La Trama de Andorra Confirma Conexiones del Cártel de Sinaloa con un Empresario Cercano a la Clase Política Mexicana

Redacción/CAMBIO 22 

¿Qué pasó?

Una investigación de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) ha salpicado a Grupo Viz, un importante conglomerado industrial de Sinaloa. La jueza de la causa vincula a un ex diputado del PRI ya fallecido, Óscar Javier Lara Aréchiga y al empresario Jesús Vizcarra Calderón con el Cártel de Sinaloa.

Vizcarra Calderón es un ex Funcionario sinaloense que se jacta de ser amigo de Presidentes y es dueño de la empresa cárnica SuKarne.

¿Por qué importa?

La Banca Privada de Andorra fue disuelta en 2015 a petición del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por considerar a la institución financiera como una maquinaria de lavado de dinero.

La BPA tenía entre sus clientes a prominentes miembros de la clase política y empresarial de México, entre ellos el abogado Juan Collado, quien está en prisión por una acusación de lavado de dinero, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

La investigación que ahora revela el periódico El País pone de relieve la cercanía entre el aparato político mexicano y grupos del crimen organizado. Las acusaciones de las autoridades andorranas arrojan luz a los mecanismos que utilizan entidades como el Cártel de Sinaloa para blanquear capitales.

El antecedente del PRI en Andorra:

No sería la primera vez que un miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) está en la mira de las autoridades por anidar cuantiosas fortunas en paraísos fiscales como la BPA.

El año pasado, una investigación del diario El País reveló que Sylvana Beltrones Sánchez -actual senadora del PRI por Sonora e hija del influyente político priista Manlio Fabio Beltrones-, ocultó 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010.

En aquella ocasión, detalla el medio, la legisladora tenía 26 años y no ocupaba ningún cargo público, pero su padre sí, al ser coordinador del PRI en el Senado. Esto obligó a la FGR y la UIF a iniciar una investigación en torno a la familia Beltrones Sánchez, quienes en su momento desestimaron las acusaciones.

El contexto:

En 2017, año en que Lara Aréchiga falleció a los 65 años de edad causa del cáncer que padecía, el diario español El País reveló que el político priista llegó a mover 16.8 millones de dólares por medio de una sociedad opaca, gestionada por la empresa holandesa de servicios fiduciarios, BK Group, oculta en paraísos fiscales como Panamá o las Antillas Holandesas.

Los detalles:

Ahora, la jueza andorrana Stéphanie Garcia ha puesto la mira en la familia de quien fuera diputado del PRI por Sinaloa entre 2009 y 2012 por el blanqueo de capitales de al menos 6 millones de dólares.

Según documentos revelados por El País, la magistrada ha ordenado investigar a la viuda del ex legislador, Beatriz del Carmen Teresita Esquer de Lara, sus hijos, Beatriz del Carmen, Óscar Javier y José María Lara Esquer, así como su hermano José Luis Lara Aréchiga.

Por si fuera poco, las indagatorias conectan los fondos ocultos por Lara Aréchiga en la Banca Privada de Andorra con Grupo Viz, un conglomerado empresarial propiedad de Jesús Vizcarra Calderón, ex presidente municipal de Culiacán (2008-2010), ex secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa (2005-2007) y ex diputado por el PRI en dicho estado (2003-2004).

El diario español reporta que la magistrada andorrana señala que, tanto Vizcarra Calderón -quien no está imputado en la causa principal- y Lara Aréchiga, “están relacionados” con el Cártel de Sinaloa.

“Lara habría mantenido lazos con miembros del Cártel de Sinaloa, conocido por ser un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas, armas, blanqueo y otros ilícitos”, refirió Stéphanie Garcia acerca de Lara Aréchiga, quien entre 1999 y 2009 también se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

El documento judicial añade que las cuentas de Lara Aréchiga en la BPA están vinculadas con un entramado de lavado de dinero “a través de compra de créditos con una sociedad que tenía cuentas en España y México” o habrían sido realizados por medio de casas de cambio (vía un sistema de compensación).

Si bien ante el fallecimiento del ex diputado priista se extinguió la causa penal en su contra, la magistrada andorrana agregó que sus familiares son “responsables civiles directos” de los fondos y, a menos que renuncien a ellos, “se tiene que celebrar la vista de la causa y dictar sentencia declarando o no la existencia del delito y acordando o no el decomiso (de los fondos)”.

En marzo y julio de este año, los herederos del político priista habrían solicitado el descongelamiento de los fondos, petición que fue denegada por la instructora andorrana: “La instrucción de la causa debe seguir con objeto de determinar el objeto de los bienes y los fondos del difunto encausado”, se lee en el auto.

Fuente Código Magenta

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