febrero 28, 2024 10:54

Renán Castro Madera, Director General

Redacción/CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de junio.- Con 9 votos a favor y 2 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la segunda parte del Plan B electoral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que las elecciones federales del 2024 se realizarán con las normas electorales anteriores.

De acuerdo con los criterios asumidos por una mayoría de los ministros, durante la aprobación de esas reformas electorales en la Cámara de Diputados y el Senado se incurrió en múltiples violaciones al proceso legislativo, por lo que como efectos de invalidaron la totalidad de las mismas.

Con esto, la Corte sepultó de esta forma el decreto publicado el 2 de marzo pasado, que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior tiene por efecto que no tendrán que desaparecer varias direcciones del Instituto Nacional Electoral (INE), pero sobre todo, que no van a desaparecer las juntas de los distritos electorales, con lo que salvarán su empleo a más del 80 % del personal operativo electoral, que se veía afectado con la reforma.

Tampoco se restarán atribuciones al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Teqpjf) y tribunales locales, además de que el proceso electoral del 2024 iniciará el primero de septiembre próximo y se realizará con las leyes vigentes antes de la reforma.

“En el apartado relativo al estudio de fondo se determinó que resultaban fundados los conceptos de invalidez relacionados con el procedimiento legislativo e incluso parcialmente fundado el relacionado con la falta de consulta, tanto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad”, indica el proyecto del ministro Javier Laynez, avalado durante la sesión de este jueves.

La discusión y votación giró en torno a las acciones de inconstitucionalidad y sus acumulados promovidos por los partidos Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), diputados y senadores del bloque opositor y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Los ministros que votaron a favor de invalidar la reforma fueron: Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Norma Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Las únicas que votaron en contra fueron Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortíz Ahlf, a las que se considera vinculadas al gobierno de López Obrador, aunque la segunda consideraba que era inconstitucional que la reforma no se haya sometido a consulta de pueblos indígenas.

Al inicio de la sesión, el ministro ponente Laynez Potisek argumentó que el Congreso debió motivar la urgencia de omitir ciertos trámites parlamentarios, sobre todo, el de dictaminación, por lo que se considera que hubo una violación al proceso legislativo.

Además, destacó que la iniciativa no se publicó con la debida anticipación ni en la Gaceta parlamentaria, además de que los diputados no fueron informados del contenido hasta el momento que dio inicio la sesión.

“No hay ningún elemento en el expediente ni en el análisis de que se distribuyó la iniciativa”, expresó.

En este sentido, la sentencia considera que todas las violaciones acreditadas al analizarse la primera parte de este paquete de reformas también se actualizan en este caso, por la simple razón de que ambos decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo.

Por lo anterior, los mismos ministros que votaron por invalidar la primera parte del paquete de reformas el mes pasado, son los que declararon inconstitucional e invalidaron la segunda parte del Plan B hoy.

La Corte ha valorado que en ambos casos el Congreso dio a las reformas trámite urgente sin justificación, pues las propuestas fueron presentadas al pleno al momento de iniciar la sesión —pasadas las once de la noche— y fueron aprobadas en un lapso récord de cuatro horas.

Las iniciativas de reforma tampoco se distribuyeron entre los legisladores con la anticipación requerida, y estas, además, no fueron dictaminadas en comisiones, de modo que los legisladores aprobaron modificaciones a más de 500 disposiciones sin deliberación entre las fuerzas políticas y sin que conocieran realmente el contenido de lo que avalaron.

Previo al debate, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que se plantee su anulación por irregularidades en el proceso legislativo, pues consideró que es una “intromisión”.

El mandatario insistió en que esa intención de “enmendar la plana” al Legislativo hace necesario que se elija en votación abierta a los integrantes de la Corte y reiteró que presentará una iniciativa de reforma constitucional en ese sentido.

“Es importantísimo que se elijan a los integrantes del Poder Judicial como se elige al presidente, a los diputados, que sea el pueblo el que los elija, que no representen a una élite, y eso se puede”, apuntó.

 

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