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• Productores alertan que la reforma elimina derechos adquiridos sobre concesiones, devalúa tierras y amenaza la viabilidad de miles de pequeños agricultores.

 

• El endurecimiento de requisitos técnicos para conservar el acceso al agua y la crisis por los precios del maíz alimentan un escenario de bloqueos, cierres de aduanas e intensificar el paro nacional.

 

 

Renán Castro Hernández/ CAMBIO 22

El Congreso mexicano aceleró el proceso legislativo para aprobar antes del 15 de diciembre la nueva Ley General de Aguas, una reforma que ha desatado uno de los mayores puntos de tensión entre el Gobierno federal y el sector rural en los últimos años. Productores agrícolas y ganaderos de diversas regiones del país consideran que esta legislación representa una amenaza directa para la estabilidad económica del campo mexicano, ya golpeado por conflictos recientes como el enfrentamiento por el precio del maíz.

La inconformidad no es menor: las organizaciones campesinas preparan bloqueos carreteros, cierres de aduanas y una posible paralización nacional si Morena y sus aliados insisten en aprobar la ley sin incorporar sus demandas, el país podría enfrentar una nueva oleada de protestas en cuestión de días.

El eje del conflicto es la modificación al régimen de concesiones de agua, la iniciativa propone que los permisos para uso agrícola ya no puedan venderse, heredarse o transferirse entre particulares, cuando una concesión deje de usarse, regresará automáticamente al Estado, para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pueda reasignarla.

Hasta ahora, la legislación permitía la transición privada, lo que dio origen a un mercado paralelo de compraventa que ha operado durante décadas sin control gubernamental.

El Gobierno argumenta que la reforma busca precisamente poner orden y evitar la especulación.

Para las organizaciones rurales, sin embargo, el efecto es otro, las tierras pierden valor sin una concesión asociada.

“Es una ley regresiva que nos despoja de los derechos ganados con las concesiones de agua; pone en riesgo la estabilidad de nuestras familias”, afirma Eraclio Rodríguez, exdiputado y líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo.

La preocupación es compartida por miles de pequeños productores que dependen de concesiones mínimas para sostener sus cultivos.

🟥#Ahora | Representantes campesinos intentaron sin éxito hablar con la secretaria del @bienestarmx, @A_MontielR, en el @senadomexicano.

Rechazaron pertenecer a algún partido político y advirtieron que la titular de la @SEGOB_mx les confirmó que algunos de sus integrantes… pic.twitter.com/B9TvLD21LK

— Animal Político (@Pajaropolitico) November 26, 2025

El peso de la desigualdad técnica: infraestructura que el pequeño productor no puede costear

Otro punto crítico es que los volúmenes de agua en la nueva ley quedan condicionados a que el usuario cuente con infraestructura tecnificada y sustentable, como sistemas de riego por goteo, aspersión, medición digital y canales entubados.

Para la gran agroindustria, estos requisitos forman parte de su operación habitual, Para el pequeño y mediano productor, en cambio, representan un costo inalcanzable.

“Tenemos canales de tierra, no sistemas de goteo. No contamos con el recurso que tienen las empresas extranjeras”, lamenta Horacio Gómez, presidente de los productores de trigo en Baja California.

Campesinos entrevistados aseguran que, de aprobarse la ley tal como está, miles de productores quedarían fuera del sistema de concesiones por no poder cumplir con la infraestructura mínima exigida, lo que abriría paso a la reasignación del agua a otros sectores.

Estudios académicos han documentado que alrededor de 3,300 grandes usuarios privados, apenas el 1.1% del padrón, concentran el 22% del agua concesionada del país, equivalente a 13,000 millones de metros cúbicos al año.

El rezago histórico en la supervisión y la falta de trazabilidad alimentaron un escenario donde la Conagua dejó de tener información precisa sobre el uso real del recurso.

La nueva ley busca corregir estas distorsiones, sin embargo los campesinos temen que las reasignaciones terminen favoreciendo a los mismos actores que ya concentran el mayor volumen.

Negociaciones estancadas y una oferta que el campo rechazó

Las organizaciones rurales sostuvieron reuniones con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Agricultura, sin llegar a acuerdos, el Gobierno ofreció incluir algunas de sus demandas en un artículo transitorio, pero los líderes campesinos rechazan esta alternativa, debido a que las disposiciones transitorias pueden derogarse o modificarse con facilidad.

Los representantes piden una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que la información no está llegando con claridad a la mandataria.

🔴“Necesitamos rescatar el campo”: Baltazar Valdez, delegado del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, señaló que el sector necesita atención urgente.

Confirmó que tendrán otra reunión con el subsecretario César Yáñez.

“Hay voluntad; esto es resultado de la lucha,… pic.twitter.com/xefsKH2rG6

— Azucena Uresti (@azucenau) November 27, 2025

El frente campesino discutió el fin de semana en Ciudad de México las medidas que adoptarán si la reforma avanza.

