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• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

La emblemática laguna de Bacalar sigue siendo dañada de manera irreversible por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), instancia que se tomó la atribución de construir una casa de descanso para sus efectivos, sin tomar en cuenta a la comunidad, mucho menos a las leyes que prohíben una intervención de tal naturaleza, pero hasta el momento no hay ninguna instancia gubernamental en Quintana Roo que esté dispuesta a hacerle frente a los militares, ya que el poder político y económico que les regaló Andrés Manuel López Obrador, los ha convertido en intocables.

Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), es una organización civil que el pasado jueves 15 de mayo difundió un video por medio del cual cuestiona a la SEDENA por haber reiniciado los trabajos de construcción irregular en la Laguna de Bacalar, a pesar que un juez se les suspendió la obra.

Al observar el video se puede apreciar se está usando maquinaria pesada dentro de la referida construcción, por lo que es evidente que la SEDENA violó la suspensión.

A finales de abril pasado, las organizaciones Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS), fueron quienes promovieron un amparo para detener dichas obras, respaldados por la ciudadanía organizada, informó en su momento el medio Animal Político.

Esta obra se realiza en la zona federal de la Laguna de Bacalar sin que hasta el momento la institución haya presentado los permisos correspondientes como los estudios de impacto ambiental. En la era de la 4T los militares se volvieron a embestir de los privilegios que les quitó la reforma de Benito Juárez y la Revolución Mexicana. Apenas, les ofreció AMLO impunidad y se lo tomaron en serio, porque no hay ninguna autoridad que los pueda meter en cintura. La cúpula de los militares de este país deben recordar que son personas servidoras públicas y que deben respetar la ley, porque en la Constitución no tienen fueros ni privilegios.

La suspensión del juez se otorgó a las organizaciones demandantes porque para iniciar este proyecto militar no se presentaron los permisos ambientales necesarios. Hasta el momento no existe una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), mucho menos un proceso de consulta a la ciudadanía que vive en Bacalar. La comunidad de Bacalar y activistas han protestado, pero en Quintana Roo no hay autoridad que quiera llamar a la cordura y a la institucionalidad a las fuerzas armadas.

La referida suspensión tiene los efectos de detener de inmediato la construcción de esa casa de descanso para los militares porque pone en riesgo el medio ambiente de Bacalar.

A la 4T no le bastó destruir selva, bloquear los pasos naturales de la fauna de la región, contaminar el suelo y los recursos hídricos de la zona con la construcción del Tren Maya, ahora, con total impunidad van sobre la destrucción de la Laguna de los Siete Colores de Bacalar.

Por su parte, Greenpeace México el pasado 25 de abril expresó su apoyo a la lucha ciudadana en Bacalar y celebró la suspensión provisional “Concedida el pasado 22 de abril por un Juez de Distrito en Quintana Roo, a las obras de construcción que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realiza en la zona federal de la Laguna de Bacalar”.

La organización internacional, dijo que esta medida judicial “es un paso significativo en la defensa ambiental y un logro de la ciudadanía y organizaciones que han alzado la voz para defender el equilibrio ecológico, el patrimonio cultural y el derecho a un medio ambiente sano”.

Recordó que la construcción, iniciada en enero de este año, fue denunciada por no contar con los permisos ambientales necesarios, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni haber pasado por un proceso de consulta pública a la comunidad.

Greenpeace México, advirtió que el proceso de dragado con maquinaria pesada podría ocasionar daños ambientales irreversibles a la laguna de los siete colores, además de las afectaciones propias de la construcción y uso del inmueble.

Hasta el momento, la Sedena se ha limitado a alegar que su construcción está exenta de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental que la ley ordena, mientras que la Semarnat alega que se trata de una intervención que no genera desequilibrio ecológico, pero sin mayor justificación o pruebas que respalden tal afirmación.

Hizo un llamado a la legalidad y la transparencia por parte de las autoridades encargadas de salvaguardar la integridad de la laguna y del medio ambiente. Es indispensable que se realice una revisión profunda sobre los impactos ambientales del proyecto, y que se garantice la participación informada de la comunidad.

De acuerdo a un comunicado difundido por la SEMARNAT el pasado primero de abril, se demuestra que la SEDENA tiene todo el apoyo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para hacer y desahacer de la Laguna de Bacalar.

Aquí algunos párrafos del referido documento:

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informa que con fecha 27 de marzo de 2025 notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) la resolución al trámite denominado “Exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental” para realizar el mantenimiento y sustitución de diferentes componentes al inmueble en Bacalar, Quintana Roo, con el fin de brindar seguridad e integrar componentes más sustentables y adecuados al espacio en donde se encuentra ubicado.

Dicho inmueble, construido desde 1983 en un predio cedido a Defensa por parte del Gobierno del estado de Quintana Roo, presentó desgastes y daños estructurales, por lo que la dependencia solicitó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) una exención de Manifestación de Impacto Ambiental para realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento.

La razón por la que se pidió dicha exención, con el número de Trámite SEMARNAT-04-006, es porque el proyecto implica una intervención que no genera desequilibrio ecológico o transgrede la normatividad aplicable en materia ambiental, previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental.

La Secretaría de la Defensa Nacional considera implementar medidas preventivas y de mitigación durante el desarrollo de las actividades, con el fin de proteger los factores bióticos y abióticos que integran el ecosistema de la Laguna de Bacalar.

Este inmueble es ocupado como espacio de descanso para personal con estrés postraumático a consecuencia de agresiones sufridas en operaciones de alto riesgo y otros actos del servicio para coadyuvar a su recuperación física y mental.

Corresponderá a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizar los actos de inspección y vigilancia ambiental para verificar la correcta aplicación de las medidas preventivas y de mitigación consideradas en el resolutivo de autorización de la exención otorgada al proyecto, y en caso de incumplimiento, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. Hasta aquí el comunicado de la SEMARNAT, del cual se desprende que autoridades federales, estatales y municipales dieron su visto bueno paran que la Laguna de Bacalar sea destruida. Solo la participación ciudadana puede evitarlo.

 

redaccion@diariocambio22.mx

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