mayo 23, 2024 10:53

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Renán Castro Madera, Director General

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Redacción /CAMBIO22

¿Cómo hacer entender a los Estados Unidos que, aparte de las económicas, hay también otras razones legítimas?

La mejor forma de abordar el tema de la disputa comercial del maíz transgénico entre México, Estados Unidos y Canadá es desde una perspectiva de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, basados en un enfoque transdisciplinario que incluye la filosofía y la sociología de la ciencia.

Esta visión propone formular preguntas acerca de cómo entender los procesos sociales de la construcción del conocimiento científico, basados en conceptos tales como la controversia científica, la duda razonable y la incertidumbre, que son inherentes del proceso científico desde siempre y están inmersas en las complejas configuraciones de los sistemas de intereses y también de las estructuras del poder.

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Los estudios sociales de la ciencia y tecnología critican el enfoque dominante, que sostiene que cada problema político y social puede ser solucionado por una determinada tecnología, puesto que consideran que la ciencia no se encuentra fuera de la sociedad, por lo que ni es neutra y ni es del todo objetiva.

Respecto a la disputa comercial en el seno del T-MEC, los intereses de México versus Estados Unidos y Canadá son realmente contrastantes. El decreto de Andrés Manuel López Obrador de prohibir el uso de glifosato y el maíz genéticamente modificado para alimento humano, tiene sus orígenes en la noción de soberanía versus dependencia y seguridad alimentaria como parte de su concepto de seguridad nacional.

Está en un contexto social en el que el movimiento identificado con el slogan de “Sin maíz no hay país” incluso se refiere a los transgénicos como una criminalización, y habla del “crimen histórico contra la gente del maíz” y contra la humanidad misma. Considera que la domesticación y la selección milenaria del maíz es un logro civilizatorio, basado en un proceso de conocimiento hecho por el ser humano, no por la naturaleza, en términos de Karl Polányi.

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En México existe desde hace décadas una resistencia radical al maíz transgénico entre amplios sectores sociales, que encuentra sustento en la noción de identidad que tiende a establecer un vínculo entre la diversidad biológica, étnica, cultural, y la antropológica y la agro-ecológica.

Las razones de México

En consecuencia, en la disputa comercial actual, México enfatiza nociones tales como seguridad alimentaria, soberanía, patrimonio cultural, medio ambiente e identidad, frente a las de sus vecinos del norte que insisten en la noción de la economía y la ciencia como la última palabra sobre la verdad.

Las características especiales de México que se deben tener en cuenta a la hora del arbitraje son: 1) El maíz es su alimento básico, que se relaciona con la seguridad alimentaria y soberanía; 2) Es centro de origen del maíz, que constituye un valor cultural, una diversidad genética y patrimonio de la humanidad; 3) Es un país megabiodiverso que pesa mucho en cuanto al riesgo ambiental, y 4) Hay un vínculo entre diversidad biológica, étnica, cultural, antropología y agro-ecología, que tiene que ver con la identidad y la emancipación de la población indígena.

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Estos valores y nociones tienen que estar presentes en la defensa del maíz a la hora de la disputa comercial, a través de utilizar argumentos referentes a temas asentados no solamente en los capítulos del T-MEC sobre comercio y ciencia, sino también, sobre agricultura, medio ambiente y biodiversidad.

Ante esta concepción, Estados Unidos considera, que México tomó una medida discriminatoria con la que limita la importación de maíz, que causa graves pérdidas a las empresas exportadoras, tales como Cargill y Bunge, y a sus productores. Y es que el 93 por ciento maíz producido allí es genéticamente modificado, por lo que calcula habrá una pérdida de más 73 mil millones de dólares.

Además de esto, argumenta que la defensa del maíz de México es anticientífica, porque no aporta evidencia basada en la ciencia sobre el daño causado a la salud. Considera que el juicio de México sobre la biotecnología moderna es arbitrario, por lo que califica la oposición al maíz transgénico como de naturaleza ideológica; y afirma que los organismos genéticamente modificados (OGM) se consumen en el mundo desde hace 40 años sin problemas.

