La Red de Protección de María Isabel Rodríguez Heredia Y Mauricio Vila

• Entre desfalcos, nombramientos estratégicos y pactos de impunidad, crecen las dudas sobre quién protege a los responsables del colapso del ISSTEY en Yucatán

Redacción/Cambio 22

María Isabel Rodríguez Heredia, exdirectora del ISSTEY, parece gozar de una red de protección política encabezada por el exgobernador Mauricio Vila. Ambos, al amparo del fuero, han evitado hasta ahora enfrentar consecuencias legales por decisiones que, según diversas denuncias, han afectado gravemente a los trabajadores del Estado en Yucatán.

Rodríguez Heredia es señalada por un presunto desfalco al ISSTEY, mientras que Vila modificó la ley de jubilación y pensiones, aumentando los años de servicio requeridos y los periodos de cotización, lo cual perjudicó directamente a cientos de servidores públicos. Detrás de esas reformas y decisiones se oculta una historia más profunda y preocupante.

Después de enfrentar críticas al frente del ISSTEY, Vila habría intentado “resguardar” a Rodríguez Heredia nombrándola rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), donde permaneció menos de un año. El verdadero propósito, según versiones, era mantenerla en la sombra mientras cumplía la promesa de llevarla al Congreso federal como diputada.

Durante su paso por la UTM, surgieron denuncias sobre un presunto desvío de más de 200 millones de pesos en recursos federales destinados a prestaciones laborales. En este entramado aparece Georgina Aguilar Gamboa, entonces directora de Administración y Finanzas de la UTM, señalada como la operadora clave detrás de esos movimientos irregulares.

Lo más preocupante es que Aguilar Gamboa ocupa ahora el mismo cargo —directora de Administración y Finanzas— en la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), una dependencia que ya arrastra serias dudas por su manejo durante la administración anterior. Su presencia allí, junto a Jacinto Sosa, despierta sospechas: ¿fue colocada para borrar rastros?, ¿o está siendo recompensada por su lealtad a Rodríguez Heredia y Vila?

No podemos ignorar que Sosa tiene raíces panistas, lo que alimenta aún más las dudas sobre una posible protección institucional entre actores ligados al viejo régimen. La gran pregunta es: ¿está enterado el gobernador Joaquín Díaz Mena de estas conexiones?, ¿actuará para transparentar lo ocurrido o mantendrá este silencio cómplice?

Yucatán merece respuestas, justicia y funcionarios que respondan al pueblo, no a pactos de impunidad.

Fuente: El Gráfico en la Red

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