La Disputa en el Transporte Público de Cancún y los Tentáculos del Círculo Empresarial Beneficiado con Negocios al Amparo del Gobierno

Renán Castro Madera/CAMBIO 22

La disputa por el transporte de pasajeros en Cancún, entre el sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo y la franquicia de la plataforma estadounidense UBER, ocurre a consecuencia de los intereses políticos de grupos empresariales beneficiados con negocios al amparo del poder.

Si bien, la necesidad de contar con una plataforma de transporte público para beneficio del usuario y acabar con la sería de anomalías que han realizado consecuentemente un gran número de taxistas se hace urgente y necesaria, no podrá ser transparentada, en tanto los políticos en turno se sigan beneficiando con este conflicto que amenaza con salirse de control para mal de la imagen turística del estado.

El caso del UBER en Quintana Roo, cobra mayor interés si analizamos desde sus inicios los intereses que lo han arropado desde su aparición al final de la administración borgista y su permanencia a mediados del sexenio pasado y que encabezó Carlos Joaquín González, para mal de los quintanarroenses.

Según nos narran los propios joaquinistas, la operación de la plataforma estadounidense ha ido de la mano de socios empresarios ligados al poder político, quienes desde el sexenio pasado, gracias a un acuerdo con el entonces candidato a la gubernatura Carlos Joaquín González lograron que entraran en operaciones de manera ilegal. Y en este apoyo destaca la familia del ex secretario de gobierno Arturo Contreras Castillo, quien desde años atrás se ha convertido su principal impulsor en el estado.

Todo se obtuvo gracias a los arreglos que se dieron con el entonces candidato a la gubernatura del estado y a quien aportaron millonaria suma para su trabajo proselitista, mismo que les permitió circular en las ansiada plaza que representan los municipios turísticos más importantes del país.

Los actuales socios de UBER trabajaron en el equipo administrativo de Carlos Joaquín y ellos mismos han cabildeado con la legislatura en turno y con el Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez para la aprobación del permiso para su operatividad en las principales ciudades del estado.

La falta de regulación y el final del conflicto está muy lejos de darse dado los intereses políticos y económicos que pululaban por ambas partes, en dónde dos fracciones de morenistas ahora se enfrascan en la medición de fuerzas y se erigen cómo las Defensoras de ambos bandos.

Por un lado los intereses del PVEM que la representan los actuales miembros de la administración estatal que encabeza Mara Lezama y por el otro lado los intereses que encabeza la senadora Marybel Villegas Canché a través de su protegida la ex diputada Ericka Castillo hija del ex dirigente de taxistas Nicolás Castillo Ceballos.

Por ello nuestras dudas de ver cercana la solución al conflicto dados los intereses que arropan tanto al sindicato de Taxistas cómo a la misma plataforma de la franquicia estadounidense.

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