mayo 30, 2024 02:41

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Renán Castro Madera, Director General

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► Por unanimidad de 19 diputados presentes, la XVII Legislatura abrogó el decreto que había ampliado la concesión de la prestación del servicio de agua potable en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad hasta el 2053 ► En 10 días, a partir del primer día del 2024, Aguakan deberá entregar el servicio, recursos, obras y bienes a la CAPA, ordena el decreto aprobado en sesión extraordinaria este viernes

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 22 de diciembre.- La XVII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó, por unanimidad de 19 diputados presentes en su sesión extraordinaria de este viernes, la abrogación del decreto que aprobó la prórroga anticipada del título de concesión de Aguakan para prestar el servicio de agua potable en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, y ampliarlo a Solidaridad, hasta el 31 de diciembre de 2053, por considerar que fue su aprobación fue ilegal.

Como efecto inmediato de este decreto, se dispone que la concesión del servicio concluya en su plazo original, es decir, el 31 de diciembre del presente año, 2023, y se ordena que la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., que opera a Aguakan, entregue los servicios, recursos, obras y bienes correspondientes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo (CAPA) después de esa fecha, para garantizar la continuidad del servicio.

En el mismo decreto, que fue aprobado como asunto de obvia y urgente resolución en la sesión que inició casi a las 2 de la tarde, se establece que entrará en vigor hasta el 31 de diciembre del presente año, es decir, el mismo día en el que finaliza la concesión original de Aguakan, no obstante lo cual se pretende que la empresa le dé cumplimiento inmediato al día siguiente, por lo que todo indica que podría darse una operación parecida a una requisa al iniciar el 2024 para que la CAPA ocupe las instalaciones.

Por lo mismo, se autorizó a la gobernadora del estado y a las presidentas municipales de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad a que realicen los actos que sean necesarios para que ejecuten la reversión inmediata de los servicios, recursos, obras y bienes relacionados con la concesión del servicio de agua potable.

Al mismo tiempo, se ordena la creación de una Comisión Especial y de Investigación que tenga por objeto la investigación del destino final de los más de mil millones de pesos que recibió la CAPA como contraprestación por la extensión de la concesión, y que transfirió de manera indebida a una cuenta del gobierno del estado, la intervención de servidores públicos locales y particulares involucrados en delitos del fuero común y federales, así como para instalar una mesa de diálogo con las personas

El decreto de abrogación de la prórroga de concesión a Aguakán se justificó en el reconocimiento, ahora sí, de que la Legislatura está obligada a cumplir el resultado de la consulta popular de junio del 2022, en la cual la población de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos se pronunció en su mayoría por la cancelación de la concesión del servicio de agua potable.

Asimismo, se tomó en consideración que la prórroga de la concesión al 2053 todavía no está en efecto, porque no ha llegado el final de la concesión original del servicio, otorgada en 1993 y que concluye el 31 de diciembre de 2023, pero la existencia del decreto de prórroga impidió al gobierno del estado, a través de la CAPA, realizar un análisis serio sobre la viabilidad del servicio concesionado, sobre todo ante las quejas constantes de los usuarios por cobros excesivos y daños a la salud y el medio ambiente.

Además, se señala que al momento de aprobar la prórroga, la XIV Legislatura no tuvo conocimiento de los términos del nuevo contrato concesión, pues el mismo no le fue presentado, en violación a la ley, por lo que el decreto hoy abrogado sólo era un instrumento para impedir la evaluación del servicio prestado por la concesionaria y de que se pusiera a concurso el servicio en busca de un mejor prestador del mismo al llegar el final de la concesión original.

Además, de manera indebida se incluyó una cláusula que modificó la forma de resolver controversias para que sea mediante panel de expertos y arbitraje internacional en lugar de los tribunales del estado, lo cual está en contra de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado.

A eso se adiciona que la concesionaria Aguakan pagó mil 56 millones de pesos a la CAPA como contraprestación de por la extensión de la concesión por 30 años más, y funcionarios transfirieron el dinero a una cuenta del gobierno del estado donde se usó para gasto corriente, sin que a partir de allí se tuviera mayor rastro del recurso.

Por todo lo anterior, se consideró al final del plazo original de la concesión, que es el 31 de diciembre de 2023, debe operar inmediatamente la reversión y entrega de los servicios que se presten, recursos, obras y bienes correspondientes a la CAPA, para garantizar la prestación del servicio.

 

 

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