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Redacción / CAMBIO 22

En cuestión de horas, varias personas armadas paralizaron Guadalajara, uno de los principales motores económicos de México y hogar de cerca de cinco millones de personas, el pasado 22 de febrero. Las carreteras de acceso y salida quedaron bloqueadas con autos y tráileres incendiados, varios negocios fueron quemados y el gobierno local ordenó la suspensión inmediata de todo el transporte público, además de pedir a la población que se resguardara en sus casas.

La violencia fue parte de una ofensiva coordinada del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), después de que el Ejército mexicano abatiera al líder del grupo, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, junto con otros integrantes de alto rango. El operativo se realizó en el pueblo boscoso de Tapalpa, ubicado a unas tres horas al oeste de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

Dos días después del caos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las autoridades habían recuperado el control y que la ciudad podía volver a la normalidad. En tanto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que el estallido de violencia fue “extraordinario”.

Tras dos décadas de la guerra de México contra el crimen organizado, Sheinbaum y Lemus no son los primeros funcionarios en enfrentar episodios de este tipo, y mucho menos en esta ciudad. La historia criminal de Guadalajara no comenzó con el CJNG. Desde al menos la década de 1980, la ciudad ha vivido una dualidad constante, marcada por una fuerte presencia del crimen organizado.

Hoy, la violencia es resultado del rápido crecimiento del CJNG, que surgió en 2010 tras la fragmentación del Cartel de Sinaloa y el Cartel del Milenio. Desde entonces, el grupo ha pasado años construyendo un sistema de control criminal en Guadalajara, su principal bastión urbano.

Las escenas que se vivieron ese día fueron particularmente llamativas. Hombres armados y fuerzas de seguridad se enfrentaron en distintos puntos de la ciudad, incluso en las inmediaciones de una base de la Guardia Nacional al norte. Mientras el cielo se cubría de humo, en distintos puntos se escuchaban ráfagas de disparos y los teléfonos celulares no dejaban de llenarse con mensajes y reportes que alimentaban el pánico.

“Lo último que supe de mis papás es que tuvieron que resguardarse en una tienda porque comenzaron a escuchar balazos. Tengo miedo porque la señal se cortó y no he sabido más”, dijo una mercadóloga en Guadalajara que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato por razones de seguridad mientras se desarrollaban los hechos.

Aunque los bloqueos y disturbios se extendieron por varias zonas rurales y en otros 20 estados del país, gran parte de las afectaciones se concentraron en Guadalajara, que también se prepara para recibir la Copa Mundial de Fútbol. De los 25 militares fallecidos a nivel nacional durante la jornada, al menos diez murieron en la ciudad, según el monitoreo de medios locales.

Varios residentes que hablaron con InSight Crime describieron un contexto todavía marcado por el miedo y la incertidumbre, incluso durante los días en los que las autoridades ya habían recuperado el control.

“Aunque ya podemos salir a la calle, muchos preferimos quedarnos en casa porque el ambiente sigue tenso”, dijo una estudiante universitaria en Guadalajara que también prefirió el anonimato por razones de seguridad.

Un control invisible en Guadalajara hasta que deja de serlo

Guadalajara, capital de Jalisco y un centro urbano vibrante, ha experimentado un rápido crecimiento económico en las últimas tres décadas y se ha consolidado como un polo de innovación tecnológica, al punto de ser conocida como el “Silicon Valley de México”. También concentra el poder político estatal y una amplia presencia institucional, con numerosas dependencias de gobierno, fuerzas de seguridad, tribunales, universidades y servicios públicos.

Guadalajara también ha sido durante mucho tiempo el principal lugar de residencia de las bases del CJNG. La ciudad ofrece condiciones ideales: una economía formal dinámica que permite lavar ganancias ilícitas en mercados legales y una ubicación estratégica, cerca de una red de autopistas que conecta las zonas de producción de droga con la frontera de Estados Unidos y los principales puertos del Pacífico. Desde hace décadas, integrantes de grupos del crimen organizado viven aquí con sus familias y se mezclan con las élites locales mientras supervisan operaciones criminales de alcance global.

También invierten grandes sumas de dinero en negocios legales para encubrir las ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico, el robo de combustible, la extorsión y otros mercados criminales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado en las últimas dos décadas a decenas de empresas en Guadalajara por sus vínculos con el crimen organizado, entre ellas restaurantes, complejos habitacionales, comercios, empresas fachada y gasolineras, entre otros.

Aunque en la ciudad también tienen presencia otros actores criminales —desde pandillas hasta células locales de narcomenudeo, redes de extorsión y operadores independientes—, en la práctica todos operan bajo el paraguas del CJNG.

“No hay ninguna otra empresa criminal aquí. Todos los que no forman parte [del CJNG] necesitan una especie de registro con ellos… Pero todo es una misma marca criminal”, explicó a InSight Crime Rogelio Barba, profesor de Criminología de la Universidad de Guadalajara.

