Kilómetros Oficiales: ¿Beneficio Oculto en el Servicio Público?

•  En este momento de transformación y con un nuevo régimen, la oportunidad de regular esta práctica podría traducirse en acto. Veamos.

Ernesto Villanueva/CAMBIO 22

La acumulación de kilómetros en viajes oficiales, pagados con fondos públicos, es un tema largamente silenciado y profundamente normalizado en México. En este momento de transformación y con un nuevo régimen, la oportunidad de regular esta práctica podría traducirse en acto. Veamos.

Primero. En un país que enfrenta retos económicos significativos, medidas normalizadas pero cuestionables, como el uso personal de millas acumuladas en viajes oficiales, pueden ser una valiosa fuente de ahorro para las finanzas públicas. Tras la experiencia del covid-19 y la adopción de reuniones virtuales, los viajes oficiales han seguido siendo una constante, a pesar de sus elevados costos. Sin embargo, a diferencia del sector privado, donde este tema ha sido atendido, el uso de kilómetros acumulados en el sector público sigue sin regulación específica. ¿Por qué estos recursos, que son de todos, no se optimizan en beneficio colectivo en lugar de terminar en cuentas personales? ¿No se supone que la transparencia y la eficiencia son principios irrenunciables en el uso de los fondos públicos, y regular la acumulación de millas evitaría el uso privado de recursos públicos? El planteamiento es claro: ¿Es ético permitir que aquellos que viajan con cargo al erario acumulen kilómetros en sus cuentas personales? ¿No debería esta práctica ser considerada como un mal uso de fondos públicos? En otros países, como Canadá y Estados Unidos, las millas acumuladas solo pueden destinarse a viajes oficiales, lo cual permite un control riguroso sobre el uso de fondos públicos y previene la acumulación de beneficios privados.

Segundo. Si los puntos acumulados en vuelos oficiales se destinaran únicamente a futuros viajes de trabajo, no solo se optimizarían los presupuestos, sino que también se liberarían fondos para necesidades prioritarias, como programas sociales y servicios públicos esenciales. En lugar de incentivar prácticas poco eficientes, se daría paso a una cultura de rendición de cuentas donde los recursos públicos se administren de manera ética y responsable. ¿No debería preocupar que la falta de regulación permita que los funcionarios puedan priorizar aerolíneas y rutas que ofrecen mayores beneficios personales, en lugar de la opción más económica para el erario? ¿Esta práctica, al no estar regulada, no vulnera los principios de transparencia y eficiencia en el servicio público? Una regulación en este tema por parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum no solo promovería el ahorro presupuestal, sino que enviaría un mensaje contundente sobre su compromiso con la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. ¿En verdad no sería una señal clara de que el gobierno prioriza el interés colectivo sobre los beneficios personales sobre todo con el acento social del nuevo régimen que día con día se consolida en el marco jurídico?

Tercero. Regular esta práctica fortalecería la transparencia, evitaría conflictos de interés y garantizaría que los recursos públicos se destinen exclusivamente a fines oficiales. Sin embargo, lograr este cambio implicaría enfrentar una nueva cultura administrativa y superar resistencias derivadas de prácticas arraigadas en el tiempo sin control alguno. Definir el modelo de ética pública que México necesita es fundamental para proyectar un país comprometido con altos estándares en la administración de fondos públicos. La rendición de cuentas no se limita a reportar los gastos realizados, sino a asegurar que cada recurso asignado realmente se destine al bienestar colectivo y no a la obtención de beneficios privados. Me queda claro que lograr este cambio no es sencillo; antes bien sinuoso y complejo. Implica emprender una transformación administrativa profunda, que demanda no sólo ajustar normativas sino también desafiar prácticas tradicionales y resistencias internas. Con todo, ¿No sería esta regulación un paso firme hacia una administración moderna, donde cada beneficio obtenido en nombre del Estado se utilice en beneficio de todos? Como bien dice Weber jamás se llega a lo posible si no se intenta repetidamente lo imposible.

Fuente: Proceso

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