• La DEA, que fue de las autoridades más cercanas al condenado ex secretario de Seguridad Federal, ¿cómo no se dieron cuenta o por qué no dijeron nada en el momento que se pactaban sobornos y se traficaban Miles de toneladas de drogas a Estados Unidos avaladas por el funcionario mexicano?

 

• “Es difícil sobreestimar la magnitud de los crímenes de García Luna, las muertes y la adicción que facilitó y su traición al pueblo mexicano y los Estados Unidos”, afirmaron los fiscales estadounidenses en el memorándum de sentencia.

 

• El precedente que podría marcar su condena es que los actuales funcionarios corruptos eviten viajar al país vecino, tras las detenciones de García Luna y el General Cienfuegos Zepeda.

 

Redacción/CAMBIO 22

Expertos en seguridad nacional con alcance internacional se cuestionan Tras la condena de Genaro García Luna, Ex Secretario de Seguridad Pública Federal, en la gestión de Felipe Calderón Hinojosa:

La DEA, que fue de las autoridades más cercanas al secretario, ¿cómo no se dieron cuenta o por qué no dijeron nada en el momento que ellos estaban más metidos que nadie en México?”

¿Porqué permitieron a García Luna, operar a favor de los carteles mexicanos durante Cerca de dos sexenios alentar el envío de miles de toneladas de drogas a los Estados Unidos?

Estás y otras decenas de interrogantes se hacen expertos en seguridad nacional, tras la condena al alto ex funcionario mexicano y si bien marca un precedente en las relaciones bilaterales entre los países norteamericanos, poco impactará en el sangriento pero redituable negocio del narcotráfico.

Uno de los cerebros detrás del enfoque militarizado de México contra el crimen organizado fue sentenciado a más de 38 años en prisión en Estados Unidos, aunque persisten las preguntas sobre la efectividad de los juicios a antiguos aliados del país para frenar la corrupción en América Latina.

El juez federal, Bryan Cogan, dictó la sentencia de 460 meses a Genaro García Luna, el ex secretario de seguridad de México, en un audiencia el 16 de octubre en el Distrito Este de Nueva York. La sentencia viene después de que García Luna fuera condenado —en febrero de 2023— por aceptar sobornos a cambio de proteger a narcotraficantes durante su tiempo como secretario de seguridad pública entre 2006 y 2012.

El juez Cogan dijo que aparte de su «comportamiento muy agradable y articulación», García Luna tenía el «mismo tipo de carácter mafioso que El Chapo”, el exlíder del Cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, condenado en 2019 a cadena perpetua por el mismo juez.

En una carta escrita a mano enviada un día antes de su audiencia, García Luna le pidió a juez la sentencia más corta posible, además de pedirle que considerara “la información falsa presentada por el actual gobierno de México y los testigos criminales”.

En un memorando de sentencia presentado el mes pasado, los fiscales describieron cómo García Luna “aprovechó su poder y autoridad aceptando millones de dólares” del Cartel de Sinaloa, una “organización de tráfico de drogas que juró perseguir”.

García Luna ha negado vehementemente las acusaciones. En su memorando de sentencia, su equipo legal resaltó más de 40 premios internacionales recibidos por el exoficial de gobiernos de todo el mundo por su “vigilancia”.

Esto incluye al menos ocho galardones de agencias gubernamentales de los Estados Unidos como la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) y la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA).

García Luna fue una figura clave en la administración del expresidente mexicano Felipe Calderón, que inició la “guerra contra las drogas” en el país cuando asumió el poder en 2006. Durante su juicio, un número de traficantes testificaron que habían sobornado a García Luna en varias ocasiones a cambio de protección oficial. Esto, al tiempo que García Luna colaboraba con las autoridades de Estados Unidos en actividades antinarcóticos.

Jesús Zambada, alias “El Rey”, el hermano del recientemente capturado líder del Cartel de Sinaloa, Ismael Zambada, alias “El Mayo”, dijo que había entregado pagos en efectivo a García Luna en persona y a través de uno de sus colaboradores de confianza, Luis Cárdenas Palomino.
Las autoridades de Estados Unidos acusaron a Palomino de narcotráfico en junio de 2020. Era el encargado de supervisar las operaciones regionales de la policía federal y trabajó directamente debajo de García Luna, pero sigue prófugo.

“Es difícil sobreestimar la magnitud de los crímenes de García Lina, las muertes y la adicción que facilitó y su traición al pueblo mexicano y los Estados Unidos”, afirmaron los fiscales estadounidenses en el memorando de sentencia.

Análisis de InSight Crime

La larga sentencia de García Luna es otra victoria simbólica, pero vacía, para el gobierno de Estados Unidos. A pesar de llevar casos de alto perfil contra políticos y oficiales de seguridad corruptos, no es claro si enjuiciarlos sirve para prevenir estos crímenes.

“Me parece que no es necesariamente un inhibidor para la corrupción del lado mexicano”, dijo Eunice Rendón, analista de seguridad y experta en el crimen organizado en México, a InSight Crime. “Lo que sí puede inhibir a lo mejor es que quien comete ese tipo de ilícitos, pues no vaya a Estados Unidos”.

