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• Las Dudas prevalecen en un “pueblo sin ley”; La Impunidad se Impone y Exhiben de Nuevo las Complicidades que se tejen al más alto nivel.

 

 

 

• Las dudas lejos de disminuir con el comunicado Oficial se increntan al investigar periodísticamente sobre la muerte del Sicario Miguel “N” “La Casilda” del Cártel de Caborca y en la Liberación de Una de las Detenidas.

 

 

Renán Castro Madera/ CAMBIO 22

 

Las dudas prevalecen en un pueblo sin ley; en una comunidad donde el número de desaparecidos se multiplica un día sí y otro también.

En Felipe Carrillo Puerto La Impunidad se Impone y exhiben de nuevo las complicidades que se tejen al más alto nivel, en dónde los jefes criminales conviven y manejan la administración y hasta los amores con familiares de autoridades locales.

Las acciones de violencia extrema, pulverizan cualquier discurso de avance en el combate al crimen organizado.

Las alianzas se han tejido entre políticos morenistas e integrantes del Cártel de Caborca, lo que ha desembocado en el clima de violencia extrema que prevalece en este importante municipio quintanarroense.

Los levantones, extorsiones y cobros por derecho de piso se han convertido en impuestos criminales” implementados forzosamente en la vida diaria del carrilloportense.

Y lo han logrado gracias al accionar de las autoridades federales, quienes han volteado la vista para otro lado y las estatales las consecuentan y maquillan para no engrosar las cifras alarmantes que otorga la extrema violencia que padece el lastimado pueblo de la vieja Chan Santa Cruz.

Su presencia en el municipio únicamente sirve para camuflajear el desastre administrativo y en materia de seguridad que ha construido la actual presidente municipal Maricarmen Candelaria Hernández Solís.

La violenta jornada vivida ayer por el pueblo de Carrillo Puerto, ejemplifica con creces esa complicidad criminal que ahoga y hunde a los habitantes de ese importante municipio.

Y el maquillaje de todo lo anterior se reduce a la forma en que las autoridades competentes presentaron la
muerte de Miguel “N”, alias “La Casilda”, presunto lugarteniente del jefe de plaza del Cártel de Caborca en Felipe Carrillo Puerto.

Este asesinato fue presentado por autoridades estatales como un golpe decisivo contra la delincuencia; sin embargo, los hechos posteriores revelan un escenario más complejo, marcado por las contradicciones, las grave omisiones y una violencia que no se detiene.

De acuerdo con la versión oficial de la Fiscalía General del Estado, “La Casilda” fue abatido durante un enfrentamiento armado con fuerzas del Grupo Interinstitucional, integrado por elementos de la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales.

En el operativo se aseguraron armas de alto poder, granadas, vehículos presuntamente usados en privaciones ilegales de la libertad y equipo táctico.

La Fiscalia de Quintana Roo subrayó que el fallecido era un objetivo prioritario del Atlas delictivo estatal, con orden de aprehensión vigente por homicidio y desaparición de personas, además de que se ofrecía una recompensa de 700 mil pesos por información que llevará a su captura.

No obstante, fuera del comunicado oficial, el contexto operativo deja preguntas abiertas y con más dudas sobre el dominio del Crimen organizado en este importante municipio.

En el mismo enfrentamiento, el jefe de plaza identificado como Vladimir Moreno logró escapar, pese al amplio y supuesto despliegue de fuerzas federales y estatales.

Su huida contrasta con el discurso de “cero impunidad” y evidencia que la estructura criminal no fue desarticulada por completo.

Más delicado aún resulta el manejo de las detenciones.

De manera extraoficial y frente a testigos presenciales se comprobó que entre los detenidos se encontraba una mujer que responde al nombre de María José Aguilar Maldonado, supuesta pareja sentimental de Vladimir Moreno y señalada de participar en levantones y otros Delitos de Alto Impacto.

Sin embargo y pese a los agravantes que pesan en su Contra fue dejada en libertad por su cercanía política con la presidenta municipal a través de vínculos familiares con un alto funcionario de su equipo de trabajo.

Esta persona fue puesta en libertad posteriormente, sin que hasta ahora exista una explicación pública clara sobre los criterios legales que sustentaron su liberación.

Mientras las autoridades celebran el abatimiento de un objetivo prioritario, la violencia cotidiana continúa.

Unas horas después, se reportó el tercer “levantón” en menos de una semana en el municipio: un taquero de 45 años, Olegario Santos Aké, fue privado de la libertad en la comunidad de Tuzik por sujetos armados que se hicieron pasar por fuerzas de seguridad.

El operativo de búsqueda activado tras el reporte al 911 no arrojó resultados.

Este caso se suma a una estadística alarmante: más de 200 hombres y casi 70 mujeres desaparecidos en la zona sur del estado, además de recientes reportes de otros dos jóvenes no localizados.

La secuencia es clara: abatimientos, comunicados oficiales, pero sin detenciones firmes ni resultados sostenidos.
La cronología de los hechos obliga a una lectura crítica. El abatimiento de “La Casilda” no frenó los levantones, no evitó la fuga de otro jefe criminal y no garantizó que los detenidos enfrenten procesos judiciales sólidos.

En Felipe Carrillo Puerto, la violencia persiste y la impunidad sigue siendo el hilo conductor entre los discursos oficiales y la realidad en las calles.

 

 

 

 

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