La 4T Secuestró los Derechos Humanos en México

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

El grupo político y económico que se encuentra en el poder federal, estatal y municipal en México desde 2018 está borrando de un plumazo el avance democrático que tuvo el país durante los últimos 50 o 60 años, pero no por la voluntad de quienes integraban el gobierno hegemónico de quienes gobernaban en esos tiempos, sino como consecuencia de las luchas que emprendieron pueblos y comunidades, sectores urbanos, estudiantiles y obreros, quienes al final de cuentas a ellos les correspondió poner su cuota de sangre y libertad para obtener las instituciones que tenía el país en 2018.

La mayoría del electorado mexicano que llevó a la presidencia de la república a Andrés Manuel López Obrador lo hizo para rescatar a las instituciones del declive en que las tenían los gobiernos panistas y priistas y no para regresar al autoritarismo presidencial de los años setenta del Siglo XX.

Esta inconformidad ciudadana la aprovecharon priistas, panistas y perredistas, para aliarse con López Obrador y llevarlo al triunfo y darle el poder que en dos ocasiones anteriores no le había querido dar el electorado.

Si revisamos la membresía de quienes ahora integran el gobierno de la 4T son los mismos priistas que llevaron a crisis económicas, sociales y políticas al país y ahora con argucias discursivas están torciendo la Constitución Federal para regresar a sus tiempos dictatoriales, a la dictadura perfecta de la que habló a finales del siglo pasado el Premio Novel de Literatura, el peruano, Mario Vargas Llosa.

El Congreso de la Unión tiene las facultades constitucionales para modificar, reformas y adicionar la Constitución, pero no para mutilarla y convertirla en un instrumento regresivo del derecho internacional de los derechos humanos; la movilización social y política que le dio voz al PRD y a MORENA durante los últimos años, no fue un cheque en blanco, sino la encomienda para mejorar la dinámica social y política del país por medio de la consolidación de las instituciones y el reconocimiento de los derechos fundamentales del pueblo de México.

La mayoría morenista y aliados del Congreso de la Unión, con el poder que le dio una elección, hasta el momento cuestionada, aprobó una reforma para desaparecer la autonomía del Poder Judicial y con ello borrar la división de poderes que costó tantas vidas al pueblo de México; quien haya estudiado lecciones básicas de historia del país saben a lo que me refiero.

Ahora, con ese poder de la mayoría calificada pueden cuestionar la capacidad técnica de los profesionales de la administración de justicia e imponer a jueces parciales, que solo respondan a los intereses de la clase política gobernante y sus aliados con poder de facto en el país.

Ya engolosinados con la destrucción de las instituciones volverán a mutilar la Constitución, atreviéndose a proponer quitarle el principio derechohumanista y el de convencionalidad al Artículo Primero constitucional, lo que significa borrar de tajo décadas de desarrollo jurídico de este país al involucrarse en la cultura de los derechos humanos, al término de la dictadura del PRI y reitero, no por voluntad de los gobernantes, sino porque la dinámica social y política de la sociedad mexicana así se los exigió.

Después del rechazo generalizado de la sociedad civil y del gremio de la abogacía, desde la 4T han prometido que no tocarán el Artículo Primero Constitucional, pero ratificaron su propuesta de destruir los avances sociales con respecto al juicio de amparo, para dejarlo como se venía aplicando a finales del Siglo XX, lo que representa un grave ataque a los derechos colectivos.

Se busca consolidar un poder único en el país a eliminar de los Artículos 105 y 107 avances significativos en los beneficios que hasta hoy tiene una resolución de amparo, no solo a favor de la persona demandante de la protección de la justicia federal, sino a una colectividad con derechos igualmente vulnerados que la persona que solicitó el amparo.