Luego de dejar su cargo, García Luna se instaló en Estados Unidos. Eventualmente, fue arrestado por agentes federales en Texas.
El año siguiente, agentes de la DEA arrestaron al Ex Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda por cargos de tráfico de drogas en el aeropuerto de Los Ángeles.

La acusación fue desechada rápidamente luego de una disputa diplomática entre ambos países y Cienfuegos Zepeda, fue enviado a México, donde no enfrentó cargos. Además, en 2019, el Buró Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigations, FBI) arrestó a Edgar Veytia, el exfiscal general del estado costero de Nayarit, que luego testificó contra García Luna, mientras intentaba cruzar a Estados Unidos a través de San Diego.

La sentencia llega un momento crítico para la relación de seguridad entre ambos países. El juicio a García Luna y el incidente con Cienfuegos generaron importantes debates políticos en ambos países. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el próximo jefe de Estado en Estados Unidos tendrán que restaurar la tensa relación. Recientemente, las autoridades estadounidenses dejaron de lado a sus contrapartes mexicanas durante el arresto de El Mayo y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, líderes del Cartel de Sinaloa.

“Siempre ha habido una desconfianza hacia las agencias estadounidenses … en México en materia de seguridad”, dijo Rendón. “La DEA, que fue de las autoridades más cercanas al secretario, ¿cómo no se dieron cuenta o por qué no dijeron nada en el momento que ellos estaban más metidos que nadie en México?”

Adicionalmente, el juicio a García Luna fracturó las instituciones de seguridad en México al exponer la corrupción en su interior, explicó Rendón. Es el oficial de más alto rango en el país en enfrentar la justicia en Estados Unidos.

“Es una historia que va a seguir sucediendo hasta que no se consoliden instituciones de seguridad que estén bien organizadas, bien vigiladas, con controles también, no solo de confianza, sino con controles internos y externos”, le dijo a InSight Crime.

Una corte estadounidense imputó a tres altos funcionarios de la policía federal mexicana de recibir millones de dólares en sobornos a cambio de proteger las actividades criminales del Cartel de Sinaloa. Los imputados eran, se supone, encargados de liderar la guerra antinarcóticos con el apoyo de Estados Unidos, lo que pone en tela de juicio una vez más las fallas en la estrategia de seguridad de Washington y sus aliados.

Genaro García Luna, secretario de seguridad pública de México entre 2006 y 2012 fue acusado en un acta de imputación del 30 de julio de “participar en una empresa criminal continuada”, en la cual él y los exfuncionarios Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García estuvieron al servicio de uno de los grupos del crimen organizado más poderosos del país.

El ex alto funcionario de México “traicionó a quienes juró proteger al aceptar sobornos de miembros del Cartel de Sinaloa para facilitar sus delitos”, señaló el fiscal Seth DuCharme en el anuncio del 30 de julio. Se supone que en dos ocasiones por lo menos, miembros del Cartel de Sinaloa “entregaron personalmente pagos de sobornos [por millones de dólares]” a García Luna.

Durante más de una década, entre 2001 y 2012, los tres funcionarios acusados prestaron servicios de gran valor, como “comprometerse a no interferir” con cargamentos de drogas de varias toneladas de propiedad del Cartel de Sinaloa, dándoles acceso a “información policiaca sensible” que tenían las autoridades sobre ellos, “atacando a sus rivales” y “nombrando a otros funcionarios corruptos en cargos de poder” en las zonas controladas por el grupo, añade la imputación.

Además del cargo de empresa criminal continuada —el mismo que se imputó al exjefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y por el que fue sentenciado a cadena perpetua— los exfuncionarios de policía enfrentan diferentes cargos de narcotráfico. García Luna presuntamente ayudó al Cartel de Sinaloa a traficar seis cargamentos de cocaína que sumaron 50.000 kilogramos hacia Estados Unidos entre 2002 y 2007.

García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 en el estado de Texas. Cárdenas Palomino y Pequeño García aún no han sido aprehendidos. De ser condenado, García Luna enfrenta penas entre 20 años de prisión y cadena perpetua. Los otros dos agentes enfrentan entre 10 años de cárcel y cadena perpetua.

Análisis de InSight Crime

Los cargos contra los principales adalides de la guerra antinarcóticos en México durante la administración del expresidente Felipe Calderón los ponen en los círculos de narcotráfico más importantes del país.

Aunque esos cargos vienen de autoridades estadounidenses, vuelven a poner en evidencia las fallas en la política de seguridad de Estados Unidos y la negligencia de México.

En la gestión de García Luna, Cárdenas Palomino fungió como director de operaciones regionales de la policía federal entre 2006 y 2012. Pequeño García encabezó la división antinarcóticos de la policía federal, que supervisaba la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU) bajo la veeduría especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, según un reportaje de ProPublica.

Sin embargo, esa vigilancia no se aplicaba a la cúpula de la unidad, de la que durante largo tiempo se rumoró que filtraba información privilegiada a los grupos criminales de México. Dos investigaciones de la periodista de ProPublica Ginger Thompson en 2017 develaron cómo esto llevó a por lo menos dos brotes de violencia que habrían podido evitarse fácilmente.

Alex Papadovassilakis, investigador de InSight Crime, colaboró en la elaboración de este artículo.

 

 

 

Con Datos de InSight Crime/Sistema de Noticias CAMBIO 22

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