Lozoya fue el peón de Scherer, primero, y de Gertz Manero después, quien, fastidiado de sus mentiras y falta de soporte en sus acusaciones contra dos decenas de personas, lo mantiene bajo proceso penal. No obstante, la Fiscalía General, que no pudo ir contra Peña Nieto ni contra Calderón, ni contra los exsecretarios de Hacienda Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González, porque no pudieron probarles nada, mantiene forzadamente la acusación contra Treviño por corrupción, en particular por su presunta participación en el caso de la planta Etileno XXI, operada por Braskem, una filial del conglomerado brasileño Odebrecht.
La Fiscalía General no lo detuvo porque Treviño se fue del país. Le pidió a Interpol una ficha de notificación para que lo ubicaran y lo detuvieran. Treviño se defendió. Presentó un alegato ante la Comisión de Archivos de Interpol para que le quitaran la notificación, sobre la base de que era un perseguido político en México, al igual que su abogado Óscar Zamudio. En marzo de 2023, la Comisión le dio la razón y determinó que, por violaciones procesales y por tratarse de una fabricación en la que se violaron sus derechos fundamentales, se cancelaba la notificación y la borró de los archivos de la Interpol. No obstante, la Fiscalía General persiste. En la actualidad, Treviño está esperando la revisión de un amparo que le negaron contra las imputaciones en un tribunal colegiado.
Cuando detuvieron a Treviño a mediados de agosto en Texas, la presidenta Sheinbaum dijo que era consecuencia de la solicitud de extradición presentada hacía cinco años, y “en los próximos días”, anunció, sería deportado para enfrentar en México su juicio por el caso Odebrecht. Nunca sucedió eso. Treviño fue detenido cuando iba al banco en Frisco, un próspero suburbio de Dallas, por agentes migratorios.
La narrativa de Sheinbaum no se sostuvo. Treviño tuvo su día en la Corte. Sus abogados cuestionaron la acción de los agentes de migración y probaron que tenía permiso para residir y trabajar, que no había cometido ningún delito en ese país, que no tenía antecedentes ni era un riesgo ni una amenaza para Estados Unidos, y que estaba en proceso su solicitud de asilo político, que confirmó el Departamento de Estado. El juez que escuchó su caso lo dejó en libertad, mediante una fianza de 75 mil dólares, que recuperará cuando concluya el trámite de asilo político. Nada más. No hubo brazalete electrónico ni tener que firmar semanalmente en el tribunal. La fiscal que lo acusó no apeló.
Esta información es del conocimiento del gobierno de México, pero la presidenta Sheinbaum optó por la desinformación y la mentira. Treviño vive en Prosper, un suburbio de Dallas, donde vive y trabaja, con todos sus documentos en regla y pendiente su solicitud de asilo. Paradójicamente, el pronunciamiento de la presidenta esta semana ayuda a los abogados del exdirector de Pemex para documentar la persecución del gobierno mexicano, por la forma sistemática en que ha hablado de él en las mañaneras, sin importale la vulneración del debido proceso, con fines políticos.
La narrativa del combate a la corrupción ha perdido fuerza y credibilidad. En la última encuesta sobre la aprobación de Sheinbaum publicada por EL FINANCIERO, 75% reprobó su gestión en este rubro y su aprobación continuó en picada. Los escándalos de la familia López Obrador y de varias de las figuras más representativas del régimen son la causa de ello. Insistir en Treviño no revertirá la tendencia, pero quizás le ayude a convertirse en el primer asilado político de su gobierno.