A través de estructuras de mando locales a nivel de colonia, conocidas como “plazas”, el CJNG ha dividido la ciudad, ha establecido normas para las economías criminales y ha otorgado permisos para que ciertos actores operen, siempre y cuando reconozcan su autoridad. En la práctica, esta regulación implica controlar el delito común en determinadas zonas, fijar los precios de la droga al menudeo, definir quién puede vender y en dónde, establecer en qué colonias se permite la extorsión y mediar disputas entre operadores independientes.

Este modelo de gobernanza criminal ha funcionado a partir de un cuidadoso balance. Aunque en otras partes del país el CJNG ha optado por una estrategia altamente violenta y frontal, en Guadalajara ha cultivado un perfil más discreto. En buena medida, esto ha implicado corromper a funcionarios locales, cooptar instituciones del Estado y recurrir a la violencia selectiva, en lugar de estallidos cotidianos.

Las desapariciones forzadas son uno de los rasgos de este modelo. Desde 2013, aproximadamente, los casos han aumentado de forma exponencial —incluso a un ritmo más acelerado que los homicidios—, lo que ha convertido a Jalisco en uno de los epicentros de esta trágica crisis que ha crecido en México durante las últimas décadas. Otras formas de violencia menos visibles, como las amenazas, extorsiones y asesinatos selectivos, también son parte del portafolio del CJNG.

Pero esa forma de control, casi invisible, puede romperse en un instante y volverse evidente a través de una violencia extrema, como ocurrió a principios de esta semana. Además de los ataques tras la captura de El Mencho, el CJNG ha paralizado Guadalajara en varias ocasiones en respuesta a operativos de seguridad dirigidos contra el grupo, como en 2011, 2012 y 2015.

También se han registrado balaceras de gran intensidad a plena luz del día. A finales de 2025, por ejemplo, un comerciante fue acribillado por decenas de sicarios en una zona residencial muy concurrida de Guadalajara. En el lugar, las autoridades recogieron más de 2.000 casquillos percutidos, de acuerdo con la fiscalía estatal. Según varios analistas de seguridad consultados por InSight Crime, el ataque habría sido una represalia del CJNG contra el líder de una red de extorsión que no había obtenido el permiso del grupo para operar.

“Los actos de violencia extrema también los usa el grupo para mantener cohesión cuando lo necesita… Una especie de sanciones internas y de decir: ‘miren lo que les pasa a los que no están con nosotros’”, explicó Barba.

Profundos impactos sociales en Guadalajara

Un mes antes de la muerte de El Mencho, cientos de estudiantes se reunieron en el auditorio al aire libre de una secundaria pública en Guadalajara para participar en un taller especial organizado por el gobierno local sobre los riesgos del crimen organizado y el reclutamiento del CJNG en Guadalajara.

“El crimen organizado busca reclutar a muchachitos como ustedes”, dijo un policía estatal de pie en el centro del espacio. “No lo hagan, en su casa los esperan”.

Los estudiantes escucharon con atención. Tras la presentación, se dividieron en distintos salones para debatir y compartir lo que sabían sobre el tema. En una de las sesiones a las que asistió InSight Crime, el expositor preguntó si podían definir el crimen organizado. Varios levantaron la mano. Ninguno mencionó a “los narcos”, pero predominó la idea de que eran “quienes controlan las colonias”.

El programa fue una respuesta oficial a la crisis de desapariciones en el estado, agudizada tras el hallazgo del Rancho Izaguirre en 2025. El predio rural, ubicado a una hora al oeste de Guadalajara, funcionaba como centro de adiestramiento y posiblemente también como campo de exterminio del CJNG, donde los reclutas eran entrenados para combatir. Quienes se resistían probablemente eran asesinados allí, según los colectivos de búsqueda consultados por InSight Crime.

Raúl Servín, integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco, estuvo entre quienes localizaron el rancho. Su hijo fue desaparecido por hombres armados en Guadalajara en 2018 y, desde entonces, acompaña a más de 500 familias que enfrentan la misma dura realidad.

Para Servín, el impacto social de la presencia y el control del CJNG en Guadalajara es evidente, incluso cuando pasa desapercibido. La violencia, afirma, se agrava por el hecho de que autoridades locales han sido señaladas por coludirse con el CJNG para llevar a cabo desapariciones forzadas.

“Nos sentimos solos porque no hay confianza en las autoridades”, dijo.

Muchos de los restos humanos que Servín y sus compañeros de búsqueda han encontrado estaban enterrados en zonas habitacionales en la periferia de la ciudad. A mediados de febrero, localizaron el cuerpo de un menor de edad sepultado en el patio trasero de una casa. Un mes antes, habían encontrado otros dos cuerpos enterrados en una vivienda a la que solo pudieron ingresar gracias a un resguardo armado de la Guardia Nacional.

La capacidad del CJNG para ocultar a decenas de víctimas dentro de viviendas en Guadalajara refleja el nivel de control social que ejerce el grupo, señala Jorge Ramírez, profesor de Sociología de la Universidad de Guadalajara.

“Estas colonias están prácticamente tomadas por el crimen organizado”, explicó.

 

 

 

Fuente: Insight Crime

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