La Condena de García Luna en Estados Unidos Lejos de Beneficiar la Cooperación con México, la Enturbia y la Pone en Riesgo del Colapso: Insight Crime

Redacción/CAMBIO 22

La condena al exsecretario de seguridad pública de México Genaro García Luna, por narcotráfico y corrupción, representa una complicada victoria para las autoridades estadounidenses, en cuanto que a la par pone de relieve la intolerancia por los aliados corruptos, y revela los retos de mantener ese compromiso.

La condena de García Luna por todos los cargos fue la culminación de una investigación y un proceso judicial arduo y prolongado por parte de las autoridades estadounidenses, quienes acusaron a García Luna de aceptar coimas multimillonarias de las cabezas del Cartel de Sinaloa y su antiguo aliado y actual enemigo, la Organización Beltrán Leyva, a cambio de proteger a los narcotraficantes de la acción de las autoridades y de entregarles información de inteligencia sobre grupos rivales.

Los narcotraficantes rindieron algunas de las declaraciones más explosivas contra García Luna, quien durante su función como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, entre 2006 y 2012, se consideró un estrecho aliado de Estados Unidos en la guerra antinarcóticos. Jesús Zambada, alias “El Rey”, hermano del líder del Cartel de Sinaloa Ismael Zambada, alias “El Mayo”, aseguró haber entregado múltiples pagos en efectivo a García Luna, en persona y a la mano derecha de este, Luis Cárdenas Palomino. Otro narcotraficante, Óscar Nava Valencia, alias “El Lobo”, exjefe del Cartel Milenio y aliado cercano del Cartel de Sinaloa, repitió las acusaciones de Zambada, alegando que él también hizo pagos directos a García Luna. “Le entregué dinero en efectivo […] Fueron más de 10 millones de dólares”, testificó.

La abundancia de testimonios sensacionales contrastó con la relativa falta de evidencias sólidas que apoyaran los argumentos de la fiscalía sobre las presuntas actividades criminales de García Luna. El abogado de García Luna, César de Castro, recalcó ese punto a lo largo del juicio, argumentando que no había “dinero ni fotografías ni videos o textos ni mensajes de correo electrónico o grabaciones y documentos… ninguna evidencia creíble, verosímil” sobre la cual condenar a García Luna.

La fiscal estadounidense Erin Reid contraargumentó que los testimonios de los testigos constituía evidencia concluyente de las actividades de García Luna, a pesar de que gran parte de estos provinieran de criminales convictos. “Podemos elegir un grupo de maestros de escuela para atestiguar, pero los maestros de escuela no dirigen carteles internacionales de drogas“, repuso Reid durante los argumentos finales del juicio. “No se necesita una interceptación ni un video o una llamada telefónica. Tenía la mejor evidencia: las personas que le pagaron“.

Análisis de InSight Crime

La condena de García Luna manda un claro mensaje del compromiso de Estados Unidos con la lucha contra la corrupción aun entre las más altas instancias de sus aliados en las instituciones de seguridad y policía de México. Pero el proceso también pone en evidencia algunos obstáculos de mayor envergadura que enfrentan las autoridades estadounidenses al tratar de enfrentar este problema.

La falta de evidencias sólidas es una característica de muchos casos de corrupción, y fue especialmente prevalente en el caso de García Luna. La interceptación de conversaciones, la obtención de videos y mensajes o el hallazgo de rastros documentales de los sobornos son todas tareas de la mayor dificultad, más aún cuando el objetivo es un oficial de orden público que conoce los trucos del oficio.

Otra dificultad puede ser mantener un balance entre la lucha anticorrupción y la necesidad de mantener la cooperación y la confianza entre aliados cercanos para apoyarse en las operaciones antinarcóticos.

David Shirk, director del programa Justicia en México, de la Universidad de San Diego, declaró a InSight Crime que la buena reputación de García Luna y su relación con los aliados del norte durante su periodo en la Secretaría de Seguridad pueden haberlo blindado del escrutinio.

“La razón por la que no tenemos la evidencia es que en ese momento no la estábamos buscando”, comentó Shirk. “Estábamos tan cautivados con García Luna hace una década o más que nadie cuestionaba seriamente su integridad ni trataba de recabar evidencia en su contra”.

Las consideraciones diplomáticas también han sido un reto para la labor de las autoridades estadounidenses en la investigación de casos de corrupción contra sus aliados mexicanos.

El actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, tenía pocos incentivos para dar blindaje político a García Luna, quien había servido durante la administración del expresidente mexicano Felipe Calderón, opositor político de AMLO.

Por otro lado, la administración de AMLO ayudó a eludir un intento de Estados Unidos de procesar judicialmente a Salvador Cienfuegos, exsecretario de defensa mexicano, quien en 2020 fue acusado de narcotráfico y lavado de activos. La presión del gobierno de AMLO que logró la liberación de Cienfuegos de la custodia estadounidense y su retorno a México se derivó en parte del deseo de AMLO de preservar una relación conveniente en términos políticos con las fuerzas armadas del país.

Cálculos políticos similares seguramente afectarán la voluntad de México de cooperar con futuras tentativas estadounidenses de procesar a actores corruptos en las fuerzas de su aliado encargadas de combatir el crimen, comentó Dan Schneider, profesor asistente en la Escuela de Servicio Internacional de American University y exfiscal del Departamento de Justicia estadounidense.

“No sé cuánto los envalentone esto. Creo que la cuestión central para ellos sigue siendo, ¿habrá interferencia política?”, fue la reflexión de Schneider en intercambio con InSight Crime. A pesar de la importancia simbólica de la condena de García Luna, su efecto perdurable en las iniciativas anticorrupción de las autoridades estadounidenses puede ser menos profundo.

Fuente InSight Crime

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