La Procuraduría Agraria Interviene en Denuncia por Nepotismo en el Ejido Juan Sarabia

Redacción / CAMBIO 22

La titular de la Procuraduría Agraria (PA), Linda Cobos Arana, confirmó que los ejidatarios inconformes del ejido Juan Sarabia ya reciben acompañamiento legal tras interponer una queja por presuntos actos de nepotismo durante la reciente renovación de la directiva ejidal. La funcionaria precisó que la institución ya asignó una abogada agraria para integrar los elementos presentados y determinar la gravedad del caso. “Si la documentación es suficiente para iniciar un procedimiento legal, la Procuraduría brindará asesoría y acompañamiento hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Consultada sobre la coordinación con el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con sede en Chetumal, Cobos Arana aseguró que existe comunicación permanente para atender con prontitud las múltiples denuncias de despojo y abusos registradas en Juan Sarabia. Subrayó que el objetivo es recuperar la confianza de los ejidatarios mediante respuestas claras, coordinación institucional y trámites expeditos en cada expediente.

Los señalamientos de los ejidatarios apuntan a que la asamblea donde se eligió a la nueva directiva estuvo “amañada”, ya que —según denuncian— se impuso como comisario al hermano del dirigente saliente, ambos de apellido Cantú Galindo, además de integrar la planilla con otros familiares de apellidos Cantú y Haro, configurando un presunto caso de nepotismo y control familiar del ejido. Los inconformes, entre ellos Salomón Cota Marcial, afirman contar con audios que evidencian coacción al voto, pues en plena asamblea se prometió repartir utilidades después de que los asistentes apoyaran a la planilla del hermano del comisario saliente.

A estos señalamientos se suma una denuncia ante el Tribunal Unitario Agrario para exigir la rendición de cuentas sobre la venta de material pétreo destinado a las obras del Tren Maya, la cual —aseguran— la directiva se ha negado a transparentar. Ejidatarios como Francisco de la Cruz Méndez denuncian amenazas de muerte, intimidación con golpeadores y presiones contra quienes exigen claridad en el manejo de recursos, incluida la renuncia de su abogado por temor a represalias. Raymundo Zavala Peña confió en que la intervención anunciada por la Procuraduría Agraria permita aplicar la ley sin distinciones, recordando que casos similares en otros ejidos del estado han derivado en sanciones, encarcelamientos y órdenes de aprehensión por malos manejos superiores a los 300 millones de pesos. “Esperamos la misma justicia”, sentenció.

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