Entre las acciones previstas están:

• Incrementar el cierre de carreteras en varios estados

• Bloqueo de aduanas y pasos fronterizos

• Suspensión de operaciones en empresas clave

• Toma simbólica de instalaciones federales

• Conferencia frente a Palacio Nacional

• Y un eventual paro nacional

Hace apenas unas semanas, una movilización similar por el precio del maíz obligó al Gobierno a modificar su postura, los productores confían en que la presión social podría frenar o modificar la reforma.

La nueva Ley General de Aguas intenta atender problemas reales según el gobierno, la falta de control sobre concesiones, la concentración del recurso y el uso discrecional en regiones críticas, pero la solución que plantea no distingue capacidades técnicas, económicas ni las profundas desigualdades entre la agroindustria y los pequeños productores.

El campo teme que esta ley termine por quebrar a quienes menos margen tienen para adaptarse, y que la reasignación de concesiones favorezca a sectores con mayor poder económico.

El Gobierno, por su parte, insiste en que la reforma garantiza el derecho humano al agua y busca una distribución más justa, Ambos discursos avanzan en líneas paralelas que todavía no se encuentran.

#MañaneraPresidenta | ¡GANAN 300 MDP POR ABUSAR DEL AGUA!

“No al acaparamiento del agua ni a los privilegios”, afirmó Claudia Sheinbaum al defender la reforma a la Ley de Aguas.

Denunció que algunos manifestantes buscan sembrar “una idea de caos”, mientras en varios distritos… pic.twitter.com/ppyn7vTCyy

— Juncal Solano (@juncalssolano) November 26, 2025

Mientras tanto, el país se acerca a una fecha límite con la tensión al máximo, el agua, nuevamente, está a punto de convertirse en el eje de un conflicto nacional.

Para darles un poco más de contexto, el acceso al agua subterránea para el riego y la ganadería en México es un proceso complejo y altamente regulado, ya que el agua es considerada Propiedad de la Nación. Por ello, el uso productivo exige un Título de Concesión otorgado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Este título no es un permiso de extracción libre, sino un derecho de uso que especifica el volumen exacto de metros cúbicos (m³) que el productor está autorizado a extraer anualmente, y que tiene una vigencia limitada que exige una prórroga constante.

El proceso para conseguir la concesión de un pozo se articula en tres fases críticas, inicia con un Estudio de Necesidad de Agua que debe demostrar la disponibilidad legal del acuífero; si se aprueba, CONAGUA emite el Permiso de Perforación, exigiendo que el pozo se construya bajo estrictas normas técnicas, finalmente, para recibir el Título de Concesión, el pozo debe ser equipado con medidores para que la extracción de agua pueda ser fiscalizada y verificada, atando al productor a un control de volumen y tiempo.

Ahora bien, la complejidad burocrática y el alto costo de este proceso actúan como una barrera insalvable para muchos pequeños productores, lo que fomenta la existencia de numerosos pozos ilegales o “pozos pirata” que operan sin control, agravando la sobreexplotación de los acuíferos.

El contraste entre la ley actual y la propuesta del gobierno radica en la prioridad y la seguridad de la inversión, bajo el sistema actual, un ganadero en Yucatán invierte en su pozo con la expectativa de que su Título de Concesión a 15 años será renovado casi automáticamente, dándole seguridad jurídica a su negocio. La Nueva Ley, en cambio, busca imponer la prioridad absoluta del agua para consumo humano.

Por ejemplo, si un acuífero de Tizimín se agota por crecimiento poblacional, la ley permitiría a CONAGUA reducir o anular la concesión del agricultor para garantizar que haya agua para la ciudad, aun cuando el productor haya operado de forma legal, su derecho, que antes era fijo, se vuelve condicional a la necesidad pública.

La diferencia también se observa en la fiscalización, el sistema actual es muy costoso y complejo para el productor honesto, pero a la vez es ineficaz contra la extracción ilegal (los “pozos pirata”) La Nueva Ley busca reemplazar esta burocracia obsoleta con un control técnico y federal estricto, obligando a todos los concesionarios a usar tecnologías de medición sofisticadas.

Si bien esto podría mejorar la transparencia, también significa que si el agricultor supera el volumen permitido en un periodo corto (por una sequía intensa), podría enfrentar sanciones severas o la cancelación de su título, algo que actualmente se maneja con mayor laxitud, aumentando así la vulnerabilidad legal del sector primario.

La fragilidad del sector primario en todo el país se agrava con el riesgo de un cambio regulatorio inminente, la Nueva Ley de Aguas Nacionales, que si bien es justificada por CONAGUA como una herramienta para frenar el acaparamiento y garantizar el derecho humano al agua, amenaza directamente la seguridad jurídica del productor, la ley propuesta transforma la concesión de agua del agricultor o ganadero que antes era un derecho renovable y seguro en un privilegio revocable, pues faculta al Estado para cancelar o restringir volúmenes por razones de sobreexplotación o de utilidad pública.

Esto significa que la vulnerabilidad sistémica del campesinado, que ya sufre por la burocracia y los altos costos, se profundizaría con una incertidumbre legal que podría despojarlo de su insumo vital en cualquier momento en favor de la prioridad social.

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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