La Destrucción del Sitio Arqueológico de Chakabakán, Quintana Roo, Durante la Construcción del Tramo 7 del Tren Maya y la Negación del INAH

• Segunda Parte

Redacción/CAMBIO 22

La andanada jurídica en contra del doctor en arqueología Fernando Cortés de Brasdefer por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia evidencian aún más la cadena de complicidades para esconder la destrucción llevada a cabo por parte del gobierno federal varios sitios arqueológicos en la península de Yucatán para complacer y llevar a cabo los planes dictados por el entonces Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la construcción del Proyecto Tren Maya.

Entregar el ambicioso proyecto antes de que dejara la presidencia aún cuando para ello no se realizarán estudios o cuando menos se tomarán en cuenta los ya existentes para ubicar la vía en zonas en dónde menos se impactaran las zonas territoriales.

La orden era clara, pasar por encima de todo para terminar el proyecto antes de que dejara el cargo Andrés Manuel López Obrador.

Y el ejemplo claro de lo anterior ocurrió en el caso que hoy mantiene en vilo al experto en arqueología mexicano que había recomendado otras zonas para el traslado de la vía del tramo siete del Tren Maya.

La justificación de Cortés de Brasdefer era evitar la destrucción, el saqueo y el impacto a la zona donde se ubica la importante zona arqueológica de Chakanbakán, en el Sur de Quintana Roo.
En esta segunda parte del reportaje realizado por el medio de comunicación digital Fábrica de Periodismo, se plasma la versión del titular del INAH y otros detalles sobre las represalias en contra del doctor Cortés de Brasdefer.

En el salvamento arqueológico, dice el director del INAH, participó un equipo de trabajo liderado por arqueólogos y en el que intervinieron profesionales de más de 10 disciplinas, incluyendo “droneros” e informáticos.

Contamos, agrega, con más de 80 terabytes de información relacionada con el registro, catalogación, resguardo y protección de monumentos arqueológicos y que, en su momento, estarán disponibles para el estudio y escrutinio de investigadores de todo el mundo.

Ahora, si alguien posee evidencia de algún daño al patrimonio arqueológico “debería levantar su denuncia ante las instancias judiciales” y “no simplemente acusar sin fundamento a través de los medios de comunicación para desprestigiar” a una institución como el INAH.

No debería acusar sin fundamento a través de los medios para desprestigiar al INAH”.

Las denuncias de las que habla Diego Prieto sí existen. El propio Cortés de Brasdefer elaboró el peritaje de la devastación de la poligonal del sitio arqueológico de Chakanbakán (oficio 036, 15 de diciembre de 2021) y lo entregó al INAH, pero el instituto no procedió con la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En la misma FGR se cuenta con una denuncia presentada desde mayo de 2020 por un centenar de académicos del INAH, universidades e institutos de investigación de México y el extranjero, así como por organizaciones sociales, para que “la Fiscalía investigue la destrucción de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos que se logró constatar en recorridos hechos en distintos tramos del Tren Maya”.

En ella los académicos incluyeron un Libro de Campo con un amplio registro de la destrucción, que acompañan con un catálogo de fotografías que la documentan y muestran esa devastación de la que hablan.

Destrucción del Tramo 7

Este registro fotográfico es parte de la evidencia de destrucción de un gran número de monumentos prehispánicos por la construcción del trazo donde correrán todas las vías del llamado Tren Maya. Se trata del patrimonio arqueológico de los mexicanos, a través del cual la sociedad mantiene y refuerza su identidad.

El director del INAH enlista, por otra parte,una serie de “lineamientos de investigación arqueológica”, “principios y directrices de los funcionarios públicos”, así como “condiciones generales de trabajo” que, en su opinión, el arqueólogo quebrantó al “no solicitar autorización ni rendir informes de las incursiones que, al parecer, realizó en las excavaciones y áreas de salvamento del Tren Maya”, además de “injuriar y manchar la fama de compañeros de trabajo”.

–¿Por qué considera que la carta escrita por Fernando Cortés de Brasdefer es “ofensiva para el INAH”, cómo daño a la institución? ¿Está cancelada en el INAH la posibilidad de disentir sobre un suceso tan polémico como la construcción del Tren Maya?-En el seno del INAH ha existido la crítica, el disenso y la libre discusión de las ideas… Sabemos que hubo decenas de compañeros que expresaron dudas, críticas y abierto desacuerdo con el proyecto y las obras del Tren Maya, y no les ocurrió nada. Nos respetamos y estamos abiertos al argumento de otro. Lo que no se vale es calumniar a compañeros de trabajo, violentar los principios institucionales de orden, autoría y reserva de la información de investigaciones en curso.

La reacción de las autoridades del INAH fue desproporcionada frente al cuestionamiento de Cortés de Brasdefer a la postura expresada, una y otra vez, por Diego Prieto en las conferencias matutinas de López Obrador. “El Tren Maya nos ha dado la oportunidad de realizar la más extensa investigación de salvamento arqueológico en la historia de nuestro país”, exaltó reiteradamente el funcionario en cadena nacional.

La cacería laboral de las autoridades no se limitó al levantamiento de las actas administrativas: en noviembre de 2024, en una audiencia de más de cinco horas, el Órgano Interno de Control (OIC) inició un proceso en contra del arqueólogo para “investigar” las acusaciones que le ha hecho Margarito Molina, titular del Centro INAH Quintana Roo.

El proceso ha seguido. El pasado 14 de enero el investigador del INAH se vio obligado a viajar de nuevo de Chetumal a la Ciudad de México para desahogar una audiencia más. Varios investigadores de este Instituto se presentaron ante el OIC para testificar en el caso de Fernando y desacreditar las acusaciones.

Fue una jornada larga y tensa que duró más de seis horas, en la que los funcionarios del OIC mostraron un intenso afán de que los testigos investigadores cayeran en contradicciones e inculparan a Cortés de Brasdefer.

La resolución final del OIC aún se encuentra pendiente, pero eso no significa que el tortuoso laberinto de persecución vaya a concluir. El 28 de agosto de 2023 el departamento jurídico del INAH presentó una demanda adicional en su contra.

El litigio es de orden laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Los cargos son los mismos que están consignados en las actas administrativas. Pretenden que las autoridades avalen su despido.

Las autoridades siguen con el acoso, dice el arqueólogo. Teme que, en principio, le quiten el proyecto de investigación en Chakanbakán, pero está convencido de que eso no acabaría con el hostigamiento:

La orden de Diego Prieto, dice, es cesarme lo más pronto posible. “Me atreví a denunciar la destrucción de monumentos arqueológicos. Y eso –concluye– no lo tolerará”.

Con Datos del Sistema de Notícias CAMBIO 22/Fábrica de Periodismo

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