• La nueva fecha de audiencia constitucional para sentencia está programada el 7 de febrero del 2025

 

  • El trámite del juicio se reanudó a finales de octubre, luego de que se rechazaran los recursos de queja de las autoridades y finalizara el paro del Poder Judicial de la Federación

 

  • Ya se difirieron dos fechas de sentencia anteriores, fijadas para noviembre y diciembre

 

  • Mientras tanto, Aguakan presentó ampliación de su demanda

 

Francisco Hernández / CAMBIO 22

CHETUMAL, 31 de diciembre.- En la recta final del 2024 se reactivó el juicio de amparo promovido por Aguakan contra el decreto del Congreso de Quintana Roo que revocó la ampliación por 30 años más de su concesión para brindar el servicio de agua potable en el norte del estado, abriendo la posibilidad de que tenga resolución a principios del 2025, pues tiene audiencia constitucional citada para el 7 de febrero.

En diciembre del 2023 la XVII Legislatura del Estado revocó el decreto que otorgó prórroga anticipada de la concesión, ordenando que al finalizar la concesión original el 31 de diciembre de 2023, Aguakan entregara a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado los servicios que opera, pero la empresa promovió el juicio de amparo y obtuvo la suspensión definitiva para mantener las cosas en el estado en que estaban y continuó con sus operaciones en tanto se tiene una sentencia.

Este juicio de amparo tuvo como primera fecha de resolución el 31 de enero del 2024, pero antes de ella el proceso jurídico se suspendió, primero, porque el gobierno del estado y el Poder Legislativo presentaron recursos de queja ante los tribunales colegiados contra las suspensiones provisional y definitiva y la admisión del amparo, recursos que al final no procedieron pero dilataron el juicio.

Además, se presentaron otras controversias, debido a que en otros juzgados se promovieron juicios de amparo particulares contra la cancelación de la concesión, que pretendieron acumularse al juicio original, causando conflictos de competencia.

Luego de superadas las quejas y las controversias, el juicio se reanudó el 19 de agosto, con la recepción a los primeros informes justificados presentados por las autoridades demandadas dentro del mismo, que son principalmente el Congreso y el Poder Ejecutivo del estado, pero entonces nuevamente se suspendió el procedimiento, ahora debido a un asunto extrajudicial, que fue el paro de labores en los juzgados del estado por la oposición del personal a la reforma del Poder Judicial Federal, protesta que se prolongó de agosto a octubre del presente año, y que llevó a la suspensión de los juicios que no tenían carácter urgente.

Fue precisamente a finales de octubre, después del final del paro de labores, cuando de manera definitiva se reanudó el juicio de amparo de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, que opera a Aguakan, con la publicación, el 28 de octubre, del auto de recepción de los informes entregados en agosto, y la continuación de la admisión de informes justificados de autoridades demandas, los días 29 de octubre y el 19 de noviembre.

Para entonces, se fijó como fecha de resolución el 25 de noviembre del presente año, pero al llegar la fecha la audiencia se difirió para el día 13 de diciembre.

Luego, dos días después de la audiencia diferida, el 27 de noviembre, como estrategia dilatoria, Aguakan presentó una ampliación de su demanda de amparo.

Según la ficha informativa del juzgado, la ampliación es sobre conceptos de violación, y aunque la empresa promovió un incidente para obtener una nueva suspensión, el juez indicó que no había lugar para otorgarla, porque la ampliación planteada no fue respecto de nuevos actos que deban suspenderse, sino conceptos de violación respecto de los actos ya reclamados en el escrito inicial de demanda, sumado a que la empresa ya cuenta con una suspensión definitiva desde enero pasado.

Sin embargo, al llegar el 13 de diciembre, la audiencia constitucional programada no se realizó y se dictó un nuevo aplazamiento de la misma, ahora para el 7 de febrero del 2025, a las 10 horas con 10 minutos.

Mientras tanto, Aguakan seguirá brindando el servicio de agua potable en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, que este 1 de enero de 2025 cumplirá un año de prestarse bajo suspensión de amparo.

Cabe recordar que, además del juicio de amparo, Desarrollos Hidráulicos de Cancún advirtió de que, en caso de concretarse la cancelación de su concesión, el gobierno del estado y los municipios le tendrán que pagar hasta 17 mil millones de pesos en indemnizaciones por las contraprestaciones realizados tanto al momento de la ampliación en 2014, como anualmente a los municipios y CAPA desde entonces, así como por la inversión en infraestructura realizada.

Lo anterior significa que, aunque perdiera el juicio de amparo y tuviera que entregar el servicio a la CAPA, se abriría otro pleito legal por la exigencia de las indemnizaciones.

Para eso, la empresa dice que sus inversiones desde el inicio de la concesión han sido de alrededor de 8 mil millones de pesos actualizados, por lo que ese sería, en un principio, el monto que aseguran que el estado debería devolverle.

Pero además recuerda que pagó mil 70 millones de pesos a la CAPA como contraprestación única por la ampliación de su cobertura a Solidaridad en 2014, además de las contraprestaciones anuales pagadas desde entonces, que ascendían a 7 mil 900 millones de pesos al momento del inicio del juicio de amparo, en diciembre del 2023.

La suma de estas cantidades arroja la cifra de 16 mil 970 millones de pesos, que es lo que Aguakan alega que ha pagado a las autoridades e invertido en infraestructura.

La indemnización será para Aguakan y sus inversionistas, donde los principales socios son GMD y GMB Hidráulica, incluidos 22.5 millones de trabajadores cuyos fondos de ahorro para el retiro están invertidos en el corporativo mediante un fideicomiso operado por CI Banco.

 

 

 

franciscohcambio22@gmail.com

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