Graciela Machuca Martínez

Una muestra de la negligencia con que Mara Lezama Espinoza, hoy gobernadora de Quintana Roo, administró los recursos públicos de la sociedad cancunense durante cuatro años, es el caos y los múltiples daños al patrimonio público y privado generado por el paso de una tormenta por conocido internacionalmente centro turístico de Cancún el pasado 25 de mayo.

Sus defensores podrían decir qué tuvo que ver la gobernadora con los daños causados por una intensa lluvia, pues sí, tuvo que ver y mucho, porque ella fue la responsable de nombrar a las personas que autorizaron los permisos de construcción de particulares, ella tuvo que ver con la contratación de obras de vialidades, bajo su mandato se decidió que sé construía y que no en Cancún.  

Las cosas se hicieron mal en materia de desarrollo urbano, a tal grado que un juez federal, el pasado 23 de mayo decidió suspender, dejar sin efecto el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún, que el 15 de septiembre de 2022, con bombos y platillos aprobó el Cabildo presidido por la encargada del despacho del Ayuntamiento de Benito Juárez, Lourdes Cardona, subalterna de Mara Lezama, quien días después tomó posesión como gobernadora de Quintana Roo.

En la referida sesión de Cabildo se aprobó la actualización del Programa Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún (PDU-2022), por medio del cual se subdividió en 22 Distritos y estableció 11 polígonos de actuación. Se agregó uno con el nombre de Pok Ta Pok, desde luego para beneficiar a inversionistas del sector inmobiliario.

Con este nuevo instrumento quedó abrogado el Programa Municipal para el Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Quintana Roo 2018-2030, publicado el 17 de abril de 2019.

El PDU busca priorizar el crecimiento de una ciudad compacta o circular, de fácil y corto acceso a las necesidades básicas, por medio de usos de suelo mixtos, densificación en las zonas que por sus cualidades lo permita y requiera, el aprovechamiento de predios “ociosos”, vacantes o subutilizados, el crecimiento vertical y el impulso al mejoramiento y progresividad del espacio público “con perspectiva de género”.

Entre los polígonos de reciente creación destacaron el Puente Nichupté, con 59.69 hectáreas y Pok Ta Pok, con 101.83 hectáreas; además de Donceles 28-Lombardo Toledano, con 54.1 hectáreas.

Recientemente, el Juzgado Quinto de Distrito ordenó reponer el procedimiento para formular y aprobar el instrumento de planeación, garantizando el acceso de los ciudadanos a los documentos que deliberarán los integrantes del Cabildo.

El juzgador sostuvo en su resolución que: “La protección constitucional concedida es para que el ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, a través de sus dependencias competentes, deje sin efectos el plan de desarrollo urbano reclamado y reponga el procedimiento para reformar y aprobar el procedimiento de planeación municipal”.

También tiene responsabilidad el Congreso del estado, porque debe incorporar a la ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado, “la obligación a cargo de las autoridades municipales de contar con atlas de riesgo…”.

La demanda de amparo fue promovida en el mes de octubre de 2022, “por violación al derecho humano a un medio ambiente sano, así como violaciones a la seguridad jurídica”.

Los promoventes del juicio de amparo cuestionaron la creación del polígono Por Ta Pok, que incluye un predio de casi 50 hectáreas, que ocupa el campo de golf Pok Ta Pok, que era propiedad de FONATUR y adquirido por particulares hace unos diez años. En este predio se pretende construir tres habitaciones en diferentes unidades condominales, inversión a la que se han opuesto vecinos de asentamientos humanos contiguos.

El amparo de referencia es el número 995/2022 promovido por un grupo de ciudadanos residentes en Cancún, principalmente habitantes del área contigua al campo de golf, son asesorados por la organización Derecho a una Medio Ambiente Sano (DMAS).

Las autoridades municipales de Cancún fueron notificadas formalmente el jueves 25 de mayo, a partir de esa fecha tienen un plazo de diez días para alegarle al juez lo que a sus intereses convenga.

El 24 de mayo, desde la Ciudad de México, como parte de su campaña electoral, la gobernadora de Quintana Roo, participó en The Real State Show 2023, y al dirigirse a miembros de la Asociación de Desarrollo Inmobiliario, destacó “las oportunidades que ofrece Quintana Roo en inversiones, infraestructura, obras, la actividad turística y proyectos detonadores”. 

Lezama informó que en el año 2022 Quintana Roo se colocó como la entidad con mayor crecimiento económico, con un incremento del 11% respecto a 2021, resultado de la recuperación de la actividad turística.

El Caribe Mexicano recibió a 19.7 millones de turistas en 2022, 17.5% respecto al 2019, año previo a la pandemia, pero se le olvidó decirles que por hacer mal su trabajo, con repercusiones en los derechos humanos de habitantes de Cancún, un juez federal dejó sin efecto la actualización del Programa Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún (PDU-2022), por lo que toda inversión que se quiera hacer en el sector tendrá que esperar a que se resuelva el juicio en definitiva o trabajar con las reglas que estuvieron vigentes a partir de 2019, durante los primeros meses de su gobierno municipal.

Con este tipo de decisiones jurídicas se empieza a desquebrajar la falacia de un buen gobierno en Cancún, imagen que vendió a todo Quintana Roo durante su anterior campaña electoral.

 

 

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