• Las técnicas avanzadas de lavado de dinero y la importación clandestina de precursores de China a México se combinan para exacerbar la crisis de fentanilo en Estados Unidos.

 

Redacción/CAMBIO 22 

Durante varios días de abril, los portales de noticias de toda latinoamérica publicaron fotos de Instagram de una rubia glamurosa que disfrutaba de sus viajes por todo el mundo.

Había fotos de Ana Gabriela Rubio Zea, de 32 años, posando con un vestido azul y una bolsa de Yves Saint Laurent a las afueras de San Miguel de Allende, patinando sobre hielo en minifalda en Central Park y riendo en la Ciudad Prohibida.

A las imágenes de las redes sociales les siguieron otras fotos más recientes: Rubio, vestida con sudadera y pantalones de mezclilla, flanqueada por agentes de la policía nacional civil de Guatemala, donde fue detenida el 17 de marzo por su presunta participación en el suministro de precursores químicos de fentanilo procedentes de China para el cártel de Sinaloa.

Según la agencia responsable de la detención y una acusación federal publicada el 14 de abril, durante casi 10 años Rubio gestionó importaciones ilegales de sustancias controladas para la fabricación de drogas, en ocasiones ocultándolas en envases de alimentos y aprovechándose de la corrupción para entregar los productos químicos al cártel.

“Somos los más grandes de México, por lo que podemos comprar mucho”, la acusación cita a Rubio diciéndole a Wu Yonghao, un representante de ventas del proveedor de productos químicos Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd, en un mensaje cifrado antes de su detención.

Nuevas medidas enérgicas

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, calificó al cártel de Sinaloa, con sede en México, como “la más grande, violenta y prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo”, en un comunicado que acompañó a las amplias acusaciones que abarcaban a jefes de cárteles, sicarios y proveedores como Rubio y Wu.

Estas dos personas no son más que dos eslabones de una cadena que conecta al cártel de Sinaloa con empresas y organizaciones delictivas chinas, relaciones que actualmente atraen una mayor atención del gobierno estadounidense tras años de investigación por parte de la policía.

El 9 de mayo, tres semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitiera las amplias acusaciones con las que atrapó a Rubio y Wu en sus redes, el Departamento del Tesoro de EU aplicó posteriormente sanciones contra Joaquín Guzmán López, de 36 años, uno de los cuatro hijos del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quienes han acumulado poder y han introducido al cártel en el comercio de fentanilo desde la última detención de su padre.

La notificación de sanciones identificó al miembro más joven de los Guzmán como responsable de los “super laboratorios” del cártel, que convierten en fentanilo los precursores adquiridos en China y otros países.

Las autoridades chinas han negado en repetidas ocasiones que exista algún vínculo entre China y el fentanilo ilícito, y con frecuencia pregonan el liderazgo de su país como el primero en clasificar el opioide como estupefaciente. En abril, un vocero de la secretaría de Relaciones Exteriores de China dijo que México aún no le había notificado a China que había incautado algún cargamento ilegal de precursores.

Sin embargo, las pruebas de la relación existente entre el cártel y las entidades chinas no son nuevas. Los cuerpos policiales y las agencias gubernamentales estadounidenses, entre ellos la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el ejército, han rastreado las cadenas de suministro y las redes de lavado de dinero del cártel desde su expansión a China hace casi una década.

Ahora, la creciente aversión entre Washington y Beijing, impulsada por las acusaciones de robo de propiedad intelectual y espionaje, así como por las tensiones geopolíticas derivadas de cuestiones como Taiwán y la guerra en Ucrania, parecen estar a punto de provocar la intervención del Capitolio.

Se trata de un progreso que un exagente especial adjunto al mando de la DEA, Christopher Urben, está ansioso de ver. Hemos hablado mucho en los últimos 10, 15, 20 años sobre el ‘enfoque de todo el gobierno’. Existen diferentes autoridades dentro de nuestras agencias y competencias.

Si se sincronizan esos esfuerzos contra la delincuencia organizada china y el lavado de dinero en particular, se podría lograr un impacto radical, comentó Urben, ahora director ejecutivo de la empresa de investigación Nardello & Co. Se trata de incrementar esos recursos y tiene que ocurrir ya.

El suministro ‘vital’ del cártel

Cuando empezó a aparecer el fentanilo en las calles, casi todo procedía de China y llegaba a Estados Unidos a través del “correo común”, según explicó Channing Mavrellis, director de comercio ilícito de Global Financial Integrity, un centro de estudios con sede en Washington D.C.

“Al principio era simplemente una forma de (ampliar la oferta cuando) les quedaba poco producto”, explicó Mavrellis. “Ahora es ‘Oye, la gente está respondiendo muy bien a esto’, para bien o para mal”.

Según la DEA y el Departamento de Justicia, desde al menos 2019 la mayor parte del fentanilo ilegal que entra a Estados Unidos se produce en México a partir de precursores químicos chinos.

Sin embargo, los vínculos del cártel con China no terminan ahí. El 26 de abril, Mavrellis y Urben testificaron en una audiencia del subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos denominada China in Our Backyard: How Chinese Money Laundering Organizations Enrich the Cartels (China en nuestro territorio: cómo las organizaciones chinas de lavado de dinero enriquecen a los cárteles).