Intervenir ambos artículos implica declarar improcedentes los amparos y las acciones de inconstitucionalidad que tengan como fin controvertir adiciones o reformas a la Constitución; una vez aprobadas las reformas constitucionales por el Poder Legislativo, no podrán ser impugnadas ni mediante controversias constitucionales ni a través de amparos, con ello, el Poder Ejecutivo y el Legislativo serán las únicas instancias que puedan reformar la constitución y con ello, desaparecer el equilibrio constitucional, postulados por lo que se luchó desde la Reforma en el Siglo XIX y la durante la Revolución Mexicano a principios del Siglo XX.

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro sostienen que es positivo que no se reforme el Artículo Primero de la Constitución. “Pero subsiste preocupación. Modificaciones como la propuesta al art. 107 cancelarán toda posibilidad de someter a controles mínimos, incluso respecto del procedimiento, las reformas constitucionales. Una decisión peligrosa”.

La oficina de los Derechos Humanos de la ONU en México, por medio de su cuenta en la red social X saludó “la amplia, sólida y plural defensa del artículo primero constitucional, reformado en el 2011, y la apertura para resguardar su contenido, mismo que ha sido clave para el avance progresivo de los #DerechosHumanos reconocidos en normas internacionales.”

Por su parte, la organización Amnistía Internacional México, llamó al Senado mexicano a votar contra la reforma que contraviene disposiciones internacionales y amenaza los derechos humanos en México. El organismo civil multinacional advirtió que prácticas nacionales con el corpus iuris interamericano y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), deriva tanto de casos contenciosos como de opiniones consultivas quedarían invalidadas.

A pesar que esta iniciativa de reforma constitucional ha sido rechazada por múltiples organismo expertos en derechos humanos, durante la tarde del martes 23 de octubre, con 24 votos a favor y 10 en contra, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el dictamen que prohíbe impugnar las reformas constitucionales.
El pronunciamiento del Instituto de la Defensoría Pública Federal resume la preocupación por esta reforma constitucional en curso.

Al respecto dice: “El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) expresa su preocupación frente al proyecto de dictamen sobre la inimpugnabilidad de reformas a la Constitución, el cual plantea la limitación de los controles judiciales sobre las reformas constitucionales, incluidas las figuras del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad”.

Este organismo gubernamental, sostiene que de aprobarse, cualquier modificación a la Constitución quedaría exenta de escrutinio judicial, aun si se detectan violaciones al procedimiento legislativo, a la deliberación pública o si las reformas contravienen tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales México es parte. Esto Incluye, incluso, aquellas reformas que podrían limitar los derechos fundamentales.

La eliminación del control constitucional afectaría profundamente el orden jurídico, ya que debilitaría los mecanismo de defensa establecidos para proteger a las personas contra abusos del poder público. Además, el segundo transitorio transgrede el principio de no retroactividad, que si bien, pretende anular los recursos legales actuales contra la Reforma Judicial, tendría efectos para otros procesos judiciales como la revisión de la figura de prisión preventiva oficiosa que ya fue declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se agrega en el pronunciamiento que si bien resulta positivo que el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado retiró la iniciativa de propuesta de modificación al artículo primero constitucional, respecto al control de convencionalidad, persiste el riesgo de la limitación de todos los controles judiciales sobre las reformas constitucionales, lo que supone una grave regresión en la protección de los derechos humanos de las personas, como límites de las decisiones de las mayorías.

Precisa que el IFDP tiene como objetivo la defensa de las personas en situación de mayor vulnerabilidad para que accedan a la justicia en igualdad de condiciones, por lo que estará atenta ante cualquier intento de debilitar los mecanismos constitucionales de protección de los derechos fundamentales.

Al final de cuentas, estas reformas constitucionales se aplicarán de manera revanchista en contra de los disidentes políticos y de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, las personas indígenas, mujeres, migrantes, trabajadoras y muchas más que no están en la cúpula del poder económico, como el multimillonario Carlos Slim, quien durante los últimos seis años elevó su fortuna, gracias a los contratos que negoció con la 4T.

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