Graciela Machuca Martínez

Es universalmente conocida el refrán de que cuando el barco se hunde las ratas salen huyendo. Esta alegoría la podemos aplicar a quienes dirigen el Partido Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo, porque antes que termine el gobierno de Carlos Joaquín González le dan la espalda, a pesar que sus fortunas la han hecho tanto el Poder Legislativo local como en el federal, en el Poder Ejecutivo y por medio de los negocios que se les permitió que hicieran.

Si el Partido Acción Nacional no tiene estructura partidista en la entidad, no es porque el titular del Poder Ejecutivo Estatal no haya querido, sino porque quienes se han ido quedando con la dirigencias estatal y municipales desde el año 2000 lo único que han visto son sus beneficios personales y familiares, olvidándose de los fundadores y de los auténticos militantes panistas.

Desde que Vicente Fox Quesada ganó las elecciones del año 2000, de acuerdo a los resultados electorales el PAN fue obtenido más dinero como prerrogativas partidistas de parte del órgano electoral, dinero que llegó a las dirigencias estatales, mismo que fue utilizado para otros fines, menos para fortalecer y crear estructura partidista, por lo que ahora son incapaces de ganar elecciones por méritos propios, solo lo hacen por el hartazgo social con los gobiernos en turno.

Carlos Joaquín no requiere que yo lo defienda porque tiene la capacidad para hacerlo solo, pero mi opinión en este caso tiene su origen porque es el estado de Quintana Roo el que está perdiendo con la actuación de la clase política panista, al tener una dirigencia que solo ve por sus intereses muy particulares olvidándose de que la prioridad de todo organismo político tiene que ser el desarrollo del estado, independientemente de la ideología.

Quienes hacen y deshacen del PAN en Quintana Roo son Eduardo Martínez Arcila y Mayuli Martínez Simón , su prima, mismos que sin un solo voto han decidido y llenado sus arcas, ese partido se ha convertido en una franquicia familiar, lo que repercute en el presupuesto público, porque de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son de interés público y por ende están obligados a contribuir con el desarrollo democrático del país.

Eduardo Martínez Arcila pese a que nadie voto por el, durante más de cinco años ha vivido del presupuesto del Congreso del Estado por los beneficios económicos que recibe, mas los más de cien millones de pesos que tomó del fondo para ayudas sociales que nunca comprobó de acuerdo a lo documentado por la organización civil Somos Tus Ojos, asunto que llegó al ámbito judicial, pero que nadie quiso exigirle rendición de cuentas.

A pesar de ello, fue beneficiado con la reelección, sin hacer campañas, pues en las dos ocasiones, 2018 y 2021, fue  y es diputado plurinominal.

Tuvo en sus manos la agenda de las XV y XVI legislaturas de Quintana Roo, pero solo se aprobaron leyes en beneficio de unos cuantos, con una visión individualista, sin mirar de manera integral el desarrollo de Quintana Roo.

En la dirigencia del PAN solo se ve corrupción y ambición por disponer del futuro de la entidad. Durante la próxima Legislatura, la XVII, Eduardo Martínez Arcila y su familia seguirán viviendo del presupuesto del poder legislativo, pues a como de lugar, por medio de la vía plurinominal dejará a su tía, la mamá, nada más ni nada menos, que de su prima la senadora Mayuli.

Cada grupo político tiene su propio proyecto para mantenerse en el poder, pero existen las formas y los principios de crianza, pero cuando se carece de ellos, la traición es la única salida.

Solo hay que recordar las poses en contra del propio Carlos Joaquín cuando Martínez Arcila comía de la mano de Roberto Borge y que se oponía terminantemente a que el PAN lo postulara a la contienda de 2016.

Ahora, Eduardo y Mayuli Martínez le cerraron la puerta a la lista de candidatos a las diputaciones plurinominales del PAN a la exsecretaria de Finanzas Yohanet Torres Muñoz, una mujer que se defiende sola, con el argumento que no tenía el respaldo en el Consejo Nacional ni en la dirigencia nacional panista, porque Carlos Joaquín abandonó a ese partido a su suerte.

