► Hace un llamado a congresos locales a respetar a reflexionar, discutir y decidir pensando en sus ciudadanos, aunque la aprobación ya se dio en Quintana Roo sin ningún miramiento a las observaciones

 

Olivia Vázquez/CAMBIO 22

CANCÚN, Q. ROO, 12 de septiembre.-Coparmex lamenta la aprobación de la Reforma Judicial que fue aprobada sin escuchar argumento de la sociedad, especialistas, organizaciones, trabajadores y estudiantes afectando la democracia y la independencia judicial, enviando una señal preocupante sobre la fragilidad institucional de México.

Así lo da a conocer un comunicado nacional que respalda el Centro Empresarial de Quintana Roo, donde también los legisladores de Morena votaron a favor de ella sin escuchar argumento alguno.

Angélica Frías, presidenta de la Coparmex relató que la iniciativa fue aprobada sin escuchar argumentos afectando la democracia y la independencia judicial.

Con esta reforma, señaló que el gobierno mexicano envía una señal preocupante sobre la fragilidad institucional de México, poniendo en riesgo la relación con nuestros socios comerciales, el flujo de capital y el crecimiento económico.

La decisión, señala el sector,  no refleja ni toma en cuenta los argumentos presentados por diversas organizaciones sociales, juristas, estudiantes y medios internacionales, quienes expresaron su preocupación por las graves implicaciones de esta medida.

La sesión de ayer evidenció una tendencia preocupante de no escuchar todas las voces. México, que ha demostrado madurez política al encontrar coincidencias, enfrenta ahora una realidad de imposiciones.

“En lugar de fortalecer el sistema judicial y promover un diálogo abierto, hemos sido testigos de un proceso atropellado que no construye una verdadera justicia para todos. Esta falta de apertura compromete no solo el presente, sino también el futuro, imponiendo un gran desafío al nuevo gobierno” dijo.

Y es que la incertidumbre generada por la reforma “afectará la inversión nacional e internacional, la confianza de los mercados y el desarrollo de proyectos clave para nuestra economía”, alertó.

En este sentido se señala que lejos de mejorar y asegurar la independencia del Poder Judicial, esta reforma lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad frente a intereses políticos y económicos. y consideran que es un error seguir adelante con una propuesta que, en lugar de fortalecer el sistema judicial, podría arriesgar su independencia y eficacia, afectando directamente la vida democrática del país.

El apresuramiento para aprobar esta reforma responde más a intereses políticos inmediatos que a las verdaderas necesidades de justicia en México.

Este sector insiste en que cualquier modificación al sistema de impartición de justicia debe realizarse con plena conciencia de la división de poderes, de los efectos económicos y de los compromisos internacionales asumidos por México. Ningún país ha implementado una reforma judicial de este tipo con resultados satisfactorios. Las consecuencias serán permanentes en una sociedad que demanda una justicia más equitativa y eficiente.

La incertidumbre generada por esta reforma ya es evidente en empresas nacionales e internacionales, que han manifestado su preocupación por el riesgo de una politización en la selección de jueces, lo que podría debilitar el Estado de derecho. Esto, además, afectaría proyectos clave para nuestra economía y, por ende, para el bienestar de todos los mexicanos.

Señalan que es fundamental que se escuche a la sociedad y se promueva un diálogo abierto que permita construir una reforma que realmente responda a las demandas de los ciudadanos. Por ello, invitamos a los legisladores integrantes de los Congresos locales de las 32 entidades federativas a reflexionar, discutir y decidir pensando en sus ciudadanos y en la necesidad de garantizar el acceso a una justicia cotidiana.

Es crucial que las decisiones que tomen aseguren la estabilidad jurídica, económica y social del país. Hacemos un llamado para que durante el proceso de análisis, discusión y votación en los Congresos locales, se respeten los tiempos y formalidades establecidas en sus Constituciones, leyes o reglamentos internos, evitando así irregularidades como las ocurridas en los congresos de Oaxaca y Tamaulipas, donde no se cumplieron los plazos de convocatoria. A pesar de estos desafíos, la demanda a la sociedad civil es más fuerte que nunca.

 

o.vazquez@diariocambio22.mx

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