La Explosión que Sacudió el Festejo de la Cuatroté y Recibió a Ernestina

Pascal Beltrán del Río/ CAMBIO 22

En momentos en que el oficialismo arrancaba la celebración del séptimo aniversario de su llegada al poder –el sábado, en el Zócalo capitalino–, un coche bomba estalló en el municipio costero de Coahuayana, Michoacán, destrozando cualquier narrativa de pacificación. El atentado ocurrió en un estado donde, apenas un mes antes, se había anunciado un robusto plan de seguridad federal a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El objetivo del ataque, ocurrido a las 11: 40 de la mañana, fue la llamada Policía Comunitaria, membrete tras la que se oculta la organización Cárteles Unidos, que intenta contener la entrada en ese municipio del Cártel Jalisco Nueva Generación. La detonación, que impactó violentamente el centro de la localidad, dejó un saldo preliminar de cinco personas muertas y al menos cinco lesionadas.

El bombazo en Coahuayana, puerta de entrada a la costa del Pacífico y a la Sierra Madre del Sur –y, por tanto, punto de feroz disputa entre los dos grupos criminales mencionados­–, se convirtió en la siniestra bienvenida para Ernestina Godoy como la nueva fiscal general de la República, cuyo nombramiento se concretó apenas tres días antes. A diferencia de la inacción o la negación previas, la FGR, bajo su nueva titular, calificó este atentado en Coahuayana como un acto de terrorismo. Este reconocimiento es, sin duda, un quiebre fundamental con el discurso oficialista que lo antecedió. Durante años, el expresidente López Obrador se opuso sistemáticamente a utilizar el término terrorismo para describir las acciones de los cárteles, argumentando que era mera “propaganda”.

Este nivel de violencia no es un incidente aislado; es la cúspide de una escalada táctica observada desde 2018. El crimen organizado ha transitado de la extorsión y el tráfico a la insurgencia organizada, empleando trampas con artefactos explosivos improvisados, como se vio dramáticamente en Tlajomulco, Jalisco, en julio de 2023, donde se atacó a policías. También se han registrado atentados con coches bomba en Guanajuato. Esta adopción de tácticas militares demuestra una sofisticación de las células criminales, que requiere recursos especializados y adiestramiento que, como se ha evidenciado en Michoacán, proviene del exterior. El atentado de Coahuayana trae a colación el inquietante indicio de la actuación de mercenarios extranjeros entre los grupos criminales. El propio gobierno de Michoacán ha advertido y confirmado la detención de decenas de ciudadanos extranjeros, principalmente colombianos y venezolanos, vinculados a actividades delictivas en el estado, incluyendo adiestramiento en el uso de explosivos.

Estos individuos son exmilitares, muchos de ellos formados en técnicas de combate. La pregunta de seguridad nacional más apremiante es cómo entran estos mercenarios en el país. El reclutamiento se realiza a menudo a través de fachadas de empresas de seguridad privada en Colombia, y su ingreso en México ocurre, por lo visto, de manera sencilla. Esta facilidad de entrada subraya un fallo sistémico en los controles migratorios y de inteligencia que debe ser investigado y corregido inmediatamente por la FGR y el Instituto Nacional de Migración.  Ahora que la FGR ha reconocido que hay terrorismo en México, debe desplegar todas sus capacidades para combatirlo. La lucha contra el crimen ya no puede limitarse a la estadística de homicidios; debe enfocarse en desmantelar las infraestructuras que permiten el uso de explosivos –minas, drones y coches bomba– y cortar de raíz las rutas de reclutamiento de mercenarios.

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