La Corrupción en CAPA Lleva Más de Ocho Años y Abarca las Administraciones de Carlos Joaquín y Mara Lezama

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL | La corrupción de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) heredada por Carlos Joaquín González a la actual administración sigue afectando a la población de la capital y sus alrededores ante la indiferencia de los funcionarios entrantes que se hacen de la vista gorda ante un problema que cada día se agrava más.

Denuncias públicas acusan que la tubería era de cobre pero la sustituyeron con otra de PVC de poca calidad y con conexiones sin calidad por lo cual ahora está colapsando y tirando agua que no es potable sino clorada genera mucho sarro; la denuncia consigna fugas gigantescas en la avenida Sicilia con Justo Sierra, con Córcega, Nápoles y Sicilia, situación desde abril del 2024 y “hasta ahora el nuevo director o sus colaboradores no arreglan nada como protegiendo a Carlos Joaquín y Gerardo Mora Vallejo”, acusan vecinos en redes sociales.

La CAPA está envuelta en actos de corrupción que no se consignan y no castigan. Recientemente se supo que cuatro trabajadoras fueron despedidas tras ser acusadas de desviar al menos 22 millones de pesos. Las empleadas, identificadas como “Lupita”, “Irene”, “Miriam” y “Mónica”, enfrentan ahora procesos judiciales que podrían implicar a otros colaboradores de la paraestatal, sin embargo hasta ahora las autoridades no han informado al respecto.

La situación salió a la luz el 22 de noviembre, cuando agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FCC) llevaron a cabo un operativo en las instalaciones de la CAPA.

La investigación se centra en posibles actos de peculado, con indicios de que las tres primeras empleadas habrían invertido los fondos sustraídos en criptomonedas, mientras que la cuarta es acusada de exceder sus funciones al formalizar convenios de liquidación de adeudos y apropiarse de los recursos.

Las irregularidades fueron detectadas a partir de auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) en años anteriores; la gobernadora Mara Lezama Espinosa, solicitó que se aplique la ley de manera rigurosa, sin embargo no ha pasado más allá de la acusación mediática y golpes espectaculares en el combate a la corrupción.

CAPA en el gobierno de Carlos Joaquín se convirtió en una paraestatal no solo ineficiente, también en un foco de corrupción, poco les importó el precepto constitucional que toda persona tiene derecho al acceso al agua, por lo que no dotar de agua a las personas es un delito, mismo que está penado con prisión de dos a seis años, Multa de 50 a 200 días, Prisión de dos a cuatro años, Multa de 150 a 300 días.

Pero, pese a que los quintanarroenses tienen que pagar miles de pesos por múltiples servicios para activar el agua potable en sus viviendas o negocios, la paraestatal no logra mantener vigente el vital líquido en todas las viviendas, comercios o negocios del sur del estado.

Ahora CAPA es el Aguakan del sur: cobran mucho, pero no revuelven nada en favor de nadie. La ineficiencia de la paraestatal es queja constante en todas las redes sociales

CAPA también enfrenta otro problema que podría tornarse en un conflicto social de alcances inimaginables, pues ya anunció que se consumarán la expropiarán de 650 hectáreas utilizadas actualmente para pozos e infraestructura de distribución de agua potable en el ejido Alfredo V. Bonfil y su Anexo, en el municipio de Benito Juárez.

Todo es contra el cumplimiento a una sentencia de amparo que protegió a los ejidatarios, por lo que CAPA, requirió al presidente del Consejo Directivo someter a consideración y aprobación “la necesidad de expropiación de tierras ejidales”, que para el colectivo popular representa un turbio negocio que no han querido especificar el método de pago y montos actuales.

El fallo legal en cuestión se dio como resultado de un litigio que duró casi seis años, en el cual se determinó resarcir una afectación al núcleo ejidal, respecto a su derecho de propiedad y posesión sobre un terreno de 650 hectáreas, 50 áreas, 94 centiáreas y 34 centímetros cuadrados de agostadero común.

El suelo fue originalmente expropiado por el expresidente de la República, Ernesto Zedillo, el 18 de octubre de 1995, para la perforación de pozos y la construcción de infraestructura que permitiera extraer y distribuir agua potable al centro urbano de Cancún.

La entrega de los terrenos se hizo al gobierno de Quintana Roo encabezado entonces por Mario Villanueva Madrid, mismos que “sólo podrán ser ocupados mediante el pago depositado del importe de indemnización”, lo cual nunca ocurrió.

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se impuso un pago de 650 mil 509.43 pesos, a un valor unitario de mil pesos por hectárea para las personas que demostraran derechos legales. Luego de la construcción de pozos e infraestructura hidráulica se extendió la protección del suelo más allá del terreno reclamado, a un área de amortiguamiento de 2 mil 200 hectáreas.

El Ejido inconforme solicitó la protección de la justicia federal mediante un amparo que se radicó en el Juzgado Tercero de Distrito en la entidad, con el número 24277524, el 25 de enero de 2019. La sentencia de primera instancia fue avalada por el Segundo Tribunal Colegiado, mediante el recurso de revisión número 32435068, mismo que ordenó a las autoridades que ante la imposibilidad de que las tierras fueran restituidas se procediera a resarcir económicamente su valor al ejido, “en razón de que no se le ha hecho pago alguno”, a través de un fallo emitido el 25 de noviembre de 2024.

La protección constitucional en etapa de cumplimiento consistió que se le diera al ejido la garantía de audiencia para que las autoridades le comunicaran el acto de autoridad con el cual “Deberá iniciar los trámites necesarios mediante los procedimientos contemplados en la Ley Agraria y en la Ley de Expropiación Correspondientes, con la finalidad que se resarza económicamente al ejido quejoso el valor de sus tierras afectadas, en razón de que no se le ha hecho pago alguno”.

En seguimiento al caso, se volvió a ordenar legalmente que, en los tres días hábiles siguientes a la notificación, se informe sobre el resultado de la propuesta del titular de CAPA contenida en el oficio CAPA/DG/0004/2025, el 3 de enero pasado.

Al Consejo Directivo se le planteó la necesidad de expropiación de las tierras ejidales afectadas en cumplimiento a la ejecutoria del amparo, pues ante un eventual incumplimiento se amagó con imponer una multa de 10 mil 857 pesos.

Por otra parte, CAPA también enfrenta amparos de siete comunidades del sur de Quintana Roo debido a que la dependencia no ha mostrado ningún interés en resolver el problema con el suministro, el cual arrastran de años atrás en contra de unas 3 mil personas que se ven afectadas por la indiferencia de la CAPA, toda vez que el saneamiento que se le realiza al agua es deficiente, pues esta llega a las casas con cantidades excesivas de magnesio y calcio, lo cual limita el uso que se le puede dar al elemento, tomando en cuenta que puede resultar contraproducente por su mala calidad.

El objetivo de los amparos es para que CAPA suministre agua potable de calidad, que pueda ser consumida por las familias y no que sólo sirva para los quehaceres de la casa, pues actualmente los ciudadanos se ven obligados a comprar garrafones de agua para el consumo humano.

Fuente Sistema de Noticias CAMBIO 22

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