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Hay una elemental diferencia de concebir el maíz entre los países de América del Norte. Proceso versus producto, dos maneras opuestas de evaluar el maíz. México considera que la selección de las semillas y la adaptación al medio ambiente a lo largo de miles de años es un proceso de generación de conocimiento complejo, sofisticado, valioso y único en el mundo. Y su posición se basa en este proceso mismo, que implica también consecuencias sociales y culturales de gran relevancia: mientras que Estados Unidos solo ve y evalúa el producto mismo.

La postura de dicho país conduce a no reconocer diferencia alguna entre maíz convencional y transgénico, puesto que tienen la misma composición física y química. En palabras técnicas, Estados Unidos acepta el principio de equivalencia sustancial, un término ampliamente utilizado a nivel mundial. Por ejemplo, es adoptado también por la OMS, la FAO, la OMC y la OCDE, mientras que México lo rechaza.

Esta diferencia en la percepción no es nueva. Se produjo también en su momento entre los países europeos. Entre los miembros de la Unión Europea se aceptó legítimamente la diversidad de posturas hacia la modificación genética. Por eso, hoy los miembros de la unión son libres de determinar si aceptan o no a los organismos genéticamente modificados.

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Es interesante observar también que la modificación genética en el caso de los alimentos, y sobre todo cuando estos son básicos, su aceptación es muy difícil. Incluso cuando se trata de países que en general están a favor de los OGM. Es el caso por ejemplo del trigo y la papa en los Estados Unidos, Canadá y en algunos países europeos.

Un antecedente relevante: informe de la CCA

En el año 2004 la Comisión de la Cooperación Ambiental (CCA) –un órgano internacional creado justamente por el TLCAN a petición de los sindicatos estadunidenses, bajo el temor de que México iba a atraer industrias de su país porque cuenta con normas ambientales muy relajadas– ya realizó un estudio independiente sobre el asunto del maíz transgénico en México, precisamente en el contexto de América del Norte.

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Hoy, casi dos décadas después, es importante recordar dicha acción de la CCA, que en su momento causó gran impacto, particularmente en México, y cuyo informe final cuestiona la postura de los Estados Unidos y Canadá ante la nueva normativa de México sobre el maíz transgénico.

Ciertamente, la facultad de la CCA solo es hacer recomendaciones a los gobiernos de América del Norte y no cuenta con la facultad de tomar decisiones. Este informe, muy notable al nivel mundial en el debate sobre el tema, recomendaba una moratoria para el maíz transgénico en México hasta que se llevaran a cabo estudios específicos suficientes como para conocer a fondo el verdadero impacto del maíz genéticamente modificado a la salud y la biodiversidad en México.

Con ello, el informe reconoció un hecho de gran relevancia: hay una situación de incertidumbre científica y no existen estudios que aporten evidencia de forma concluyente de los efectos del maíz genéticamente modificado en el contexto de la agrobiodiversidad mexicana.

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Además de esto, era también de enorme importancia que en este estudio realizado por la CCA se haya legitimado, por primera vez en México, la participación de los campesinos, productores e indígenas como actores indispensables para participar en el proceso de evaluación del maíz transgénico.

En el pasado se acostumbraba y se creía que son solo los científicos, en este caso los biotecnólogos, quienes pueden opinar sobre los efectos de sus propias innovaciones.

Generalmente, estos científicos están contratados por empresas interesadas; sus estudios están financiados por alguien con interés en desarrollar el producto, y después ellos mismos son quienes evalúan sus productos. Cuando se supone que las instancias de evaluación deben ser independientes y que no puede existir conflicto de interés entre los que llevan a cabo la innovación y los que la regulan.

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Frente a tal principio ético, en la práctica la existencia de una puerta giratoria entre los agentes privados de las empresas y los públicos en las instancias reguladoras gubernamentales está ampliamente documentada en la bibliografía específica sobre este tema en Estados Unidos y en Canadá, igual que en otras partes del mundo.

