lavado de activos puede ser deliberadamente difusa.

Al respecto de este método, cada vez más común, usado por la delincuencia organizada para blanquear efectivo y que se replica en todos los países donde tienen presencia, Luis Alberto Hinojos destaca que, “la clave es la atomización del capital. En lugar de una sola compra de 100 millones de pesos, realizan 20 operaciones de 5 millones. Utilizan esquemas de ‘pitufeo’ inmobiliario: adquieren departamentos antiguos en zonas como Coyoacán o Tlalpan; los remodelan con dinero en efectivo y los insertan en el mercado digital de rentas cortas”, indica.

“Para un algoritmo financiero, es difícil distinguir entre un inversionista legítimo que aprovecha la plusvalía del Mundial y un operador del Cártel de Santa Rosa de Lima que está blanqueando el huachicol. La vulnerabilidad está en la economía de servicios: restaurantes y bares que reportan ventas infladas aprovechando el flujo real de aficionados extranjeros, lo que permite ‘limpiar’ millones en moneda extranjera con una trazabilidad mínima”, añade.

La investigación que sustenta estos hallazgos se originó en 2024, a partir de una serie de denuncias por despojo presentadas ante la Fiscalía capitalina. En esas fechas se iniciaron carpetas de investigación por el delito en mención en alcaldías como Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco y Magdalena Contreras. Las víctimas principalmente fueron adultos mayores a quienes por la fuerza o engaños, despojaron de sus domicilios o grandes predios, donde ahora y casualmente en el año del Mundial ya se instalaron tianguis, complejos habitacionales o plazas comerciales.

Comerciantes que durante años habían operado sobre la avenida Tlalpan y en los alrededores del llamado Circuito Azteca reportaron incrementos abruptos en las rentas de sus locales —en algunos casos superiores al 200%—. Sin capacidad para asumir esos nuevos costos, muchos terminaron abandonando los espacios. Así por ejemplo los clientes y propietarios de la tradicional birria que cada fin de semana se podía disfrutar en el estacionamiento del estadio Azteca, ahora no saben cuál será el futuro de ese lugar.

“Tenemos todo el año fuera del lugar donde por más de 15 años hemos vendido, es una tradición venir a un partido y luego, echarse una birria, ahora con todos estos cambios nos movieron y no es lo mismo. Faltan al menos otros tres meses para que empiece el Mundial y ya nos dijeron que no nos van a volver a rentar, entonces, ya estamos perdidos”,dijo Rodrigo Valdez, uno de los comerciantes afectados de manera indirecta por el Mundial 2026.

El seguimiento de estos casos permitió a las autoridades identificar un patrón: la sustitución paulatina de comercios tradicionales por nuevos establecimientos vinculados a redes empresariales bajo investigación. Donde antes había tiendas de abarrotes o viviendas colectivas que databan de mediados del siglo pasado, comenzaron a surgir cafeterías, bares deportivos y pequeños complejos de entretenimiento.

 

El estadio Azteca como mercado

Los expedientes también apuntan a la organización anticipada de eventos privados en hoteles cercanos al estadio Azteca durante los meses en que se celebrará el torneo. De acuerdo con las indagatorias, estos espacios podrían convertirse en puntos de distribución de drogas sintéticas y en centros de contacto para redes de explotación sexual que buscan aprovechar la afluencia de visitantes extranjeros.

Otra línea de investigación examina la infiltración de grupos criminales en empresas encargadas de suministrar alimentos y bebidas en el propio estadio Azteca. La hipótesis de los investigadores es que parte del personal contratado para los eventos —meseros, vendedores o personal de limpieza— podría ser utilizado para la distribución de droga al menudeo durante los partidos, con el objetivo de captar principalmente a turistas extranjeros y dirigirlos posteriormente a bares y centros nocturnos bajo control de estas organizaciones.

 

Del ‘Airbnb’ de lujo al control del gas

Las autoridades también detectaron movimientos vinculados al Cártel de Santa Rosa de Lima en el sector energético. De acuerdo con los reportes, este grupo habría establecido contratos —en algunos casos bajo presión— con gasolineras de las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan y Magdalena Contreras para la venta exclusiva de combustible y gas licuado de petróleo (LP). Estos insumos abastecen actualmente a restaurantes, hoteles y complejos habitacionales que ofrecen alojamiento temporal a través de plataformas digitales. En esta línea de investigación se congelaron cinco cuentas bancarias y siete empresas distribuidoras de gas, en las que se incautaron más de 70 millones de pesos presuntamente vinculados al robo de combustible.