El gobernador tenia que hacer su trabajo como titular del Poder Ejecutivo Estatal, los panistas que entraron al gobierno del estado como servidores públicos tenían que actuar como tales, quienes se quedaron en la dirigencia tenían que aprovechar las condiciones políticas y fortalecer la estructura partidista, pero optaron por repartirse los puestos de elección popular, convertirse en proveedores y prestadores de servicios del gobierno y en quedarse con los recursos presupuestales que tuvieron a su alcance, olvidándose que el dinero que llega a los partidos políticos no es para repartírselo entre los dirigentes, sino para fortalecer su estructura y coadyuvar al desarrollo de la democracia en el país transparentando los recursos, fortaleciendo a su militancia , ese dinero publico no se los dan por su bonita cara, sino como parte de las obligaciones que tiene el Estado con los partidos políticos que son de interés público y que por ley deben trabajar por la democracia.

La salida encontrada para que Yohane Torres participe como candidata a una diputación plurinominal, la número uno, no fue la mejor para Quintana Roo, porque con ello se le sigue dando poder al PVEM, pero con ella se le demostró a Martínez Arcila y familia, que la franquicia panista que usufructúan irá bajando de rentabilidad, a pesar de su alianza con el PRI, PRD y Confianza por Quintana Roo, con lo que su candidata Laura Fernández Piña podría ser la mas perjudicada.

Durante la campaña y semanas previas a la toma de posesión de la persona que resulte electa gobernadora, los resultados del actual gobierno serán expuestos públicamente en medio de la contienda plagada de golpes bajos, pero la responsabilidad tanto los méritos como los fracasos tendrá que ser asumidos por el PAN de Quintana Roo en la parte que le corresponde.

A pesar que Martínez Arcila estará representado en la XVII Legislatura de Quintana Roo por su tía y otros incondicionales, la mayoría del Congreso tendrá que investigar el destino de recursos público que él nunca quiso aclarar.

Existen tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y una en la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de peculado, uso indebido de los recursos públicos y delitos electorales, hecho en lo que estuvo involucrado durante el periodo de la XV Legislatura el diputado Arcila.

Durante la referida Legislatura, Martínez Arcila operó de manera discrecional recursos por más de 469 millones 859 mil pesos.

Organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano y Somos Tus Ojos, documentaron con instrumentos públicos obtenidos a través de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; tienen documentada esa información.

La discrecionalidad con que se utilizaron los recursos públicos en el Congreso, el rubro que a simple vista mostró evidencias de la corrupción fue el de las ayudas sociales, por lo que se interpusieron cuatro denuncias, tres en la fiscalía estatal y una en la federal. Somos tus Ojos le dio seguimiento a la  FGE/QR/SOL/10/6074/201  y la GE/QR/BJ/07/9269/2018. El Observatorio Legislativo promovió una denuncia ante la fiscalía estatal y otra ante la federal, todas, específicamente, en contra de Martínez Arcila y colaboradores.

Fabiola Cortés Miranda, presidente de Somos tus Ojos, en su momento dio a conocer que acompañó a dos personas que denunciaron la inclusión de sus nombres en la lista de beneficiarios de “Ayudas sociales” con el uso de datos personales y la falsificación de sus respectivas firmas, recursos que no solicitaron y que tampoco les entregaron.

Durante la XV Legislatura el Congreso usó 147 millones de pesos  para ayudas sociales, sin que se hayan podido justificar esas erogaciones presupuestales.

“Las Ayudas Sociales son una partida cuyo manejo ha sido totalmente opaco y de la que existen dudas fundadas sobre su verdadero destino”, declaró Cortés Miranda.

“La realidad es que en el apartado relativo a este gasto, y comprendido en la fracción XLIV de las obligaciones de transparencia comunes, sólo aparece un listado con los nombres de personas que supuestamente han sido beneficiarias, los materiales o servicios presuntamente entregados y la fecha de entrega, más no así el costo de los mismos o el monto de los recursos gastados”, declaró en repetidas ocasiones a la prensa, sin que las autoridades encargadas de aclarar la situación le hicieran caso.

RAM