Naturaleza del conflicto en el T-MEC

En la disputa actual hay dos demandas en cuanto a la carga de la prueba. Por su parte, México pide a Estados Unidos demostrar por qué cree que su decreto limita importación del maíz, cuando se ha aclarado que solo se trata de maíz blanco. Y cuando lo que importa es casi exclusivamente maíz amarillo. A su vez, Estados Unidos exige a México presentar evidencia científica robusta que demuestra que el maíz genéticamente modificado y el glifosato son dañinos a la salud humana.

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En cuanto a los principios generales del TLCAN y posteriormente el T-MEC, hay que dejar claro que no establecen reglas propias. Pero reconocen el derecho de cada país para establecer sus estándares y regulaciones sanitarias, fitosanitarias y ambientales propias que consideren adecuadas, así como los niveles de riesgo que están dispuestos a correr.

Cuando no los establecen, rigen los estándares internacionales. En caso de conflictos, lo que realmente hay que demostrar es que la regulación no se ha creado para restringir el comercio y con ello afectar la otra parte, sino por otros intereses propios y fines genuinos.

Se adopta el principio de trato nacional, es decir, que la regulación es válida sin diferencias tanto para el ámbito nacional como internacional. Lo que el tratado no toma en cuenta, al menos no lo aborda de manera directa, son las situaciones cuando existe incertidumbre científica, duda razonable y falta de consenso en la comunidad científica, que precisamente caracterizan el caso de la actual controversia.

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De esta manera, el panel de arbitraje sobre el maíz genéticamente modificado debe revisar e interpretar los capítulos del T-MEC referentes a todos los asuntos arriba mencionados, no solamente los que versan sobre comercio y ciencia.

Estos son: el Capítulo 2 sobre trato nacional y acceso a mercado; el Capítulo 3 sobre agricultura; el Capítulo 9 sobre medidas sanitarias y fitosanitarias; y el Capítulo 24 sobre medio ambiente, que incluye biodiversidad.

Conviene, sin pretender ser exhaustiva, citar algunos párrafos de dichos capítulos que podrían ser útiles para la defensa de México en esta disputa.

Capítulo 2. Trato nacional y acceso de mercancías al mercado

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1. Cada Parte otorgará trato nacional a las mercancías de otra Parte de conformidad con el Artículo III del GATT de 1994, incluidas sus notas interpretativas, y para tal efecto, el Artículo III del GATT de 1994 y sus notas interpretativas, se incorporan a este Tratado y son Parte integrante del mismo, mutatis mutandis.

2. El trato que deberá otorgar una Parte de conformidad con el párrafo 1 significa, con respecto a un nivel regional de gobierno, un trato no menos favorable que el trato más favorable que el nivel regional de gobierno otorgue a cualesquier mercancías similares, directamente competidoras o sustituibles, según el caso, de la Parte de la cual forma Parte integrante.”

Este capítulo no será muy problemático para México, por dos razones: 1) puesto que no se trata de medidas diferenciadas para el contexto nacional y el exterior, y 2) no se limita mayormente la importación, ya que ésta se trata del maíz amarillo que no es para consumo humano, en todo caso podría afectar una Parte mínima de la importación que es maíz blanco.

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Capítulo 3. Agricultura/Sección B Biotecnología agrícola

Artículo 3.14: Comercio de productos de la biotecnología agrícola

Las Partes confirman la importancia de alentar la innovación agrícola y facilitar el comercio de productos de la biotecnología agrícola, mientras cumplen objetivos legítimos, incluidos mediante la promoción de la transparencia y la cooperación, y el intercambio de información relacionada con el comercio de productos de la biotecnología agrícola.

2. Esta Sección no obliga a una Parte a emitir una autorización de un producto de la biotecnología agrícola para que esté en el mercado.

