La SCT en Campeche Discrimina a Personas con Discapacidad y Violenta Derechos Humanos

Carlos Barrachina Lisón / CAMBIO 22

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte monitorea una serie de requisitos médicos que deben cumplir todas las personas que pretenden obtener una licencia federal para el transporte público. Existe un Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte, que guía el actuar de los médicos para verificar las condiciones físicas y psicológicas obligatorias e indispensables que debe reunir el personal que opera, conduce y/o auxilia los servicios del transporte federal en todas sus modalidades, con la finalidad que estos ejerzan las atribuciones que su licencia federal les confiere de modo seguro.

Las estadísticas de muertes por accidentes de tránsito en México muestran la necesidad de que esta tarea se realice con profesionalidad. En algunos casos, el control de estas licencias es una fuente de corrupción y de arbitrariedad que debe ser erradicada sin contemplaciones. Según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública las muertes por accidentes de tránsito aumentaron de 10,018 en el año 2015 a 14,563 en el 2024. La mala educación vial, el abuso de drogas y alcohol y otras muchas circunstancias que no se han querido abordar por las autoridades públicas, hace que sea muy peligroso el transitar por las carreteras mexicanas, y que sea necesario atender el problema con urgencia.

Recientemente la Auditoria Superior de la Federación publicó un reporte sobre una auditoria especial de desempeño, al programa de prevención de protección y medicina preventiva de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Su conclusión fue contundente en relación a que el modelo de atención preventiva del transporte no ha sido eficaz.

¿Qué es lo que está pasando? Lo que yo he vivido en fechas recientes en la sede regional de Campeche, puede ser una explicación. En muchos casos, la motivación de algunos profesionales de la salud, responsables de brindar el servicio no es realizar su trabajo de forma profesional, sino interpretar a su conveniencia los reglamentos, para obtener un beneficio económico. De otra forma no se explica la falta de resultados del programa.

Violación de Derechos Humanos en la SCT en Campeche

El pasado 19 de diciembre del 2025 hice una cita para mi examen médico en las instalaciones de la SCT en Campeche con el objeto de obtener una licencia federal de transporte. Llegué antes de las 7 de la mañana, y finalmente me retiré a las 3 de la tarde después de una incómoda conversación con Carlos Almeida, un médico tabasqueño, y fan de “Los Piratas” de Campeche, según pude observar en su oficina.

Mi sensación cuando salí de platicar a solas con este funcionario público, es que me encontré con “Varguitas”, el personaje de “La Ley de Herodes” (1999), la conocida película de Luis Estrada. Me recibió con una edición antigua del manual “Requisitos médicos anexos al reglamento de servicio de medicina preventiva en el transporte”, señalándome dos artículos por los que el dictamen médico no era procedente. Durante más de una hora estuve participando en una de las conversaciones más humillantes de mi vida personal y profesional.

Les comento que yo soy una persona que padezco de dos discapacidades desde hace muchos años. Son dos problemas que comparto con una gran mayoría de la población mundial. La primera es que necesito lentes para tener una visión perfecta, la segunda es que me medico desde hace treinta años por un pequeño problema de ansiedad/depresión, que por suerte está totalmente controlado. Ninguna de las dos discapacidades me ha impedido tener una exitosa carrera profesional, que en la actualidad me permite formar parte del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel II, y tampoco fueron problema para ser acreditado positivamente por Policía Federal en los Controles de Confianza del año 2015 para una posición como Director General del Sistema Penitenciario Federal. En relación a la supuesta incapacidad para manejar, los que me conocen saben que normalmente me desplazo de forma terrestre, por toda la república, y durante muchos años por todo Centroamérica, realizando mi trabajo de campo. Hasta ahora, no he tenido ningún accidente de tránsito, y estas dos discapacidades controladas de forma adecuada no han supuesto ningún riesgo ni para mi persona, ni para nadie que haya estado cerca de mí.

Almeida me comentó que no me podía aprobar el dictamen médico porque declaré que tomaba dos medicamentos controlados (lo hago en una dosis pequeña), y que eso era una causante de no autorización de la licencia federal. En una primera reacción le dije que eso era una flagrante violación de derechos humanos, y que me daba pie para interponer una queja frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por suponer una violación al derecho al trabajo, y una falta de criterio normativo sobre las personas con discapacidad. Es obvio que si la discapacidad visual se regula con lentes, y ello es aceptable, la psicológica también se gestiona con medicinas y debe ser valorada a fondo si supone un riesgo o no para la función a la que se aspira desempeñar. En un segundo momento me dí cuenta, porque a veces soy un poco lento para estas cosas, que lo que viví fue un posible intento de extorsión, y que fui objeto de varias discriminaciones y ofensas a mi persona.