“El dinero es el sustento de los cárteles, y los métodos que utilizaba (el crimen organizado) chino los enriquecían y les permitían traficar aún más fentanilo y otras drogas mortales en Estados Unidos”, comentó Urben a los legisladores en la audiencia.

Delincuentes conectados digitalmente

En una entrevista posterior a la audiencia, Urben describió los cambios que se produjeron en el tráfico de drogas de Nueva York aproximadamente en 2016, cuando los cobradores de las organizaciones chinas de lavado de dinero empezaron a aparecer en los puntos de entrega de dinero de su zona. El negocio estaba en auge para los cárteles de drogas en su jurisdicción y en todo Estados Unidos, ya que cada vez más personas se convertían en adictos al fentanilo y aumentaban las muertes por sobredosis.

En 2014, poco menos de 6 mil personas murieron por sobredosis de opioides sintéticos en Estados Unidos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En 2021, el último año completo del que se dispone de datos, esa cifra superó las 71 mil, es decir, un promedio de casi 200 personas por día.

En los años previos a la pandemia de Covid-19, Urben señaló que a su equipo le costaba controlar una transacción de drogas sin toparse con otra. “Te encontrabas en Flushing, Queens… persiguiendo a un grupo”, explicó Urben. “La actividad callejera relacionada con estas organizaciones era tan grande que terminabas viendo entregas en la misma calle”.

Las propias entregas cambiaron cuando las organizaciones chinas de lavado de dinero tomaron el relevo. Antes, tanto los narcotraficantes como los intermediarios financieros que contrataban para lavar sus ganancias gestionaban los intercambios como si fueran acontecimientos de alto riesgo propensos al robo o a las redadas de los cuerpos policiales, por lo que desplegaban contravigilancia y se esforzaban por permanecer en el anonimato durante la planeación y ejecución de la entrega.

Ahora tienen WeChat y otras aplicaciones cifradas con sede en el extranjero, que quedan fuera del alcance de las órdenes judiciales estadounidenses. “No podemos intervenirlas”, señaló Urben. “No podemos hacer nada con ella”.

La página web de WeChat afirma que la empresa facilita “información no pública de sus clientes como respuesta a las solicitudes de los cuerpos policiales cuando la ley así lo exige”.

Conseguir la información es solo una parte de la batalla, según dijo Tom Cindric, veterano de la división de operaciones especiales de la DEA, que compartió las frustraciones de Urben y pidió que hubiera una mayor colaboración entre agencias para ayudar a los agentes a afrontar los retos que plantea la aplicación. “No hay nadie que la interprete”, señaló.

Al proporcionar una línea privada entre el cártel y sus intermediarios financieros, la aplicación también introdujo un nuevo nivel de confianza, según comentó Urben. Atrás quedaron los días de los teléfonos desechables, que cambiaban constantemente y significaban que nunca se sabía con certeza quién estaba al otro lado de la llamada.

“Los contactos de WeChat se mantienen constantes con el paso del tiempo”, comentó, lo cual ofrece a los operativos de los cárteles “un cierto nivel de comodidad”. Además, la tecnología permite que los delincuentes coordinen reuniones y transferencias de dinero de forma instantánea. “Eso no ocurría en el pasado”, recalcó Urben.

Un nuevo modelo de negocio

A diferencia de sus predecesoras, las organizaciones chinas de lavado de dinero tienen poco interés en cobrarle al cártel una comisión por sus servicios. En su lugar, lo que buscan es el gran volumen de dinero en efectivo. Anuncian los dólares en WeChat u otras plataformas y los venden a ciudadanos chinos a un precio superior.

Las leyes que China promulgó en 2015 para impedir que el dinero fluyera fuera del país crearon un enorme mercado de ciudadanos chinos que desean gastar dinero en Estados Unidos en grandes compras, como bienes raíces y colegiaturas universitarias, pero que no pueden sacar su dinero de China.

La forma en que operan las organizaciones delictivas hace que ningún yuan salga de China. En su lugar, la persona que compra los dólares envía el pago a la cuenta china del vendedor, y recoge el dinero que compró en persona en Estados Unidos.

El cártel también recibe los pagos al instante, en lugar de esperar semanas como lo hacía en el pasado, mientras que los intermediarios convierten los dólares en pesos exportando físicamente las mercancías desde Estados Unidos y proporcionando al cártel las ganancias una vez vendidas dichas mercancías en México.

Aunque Mavrellis y Urben salieron de la audiencia alentados por el hecho de que los representantes parecían estar ansiosos de eliminar las ganancias del fentanilo del sistema financiero estadounidense, Cindric se mostró escéptico ante la posibilidad de que los legisladores estuvieran motivados para vengarse de las personas más afectadas por la crisis del fentanilo.

“Al Congreso no le importa. Creo que (consideran) a las personas que mueren como unos pocos adictos, y creo que quedan marginados”, señaló. “No creo que al Congreso le importe en absoluto”.

 

 

Fuente THe Guardian

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