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Para la disputa actual es de vital importancia considerar también el Capítulo 3 sobre agricultura, puesto que para México se trata de un asunto en gran parte de naturaleza agrícola y no científica. A pesar de que el tratado alienta a facilitar el comercio de los productos biotecnológicos, hay que tener en cuenta que no obliga a autorizar un producto genéticamente modificado.

Capítulo 9. Medidas sanitarias y fitosanitarias

1. Las Partes reconocen la importancia de asegurar que sus respectivas medidas sanitarias y fitosanitarias se basen en principios científicos.

2. Cada Parte tiene el derecho a adoptar o mantener las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para la protección de la vida y la salud de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, siempre que esas medidas no sean incompatibles con las disposiciones de este capítulo.

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3. Cada Parte basará sus medidas sanitarias y fitosanitarias en normas, directrices o recomendaciones internacionales relevantes, siempre que hacerlo cumpla el nivel adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria (nivel adecuado de protección) de la Parte. Si una medida sanitaria o fitosanitaria no está basada en normas, directrices o recomendaciones internacionales relevantes, o si no existen normas, directrices o recomendaciones internacionales relevantes, la Parte se asegurará de que su medida sanitaria o fitosanitaria se base en una evaluación, adecuada a las circunstancias, del riesgo para la vida y la salud de las personas y los animales o para la preservación de los vegetales.

Esta Parte del Capítulo 9 es importante y sustancial para el arbitraje, puesto que establece el derecho a que cada Parte adopte medidas sanitarias propias y que, en caso de que éstas no se ajusten a la norma internacional, debe asegurar que se basan en evaluaciones del riesgo. En cuanto a que los argumentos se basen en principios científicos, la duda razonable y la falta de consenso entre científicos puede ser documentada.

La interpretación de estos párrafos por los abogados del panel será delicada y podría determinar en gran parte el resultado.

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4. Reconociendo los derechos y obligaciones de las Partes conforme a las disposiciones relevantes del Acuerdo MSF, este Capítulo no impide que una Parte: a) establezca el nivel de protección que considere adecuado; b) establezca o mantenga un procedimiento de aprobación que requiera realizar una evaluación del riesgo antes que la Parte permita que un producto acceda a su mercado; o permita que un producto acceda a su mercado; o c) adopte o mantenga de forma provisional una medida sanitaria o fitosanitaria si la evidencia científica pertinente es insuficiente.

14. Si una Parte tiene motivos para creer que una determinada medida sanitaria o fitosanitaria adoptada o mantenida por otra Parte restringe, o puede restringir sus exportaciones y la medida no se basa en una norma, directriz o recomendación internacional relevante, o no existe una norma, directriz o recomendación relevante, la Parte que adopta o mantiene la medida proporcionará una explicación de los motivos y la información relevante pertinente referente a la medida, a solicitud de la otra Parte.

Aquí lo importante es destacar que el Tratado no impide que una Parte establezca la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias propias, mientras que aporte la explicación de los motivos relevantes. Dicha explicación podría aludir al caso específico de México por las razones anteriormente explicadas.

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La incertidumbre acerca de los efectos del maíz genéticamente modificado, y en particular el glifosato, puede ser perfectamente documentada en estudios nacionales en el contexto local, y en otras partes del mundo, a pesar de que los organismos internacionales no han sido consecuentes sobre el asunto.

Por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, OMS, se ha reconocido que el glifosato es probablemente cancerígeno y posteriormente se ha retirado esta postura, por lo que parece ser posible defender la existencia de duda razonable, tal como lo han calificado una serie de tribunales en los Estados Unidos y en otras partes del mundo.

Capítulo 24. Medio ambiente

General

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2. 4. Las Partes reconocen que el medio ambiente desempeña un papel importante en el bienestar económico, social y cultural de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, y reconocen la importancia de relacionarse con estos grupos en la conservación a largo plazo del medio ambiente.

1. Las Partes reconocen el derecho soberano de cada Parte a establecer sus propios niveles de protección ambiental y sus propias prioridades ambientales, así como a establecer, adoptar, o modificar sus leyes y políticas ambientales consecuentemente.