El encuentro con Carlos Almeida

No se abrió con buen pie nuestro encuentro. A las siete de la mañana inicié con los análisis médicos, por un equipo de profesionales que me pareció competente, y amable. Como a las 9 de la mañana cuando llegó Almeida y la secretaria administrativa iniciamos con el trámite de los papeles. El primer rozón no fue agradable. Vio mi carta de naturalización mexicana, y me dijo que no sabía cómo los extranjeros podían realizar el trámite. Le tuve que señalar en tres ocasiones que yo era un ciudadano mexicano, y que además era funcionario federal lo que confirmaba mi nacionalidad. Estaba molesto y se retiró a hacer una llamada para que le explicaran como registrarme. Con objeto de registrar mi lugar de nacimiento, tuve que indicarle a la administrativa, mientras él andaba en sus llamadas, que si desplegaba la opción de mexicanos, posiblemente había una opción que señalaba “nacido en el extranjero”. Efectivamente así fue. No volví a ver a Almeida hasta que me llamó a su oficina y me recibió con la sonrisa de “Varguitas” y el reglamento en la mano. Con los médicos todo fue bien, excepto con la psicóloga que me hizo responder un cuestionario, en donde señalé que tomaba la medicina prescrita y que no interactuó conmigo en ningún momento. Se limitó a recibir la respuesta a las preguntas, y a cuestionar con lo que percibí como prisa por irse a descansar, si todavía quedaban más personas por ser evaluadas (fuimos ocho personas ese día).

Con Almeida la conversación fue kafkiana. Tuvimos un primer momento de debate más o menos interesante sobre si el reglamento violentaba derechos humanos o no, pero conforme fue pasando el rato la conversación fue dejando de ser interesante desde el punto de vista general. Hizo varias aseveraciones que me pusieron en alerta. Lo primero que me reclamó es que había personas que en lugar de venir a la ventanilla de forma directa, contrataban un tramitador que les salía carísimo. Rápidamente me comentó que él iba personalmente al SAT para tramitar su actividad privada como médico. Yo le dije que yo tenía contador porque no tenía tiempo, ni conocimientos para lidiar directamente con los temas especializados. Este primer acercamiento a los recursos me incomodó. Luego me empezó a explicar mis condiciones médicas, y me insistió que estaba obeso, cuando sí aprobé las pruebas médicas en ese rubro (no sé si estaba pensando en él mismo cuando señaló mi condición). Posteriormente inició otra reflexión sobre que había muchas personas que cuando se jubilaban querían tener la licencia federal de autotransporte para dedicarse a su hobby y quitarle el trabajo a personas más necesitadas. Ese juicio de valor me molestó profundamente. En primer lugar, porque aunque esté lleno de canas, tengo 55 años, estoy en el apogeo de mi vida profesional, y no tengo ninguna intención de jubilarme ni de quitarle el trabajo a nadie. El por qué quiero obtener esa licencia no es asunto de Almeida, ni tiene porque ser cuestionado, y no tengo ni idea qué tiene que ver ello en un análisis médico.

Finalmente me pareció muy poco profesional el dictamen que desarrolló, por lo inflado que se presentó. Para justificar la negativa dramatizó el tema de la obesidad, un supuesto tema cardiaco que tampoco era relevante para el dictamen y hasta la graduación de los lentes de mi ojo izquierdo (que también pasó las pruebas). Se limitó a indicar nombres de situaciones, sin señalar medidas ni parámetros precisos y estigmatizó mi persona para justificar un dictamen a todas luces discriminatorio.

¿Qué dicen las reformas al reglamento de 2018 y 2023?

Las modificaciones al reglamento enfatizan la racionalidad del análisis médico, derivado del continuo avance en el campo de las ciencias de la salud, del creciente número de investigaciones, innovaciones tecnológicas, y que el área médica está en una dinámica de cambio constante.

Se señala que “queda prohibido al Personal del Autotransporte Público Federal el consumo de alcohol y todas aquellas sustancias psicotrópicas, incluyendo medicamentos que alteren o puedan alterar la capacidad para el desarrollo de las atribuciones que su respectiva Licencia Federal le confiere”, pero que ello debe ser determinado por el médico dictaminador mediante evidencia médica científica y basada en hechos reales de si existe o no evidencia de que el fármaco empleado interfiere en forma negativa con el ejercicio de los privilegios que otorga la Licencia Federal. Todo ello para eliminar la subjetividad en la interpretación.

En mi caso, como el de millones de personas, tanto los lentes, como la medicina prescrita, me ayudan a llevar una vida absolutamente normal, que no interfiere o me dificulta ninguna actividad, y según el reglamento se debería demostrar lo contrario en su caso.

Supongo que deberán de ser los tribunales, los que determinen si tengo o no razón. En este caso yo percibo un abuso claro a mis derechos y dignidad, una utilización arbitraría, subjetiva y maliciosa del poder, y una serie de prejuicios que un funcionario público no puede tener.

Seguiré reflexionando sobre este tema porque me parece muy importante para la consolidación democrática del país, y para acabar con la forma tradicional de manejar los asuntos públicos por parte de muchos funcionarios que se atribuyen el derecho de interpretar las cosas para obtener un beneficio personal, o para satisfacer su deseo de imponerse arbitrariamente sobre los demás.

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