marzo 1, 2024 08:50

Renán Castro Madera, Director General

  • Entre cinco mil y siete mil millones de pesos la deuda con proveedores que debe liquidar el actual gobierno; se integran expedientes para solicitar al Ministerio Público para que ejerza acción penal contra personas exservidoras públicas de organismos como CAPA y la Secretaría de Desarrollo Económico

 

Graciela Machuca Martinez/CAMBIO 22

Mientras la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza, declaró que la anterior administración dejó adeudos por unos cinco millones de pesos, la coordinadora del equipo de entrega recepción del gobierno estatal, la legisladora federal Anahí González Hernández, afirmó que las deudas no bancarias ascienden a los siete mil millones de pesos, de acuerdo a la documentación encontrada hasta el momento.Ante esta situación, el gobierno estatal enfrenta una crisis de liquidez y de presión de todo tipo de proveedores y prestadores de servicios, quienes no han podido cobrar su dinero desde hace meses y confían que la actual administración les pague, porque muchos se encuentran en quiebra porque le hicieron obra, vendieron insumos, equipo y servicios al anterior gobierno, pero no les pagó.

Mara Lezama aclaró que estos adeudos son aparte de la deuda pública a largo plazo que se tiene con instituciones financieras tanto públicas como privadas. Esta deuda se calcula en unos 26 mil millones de pesos.

LA DEUDA DE CAPA, COJUDEQ Y SEDE

En tanto se investiga porqué no se pagó la referida deuda que está documentando (incluyendo los 3 mil millones que se pagaron de Pasivos de administraciones anteriores que afectaban directamente el patrimonio de los trabajadores) la Secretaría de Finanzas y Planeación, de acuerdo a sus estados financieros, para llegar hasta las últimas consecuencias, como solicitar el ejercicio de la acción penal en contra personas ex servidoras públicas de cuatro dependencias, entre ellas la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la cual ha sido constantemente cuestionada por su opacidad. Las denuncias penales también van contra quienes estuvieron en el primer círculo de toma de decisiones de la Secretaría de Desarrollo Económico.

EL CINISMO DE MANUEL ALAMILLA 

Es momento que se investigue a fondo las irregularidades cometidas por exfuncionarios públicos que fueros cesados del gobierno estatal por su incapacidad y actos de corrupción como el último titular de la desaparecida Oficialía Mayor del gobierno del estado, Manuel Jesús Alamilla Ceballos, quien se despachó con la cuchara grande, además, de diversos actos de abuso de autoridad y violaciones a derechos humanos, como fue el hecho que impidió que una empleada saliera en su horario laboral a una revisión médica porque estaba embarazada y se sentía mal, lo que le provocó un aborto.Al ser el responsable de que esta mujer no haya recibido la atención médica oportuna.

ALAMILLA CEBALLOS TODO UN CRIMINAL 

Alamilla Ceballos se convirtió en un criminal, fue el responsable de la muerte de ese bebé y de las complicaciones médicas de la madre, pero siempre ha rehuido a responsabilizarse de sus actos inhumanos y como servidor público incurrió en violaciones a derechos humanos de una empleada del gobierno del estado, por lo que debe ser sometido a proceso para deslindar sus responsabilidades.

Entre la burocracia chetumaleña se le recuerda a Alamilla Ceballos como el artífice de despidos injustificados, para poner en marcha un sistema de tráfico de plazas y contratos.

Durante su paso por la desaparecida Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se le comprobó que autorizó firmar un contrato por más de cien millones de pesos, para confección de uniformes escolares, con la empresa ADICON, en el año de 2017, que tenía como domicilio fiscal un despacho vacío en el estado de Puebla.

A pesar, que se investigó solo dos de sus colaboradores recibieron sanciones mínimas como la suspensión por 15 días, mientras que la empresa no entregó en tiempo y forma los uniformes, porque no se dedicaba a eso, solo la crearon para quedarse con este tipo de contratos y maquilar los uniformes con otras empresas.

La Secretaría de la Contraloría determinó que el director general de Administración, José Manuel González Acosta, fuera suspendido por 15 días, en tanto que Edwin Azmir Díaz Tello, director de Recursos Materiales, fue inhabilitado por seis meses, sanciones que fueron sometidas a revisión al interponer los sanciones los recursos legales existentes.

Sin embargo, Alamilla Ceballos se lavó las manos y no fue sancionado.A la empresa se le impuso una multa de 12 millones de pesos y fue inhabilitada para futuras licitaciones. Pero también hizo vales los recursos legales que le quedaban a su alcance.

Este exfuncionario debe recordar que aún se le pueden revivir los expedientes sobre los inflados contratos de vehículos blindados, motos de lujo, además, de pagar servicios externos a costos elevados a empresas por actividades que su propia oficina debía desempeñar, como el procesamiento de nómina; las evidencias de contratación de artistas para espectáculos organizados por el gobierno, pero siempre con precios muy por arriba de los establecidos en el mercado.

Es preciso que recuerde que en los bancos de datos gubernamentales están los contratos que se le otorgaron a su esposa.

LA CASA QUE CONSTRUYÓ MANUEL ALAMILLA QUE EN MENOS DE 2 AÑOS DE OFICIAL MAYOR DE 13.5 MILLONES

Quizás a él no le preocupe, pero en Chetumal se recuerda muy bien sobre la construcción de su residencia, que tuvo una inversión de siete millones de pesos, pero que ahora está valuada en 13.5 millones de pesos.

Uno a uno, irán saliendo los expedientes que aún tiene pendientes de aclarar, Alamilla Ceballos, como muchas otras personas servidoras públicas que saben muy bien, hasta que nivel pudieron cubrir sus deslices y por donde les puede llegar la justicia.

Por último, también hay un proceso de entrega y recepción y tendrían que someterse a auditorías para proceder a las denuncias, falta mucho por ver y sin duda que anotar también.

 

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