El capítulo sobre medio ambiente es también de suma importancia para la defensa de la postura de México, por su clasificación de país megadiverso y la importancia de ello para el mundo. Este capítulo incluso subraya el bienestar de los pueblos indígenas y comunidades locales, al tiempo que reconoce el derecho soberano de cada país establecer sus prioridades en la protección ambiental.

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2. Por consiguiente, cada Parte promoverá y fomentará la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, de conformidad con su ordenamiento jurídico o político.

3. Las Partes reconocen la importancia de respetar, preservar y mantener el conocimiento y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales que entrañen estilos tradicionales de vida que contribuyan a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.

Este artículo del capítulo sobre medio ambiente reconoce el derecho de conservar la biodiversidad biológica y la importancia de preservar conocimiento, prácticas indígenas y estilos tradicionales de vida que contribuyan a ella.

¿Sanciones?

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Si Estados Unidos ganará la disputa, podría poner aranceles a las importaciones mexicanas, en la medida en que los considere justos. Desde luego, las sanciones podrían ser detenidas, como ya ha ocurrido en el caso del tema energético, por ponderar intereses políticos en otros asuntos. Por ejemplo, conseguir que México coopere en asuntos migratorios de vital importancia para los Estados Unidos.

Además de los gobiernos, las empresas privadas también pudieran demandar por daño al Estado mexicano por pérdidas multimillonarias, los agricultores del vecino país ya han manifestado que buscan obtener compensaciones por 9 mil millones de dólares.

Llama la atención la insistencia de Estados Unidos en llevar a cabo este arbitraje internacional, a pesar de que aparentemente, o al menos a juicio de las autoridades mexicanas, no se trata de limitar sus importaciones. Más aun en el caso de Canadá, que no vende maíz a México. Es muy probable que nuestro vecino busque evitar cualquier eventual precedente que podría perjudicar el mercado de sus productos biotecnológicos, y en particular los relativos al glifosato, que se usa en muchos otros cultivos que son importados a distintos partes del mundo.

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Canadá por su parte, es gran exportador de canola transgénica y no quiere arriesgar el futuro de su millonario negocio.

Reflexiones finales

¿Quiénes deben intervenir, ser escuchados y tomados en cuenta en la resolución de esta controversia y disputa comercial? Se supone que todos los actores afectados por el asunto. Igual que en el caso de la elaboración del informe citado de la CCA, ha de ser escuchada la voz y han de ser entendidos los intereses de los productores de México, de manera que haya una verdadera deliberación democrática entre los distintos actores involucrados.

Esto implica legitimar una metodología abierta y plural, que reconoce la existencia de varios saberes en lugar de restringirse a una única verdad, que es la de la ciencia considerada como objetiva y neutra.

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Las empresas transnacionales que han desarrollado, producido y distribuido las semillas transgénicas –entre ellas Monsanto, Bayer, Cargill y otras– tienen sus propios intereses legítimos, así como también los tienen los productores y consumidores de las semillas nativas, criollas e híbridas convencionales.

Ambas partes están inmersas en cierta estructura de poder, tienen intereses y valores específicos que reflejan su conocimiento heredado, generado y acumulado; así como su cultura, sociedad y economía, que a su vez determinan su relación con el producto en cuestión.

En este orden de ideas, sostener que la ciencia es única y puramente racional, que está por fuera o por encima de las estructuras del poder, los intereses y las identidades en el mundo sería una idea demasiado alejada de nuestra realidad.

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En definitiva, la génesis de la disputa comercial sobre maíz transgénico no es otra cosa que la concepción sumamente reducida sobre la ciencia y tecnología. Y cuya aceptación obligará asumir un cuadro completamente distorsionado de la compleja realidad del proceso de construcción del conocimiento científico y tecnológico. Justo en un momento en que el mundo enfrenta grandes desafíos y profundas dudas sobre la conveniencia para la humanidad de una serie de nuevas tecnologías e innovaciones recientes.

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Fuente : ECOLOGIA

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