• El arribo del obradorismo al poder en 2018 trajo consigo un debate sobre la naturaleza del Estado.

 

Redacción/CAMBIO 22

El arribo del obradorismo al poder en 2018 trajo consigo un debate sobre la naturaleza del Estado. Efectivamente, hubo algunas voces dentro del oficialismo que proponían que la realización de todas las funciones relevantes del Estado, incluida la tutela de derechos, la fiscalización y la regulación deberían centralizarse en el propio Poder Ejecutivo.

Esa es la visión del Presidente de la República que nunca ha ocultado su animadversión hacia los órganos constituyentes autónomos y los organismos reguladores con autonomía legal. La idea raíz del régimen es que el ecosistema de instituciones autónomas, colegiadas, profesionales y con renovación escalonada transexenal, que se crearon durante el periodo de transición a la democracia, es ilegítimo porque es una instancia que no está en la órbita de control del Poder Ejecutivo.

Se trata, sin duda, de una visión populista, autoritaria e iliberal que no toma en cuenta que el gobierno federal, para no convertirse en un poder tiránico, debe ser fiscalizado, regulado y complementado por instancias del Estado con suficiente independencia.

Tratemos el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Su misión es muy importante, ya que busca proteger el derecho humano a la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos privados de las personas.

Es claro que las propias instancias a las que se les pide transparencia y de las que se demanda información, no podrían analizar con justeza su nivel de transparencia al tener un interés creado en favor de lo apropiado de su actuación.

La incidencia del INAI frente a sujetos obligados particulares tampoco es menor: recientemente la SCJN ha validado el procedimiento de imposición de sanciones a particulares por el uso indebido de información personal.

A pesar de todo esto, el Presidente de la República y su grupo continúan defendiendo su visión iliberal y autoritaria del poder. Recientemente una mayoría del Senado no cumplió con su mandato judicial de nombrar a dos comisionados del INAI debido a que no hubo el consenso necesario.

Todo esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Cámara Alta designar a los comisionados en el periodo de sesiones en curso que concluye el 15 de diciembre. Se abre la interrogante, entonces, de si es legítimo o legal que representantes populares en el Congreso pueden ausentarse sin justificación durante votaciones fundamentales para el interés de la República.

En ese contexto, resalta la necesidad imperiosa de mantener la independencia del INAI ante cualquier grupo político y, a la vez, preservar la cohesión al interior del organismo, lo cual toma especial relevancia frente a la inminente elección por los comisionados del INAI de su nuevo Presidente el próximo 10 de diciembre.

En conclusión: nuestro INAI es una pieza fundamental para el buen curso de nuestra República.

 

Fuente: EL HERALDO

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