La Nueva Ley de Telecomunicaciones: Entre el Derecho a Conectarse y la Responsabilidad de Proteger la Democracia”

Doctora Candy Raygoza / CAMBIO 22

En la era digital, el acceso a internet ha dejado de ser un privilegio para convertirse en un derecho esencial. Conectarse ya no solo implica tener una ventana al entretenimiento o a la información: es, sobre todo, una herramienta para ejercer otros derechos fundamentales, como el acceso a la educación, la salud, el trabajo digno y la participación ciudadana. Por ello, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa un punto que merece ser discutido desde una visión ética, jurídica y social.

Reconocer legalmente a las telecomunicaciones como un bien público de interés general es un paso que puede beneficiar a millones de personas que aún hoy viven excluidas de las redes digitales. Hablamos de comunidades rurales, zonas marginadas, personas con bajos recursos y pueblos indígenas históricamente invisibilizados. Para ellos, la conectividad representa una posibilidad real de acceder a otros derechos y de fortalecer su voz en los asuntos que les competen.

También es oportuno destacar que la ley promueve la protección de los derechos de las audiencias, al establecer obligaciones para que los medios diferencien claramente entre opinión e información, cuenten con defensorías internas y actúen conforme a códigos de ética. Estos puntos abonan a una comunicación más transparente, diversa y respetuosa.

Sin embargo, no todo lo que brilla en esta reforma es luz. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano autónomo encargado de regular el sector con independencia del poder político, representa una pérdida que debe preocuparnos como sociedad democrática. Su eliminación y la creación de nuevas entidades bajo el mando del Ejecutivo federal generan incertidumbre sobre la imparcialidad futura en la toma de decisiones.

Desde la perspectiva de los derechos humanos y la Cultura de Paz, este reacomodo institucional plantea serios cuestionamientos. Una democracia saludable necesita instituciones técnicas que actúen con neutralidad, canales efectivos de participación ciudadana y garantías reales de que la tecnología no se convertirá en instrumento de control. Si el acceso a internet debe abrir puertas, nunca debe convertirse en una forma de vigilancia ni en una amenaza al pensamiento crítico.

La ley conserva disposiciones que permiten a las autoridades acceder a datos sensibles como la geolocalización, aunque ahora exige orden judicial. No obstante, es preciso señalar que en un país con antecedentes de espionaje, persecución a periodistas y represión de voces incómodas, cualquier resquicio legal puede ser utilizado de forma indebida. La transparencia y la rendición de cuentas no deben ser promesas vagas, sino condiciones verificables.

La Cultura de Paz implica mucho más que la ausencia de violencia. Supone fomentar entornos donde las personas puedan expresar sus ideas sin miedo, defender sus derechos sin represalias y ejercer sus libertades con respeto. Concentrar decisiones tan delicadas en una sola esfera de poder político no se alinea con estos principios. Tampoco lo hace eliminar órganos autónomos que garantizan pluralidad, equilibrio y vigilancia ciudadana.

México requiere avanzar en su soberanía digital, sí, pero también necesita hacerlo con conciencia democrática, con respeto a la diversidad cultural, con apego a los derechos humanos y con políticas públicas que realmente reflejen el interés colectivo. Una conectividad que incluya a las comunidades más apartadas es necesaria, pero debe ir acompañada de medidas que protejan su libertad, su identidad y su derecho a decidir sobre su propio destino.

Conectarse es importante, pero no debemos desconectarnos de lo esencial: justicia, dignidad, participación y paz.

Dra. Candy Raygoza.
Abogada, Psicoterapeuta especializada en Hipnosis y Tanatología.
Maestría en Derechos Humanos, Doctora en Derecho.
Presidenta Nacional y Fundadadora de Líderes Juaristas A.C.
Presidenta de la COMNAPAZ en QRoo.
Colaboradora en Diario Cambio 22.

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