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• Investigaciones del sitio especializado en seguridad nacional Insight Crimen, adjudican al CJNG, como el Más Beneficiado en esta industria criminal con alcance internacional

 

Redacción / CAMBIO 22

Los grupos criminales más grandes de México han transformado su participación en los mercados ilegales de combustibles, dejando atrás el robo local de hidrocarburos para operar redes de contrabando transfronterizo que hoy impactan incluso en el sector energético de Estados Unidos.

El robo tradicional de combustibles consiste en perforar los oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que atraviesan el país, para extraer el producto. Los ladrones también apuntan a camiones cisterna y a instalaciones de Pemex, como refinerías y centros de almacenamiento.

En la actualidad, una parte creciente del combustible del mercado negro proviene de importaciones clandestinas a gran escala desde Estados Unidos. Esta es una innovación central en las formas en que el crimen organizado obtiene ganancias del negocio ilícito, pues les permite multiplicar sus ingresos muy por encima de lo que pueden obtener robando a Pemex.

Estos esquemas funcionan, en esencia, como una forma altamente lucrativa de evasión fiscal. Los grupos criminales cooptan a funcionarios de aduanas y fuerzas de seguridad para facilitar las importaciones ilegales, que se declaran con etiquetas falsas para evadir un impuesto conocido como Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El IEPS representa actualmente cerca del 40% del precio del combustible en México. Este impuesto se usa para estabilizar los precios al consumidor y generar ingresos para el gobierno.
Pero también abre una gran oportunidad para los grupos criminales, que pueden ofrecer combustible mucho más barato que los distribuidores legales. Los medios locales han acuñado el término “huachicol fiscal” para diferenciar esta forma de evasión del robo tradicional de combustible.

El huachicol fiscal beneficia a las organizaciones criminales más grandes, explicó David Soud, jefe de investigación y análisis de la firma internacional de seguridad IR Consilium.
“Se necesita un alto nivel de sofisticación y dominio de las relaciones clave y de la dinámica fronteriza para poder hacerlo”, dijo Soud.

Las redes de huachicol también incluyen a los llamados actores grises, que ayudan a legitimar actividades ilegales y corruptas. Entre ellos figuran empresas poderosas y funcionarios estatales corruptos.

“Hay muchos actores autónomos obteniendo ganancias. Es caótico”, dijo a InSight Crime Samuel León Sáez, experto en robo de combustibles.

De Bidones a Buques Petroleros

Una de las acciones más importantes recientes contra el huachicol ocurrió en marzo de este año, cuando el Ejército Mexicano incautó el Challenge Procyon, un buque petrolero de 46,000 toneladas atracado en el puerto de Tampico, en la costa del Golfo del Estado de Tamaulipas.

El barco había zarpado del puerto de Beaumont, Texas, presuntamente cargado con diésel de bajo azufre que fue declarado de forma fraudulenta como “lubricante industrial” para evadir el IEPS.

En los días siguientes, la Marina Mexicana allanó las bodegas de una empresa de transporte en la ciudad cercana de Altamira.

Allí decomisó armas, vehículos y 10 millones de litros de diésel. En otra operación, se descubrieron 7,9 millones de litros adicionales de combustible en el estado de Baja California, en una propiedad perteneciente a un exsenador del partido Morena ubicada cerca de un ducto de combustible. En ambos operativos, las autoridades encontraron camiones pertenecientes a Mefra Fletes, una empresa de transporte con presuntos vínculos históricos con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según un informe de Contralínea.

Luego, en septiembre, las autoridades detuvieron a 14 personas presuntamente vinculadas a las importaciones ilícitas del Challenge Procyon, incluidos nueve miembros de la Marina mexicana, que controla los puertos del país. Poco después, un capitán de la Marina de alto rango, acusado de aceptar sobornos para permitir la importación ilegal de combustible en el puerto de Altamira, se suicidó.

La operación representó el primer gran golpe contra las redes de contrabando de combustible en México en los últimos años.

“No creo que vayan a desaparecer, pero este es el tipo de acción que eleva los costos para estas redes”, dijo Sáez.

El uso de buques petroleros como el Challenge Procyon no fue un hecho aislado. En los meses previos a la incautación, el medio mexicano Código Magenta reportó que los contrabandistas descargaban hasta 400 millones de litros de combustible al mes provenientes de buques estadounidenses solo en el puerto de Altamira —aproximadamente cinco veces la cantidad mensual de combustible robado a Pemex en todo el país en 2024, según estimaciones de la empresa—. El combustible importado se descargaba en convoyes de camiones cisterna que esperaban en una “zona industrial abandonada” junto al puerto.

Los Compradores

La demanda de combustible del mercado negro en México es sólida, especialmente a medida que aumentan los precios globales de la energía. Hasta un 30% de las ventas en las estaciones de servicio del país corresponden a combustibles de contrabando o ilícitos, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Un informe de Petrointelligence, un centro de análisis energético, estimó que las pérdidas fiscales por robo, contrabando y evasión tributaria podrían haber alcanzado los 177.000 millones de pesos (aproximadamente US$9,7 millones) en 2024, una cifra cercana al presupuesto federal de seguridad.

En el país operan hasta 22,000 vendedores de combustible sin licencia, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), lo que equivale a más de 1,6 por cada gasolinera legal.

Muchos —aunque no todos— venden combustible robado, de contrabando o adulterado por grupos de huachicol.

Las organizaciones criminales más sofisticadas comercializan una variedad de productos derivados del combustible a través de redes de intermediarios, empresas fachada y estaciones de servicio legítimas bajo control criminal.

En septiembre de 2024, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 11 estaciones de servicio y acusó a un alto líder del CJNG, Iván Cazarín Molia, alias “El Tanque”, de obtener decenas de millones de dólares al año mediante la venta de combustible robado a través de una red de gasolineras aparentemente legítimas controladas por el CJNG en Veracruz. Una de las propiedades vinculadas a esta red contenía seis cilindros industriales de petróleo con capacidad para almacenar más de un millón de litros de combustible robado.

Otros intermediarios que trabajaban para el CJNG también exportaban petróleo crudo, declarado fraudulentamente como “aceite residual”, a empresas energéticas cómplices en Estados Unidos, según funcionarios estadounidenses. Las exportaciones permitían al grupo obtener ganancias del robo a gran escala de crudo mexicano, un producto espeso, sin refinar, difícil de procesar y complicado de colocar en los mercados ilegales dentro de México. Los ingresos —que funcionarios del Tesoro estimaron en varios cientos de millones de dólares— eran enviados de vuelta a los grupos criminales mexicanos mediante intermediarios y empresas fachada.

 

 

 

Fuente InSight Crime

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