“El punto ciego es la cadena de suministros. Nos enfocamos mucho en el estadio, pero el control que tiene el Cártel de Sinaloa sobre mercados como La Nueva Viga o la distribución de insumos básicos es alarmante. Si un grupo criminal decide que solo ‘su’ gas o ‘sus’ alimentos llegan a los hoteles sede, tienen un poder de extorsión indirecto sobre el sector empresarial formal que la autoridad apenas empieza a mapear. Además, la incursión en el mercado de apuestas y reventa digital es un terreno fértil para el lavado. Es mucho más fácil justificar una ganancia de 2 millones de pesos por ‘apuestas ganadas’ o ‘reventa de palcos’ que por actividades comerciales tradicionales”, de acuerdo con el especialista.

El control de servicios asociados al turismo también aparece en los expedientes. Desde los aeropuertos que sirven a la capital —el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles—, empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa ofrecerían servicios de transporte que van desde la renta de vehículos y traslados con chofer hasta limusinas y vuelos privados. A esta red se suman restaurantes, servicios de logística y oficinas de trabajo compartido destinados a visitantes extranjeros.

Incluso el mercado de artesanías figura en las investigaciones. La UIF detectó que operadores vinculados a La Familia Michoacana promovieron la creación de empresas que gestionan permisos para instalar espacios de venta de artesanías —alebrijes, cerámica, textiles bordados— en zonas turísticas y centros comerciales cercanos al estadio Azteca. El objetivo sería captar parte del consumo de visitantes internacionales durante el torneo. En paralelo, los expedientes señalan que algunos movimientos de artesanos que demandan espacios de venta en la vía pública podrían estar recibiendo financiamiento indirecto de estas redes.

“El riesgo de violencia de alto impacto contra el turista es bajo, porque el crimen organizado es, ante todo, pragmático. No quieren ‘calentar la plaza’ y ahuyentar el flujo de dinero. El peligro real es la micro-infiltración. Tenemos reportes de que grupos como LaUnión Tepito o Los Rodolfos buscan controlar al personal de servicios dentro y fuera de los estadios. Esto no es solo para vender droga; es para inteligencia. Saber en qué hoteles se hospedan los VIP, quién maneja grandes cantidades de efectivo y controlar la red de transporte privado. El aficionado podría estar pagando una cena o un traslado directamente a la estructura financiera de un cártel sin saberlo”, concluye Luis Alberto Hinojos.

Según la UIF, desde que se inició la investigación en 2024 se han intensificado las acciones para bloquear flujos financieros relacionados con estas operaciones. Solo en Ciudad de México se logró impedir la inyección de al menos 280 millones de pesos en actividades vinculadas con el Mundial. Las autoridades advierten, sin embargo, que esquemas similares se replican en otras sedes del torneo, como Guadalajara y Monterrey.

El alcance de la investigación es mayor. Los analistas financieros también siguen la pista de inversiones en casas de apuestas —tanto físicas como digitales—, así como en la compra y reventa de boletos y palcos para los partidos del torneo. En todos los casos, el objetivo es el mismo: insertar capitales ilícitos en mercados que experimentarán un crecimiento extraordinario durante el evento.

El Mundial aparece, así como catalizador de una economía paralela que busca mimetizarse con la formalidad. La expectativa de millones de visitantes, el alto volumen de transacciones y la expansión del mercado turístico crean un terreno fértil para el blanqueo de capitales.

La capital mexicana se prepara para recibir a aficionados de todo el mundo y para proyectar una imagen de modernidad y hospitalidad. Pero, detrás del entusiasmo deportivo y la expectativa económica, las autoridades enfrentan un desafío menos visible: impedir que la fiesta global del futbol se convierta también en una oportunidad para fortalecer la infraestructura financiera del crimen organizado.

Las investigaciones siguen abiertas. Lo que ya revelan los expedientes es una constante en la historia reciente del país: allí donde se anticipa una derrama económica extraordinaria, el narcotráfico busca participar como inversor silencioso.

 

 

Fuente: La Silla Rota

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