Justicia por Dedazo: Magistraturas en QRoo se Reparten Entre Elites y Aliados

• Exfutbolistas, secretarios improvisados y políticos reciclados acaparan el TSJE mientras la ciudadanía queda fuera de un proceso opaco y controlado por el poder

 Francisco Javier Hernández / CAMBIO 22

En Quintana Roo, la justicia ya no se imparte: se reparte como fichas de dominó en una mesa de poder. El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) está a punto de convertirse en un exclusivo club de élite, una especie de resort jurídico para exfutbolistas sin litigio, hijos de magistradas jubiladas, secretarios particulares con apenas medio año como jueces y políticos reciclados con larga trayectoria en el Partido Verde Ecologista. Nada mal para una democracia que se vanagloria de representar al pueblo. Y como ya sabes que #MiPechoNoEsBodega en estas líneas #TeLoCuento

La tan cacareada “consulta ciudadana” para la elección de magistrados es un espectáculo digno del mejor teatro de simulación democrática. Un montaje en el que se pretende hacer creer que la ciudadanía tiene voz, cuando en realidad los cargos ya están repartidos de antemano entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿En qué momento confundimos participación ciudadana con una ceremonia de legitimación? Esta elección, que pretende aparentar transparencia, se sostiene en listas cerradas e inaccesibles donde, de antemano, siete de los nueve futuros magistrados ya tienen nombre y padrino asignado.

No se trata de debatir ideas, de comparar planes de trabajo ni de conocer los méritos de los aspirantes. El pueblo recibirá una boleta con nombres de desconocidos, muchos de ellos elegidos por razones completamente ajenas a su preparación jurídica. La pregunta no es si habrá dedazo, sino cuántos. Esta supuesta “unidad” entre poderes no representa un consenso ciudadano, sino acuerdos políticos cocinados a puerta cerrada. La ciudadanía asiste como espectadora muda a una obra montada por y para las élites.

Uno de los nombres más polémicos es el de José Raúl Galán Muedano:, exjugador del Atlante, cuya experiencia en temas jurídicos es, digamos, escasa por no decir nula. Su verdadera carta de presentación parece ser su cercanía con el notario Luis Miguel Cámara Patrón, personaje conocido por escriturar importantes zonas de la zona hotelera de Cancún y señalado por presuntos vínculos con la Mafia Rumana. Una figura que ha tejido una poderosa red de favores que ahora extiende sus tentáculos al Poder Judicial. El deporte es admirable, pero no debe ser un atajo para administrar justicia.

Otro caso que genera indignación es el de Omar Yael Landeros Rosado, secretario particular del actual presidente del TSJE, Heyden Cebada Rivas. Con apenas seis meses de haber sido designado juez, Omar Landeros se perfila para ocupar una magistratura. ¿Méritos? Pocos. ¿Cercanía con el poder? Toda. Aquí no se premia la trayectoria judicial, sino la fidelidad política y la proximidad con quienes controlan el aparato judicial. Si usted soñaba con que su hija o hijo estudiara Derecho, ingresara al Poder Judicial y ascendiera por méritos, despierte: en el Quintana Roo actual eso ya no aplica.

Y como cereza del pastel, aparece José de la Peña Ruiz de Chávez:, un político reciclado del PVEM con múltiples cargos en su haber y cero credenciales judiciales. Su principal fortaleza es haber sido útil en el pasado para ciertos grupos de poder. La justicia, en este nuevo esquema, no se basa en conocimientos jurídicos sino en la capacidad de obedecer órdenes y cuidar intereses.

La elección de magistrados debería ser un ejercicio de fortalecimiento del Estado de Derecho, una oportunidad para consolidar instituciones y apostar por la profesionalización. Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario: una consolidación de redes de poder disfrazada de proceso institucional. Aquí no hay lugar para la meritocracia ni para quienes han hecho carrera judicial desde abajo. Hay, en cambio, una maquinaria política bien aceitada que coloca a sus piezas en los lugares clave.

Y si alguien pensaba que la ciudadanía podría incidir o al menos estar informada, se encontrará con un muro de opacidad. ¿Dónde están los perfiles públicos? ¿Qué mecanismos existen para objetar una candidatura? ¿Quién puede postular a un ciudadano verdaderamente preparado? El proceso está tan cuidadosamente maquillado que podría engañar al más ingenuo, pero no deja de ser una simulación de participación.

¿Y Morena? Silencio total. El partido de Andrés Manuel López Obrador, que tanto ha presumido de transformación, ni asoma en esta jugada. La lista de candidatos está plagada de nombres afines al PVEM y al círculo de confianza de notarios y empresarios del norte del estado. Los morenistas de base, esos que marchan, reparten volantes y defienden la 4T con pasión, han sido marginados. La tan mencionada transformación no llegó al TSJE.

El Congreso del Estado, por su parte, se suma al pacto de silencio. Diputadas y diputados votan sin cuestionar, sin investigar y, por supuesto, sin rendir cuentas. No hay foros, no hay audiencias públicas ni debates reales. La sociedad civil es convidada de piedra. La democracia representativa en su peor versión.

Y una vez más, la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uqroo) queda completamente excluida. Treinta años de existencia y ni un solo egresado ha sido considerado para ocupar una magistratura. En cambio, universidades privadas y personajes sin formación sólida llenan las listas. ¿Para qué tener una universidad pública si sus egresados nunca llegan a los espacios de decisión? Este desprecio institucional hacia la Uqroo es una bofetada a la educación pública y un mensaje claro: si no tienes apellido ilustre o relaciones con el poder, no importan tus méritos.

No se trata de un descuido, sino de una política activa de exclusión. La invisibilización de la Uqroo responde a una lógica perversa que desprecia la formación pública. El mensaje para las nuevas generaciones es devastador: el mérito académico no basta. Necesitas pertenecer al círculo correcto. Tener padrinos, palancas y ser parte de la red.

Pero nada de esto es improvisado. Cada nombre en la lista obedece a cálculos fríos, pactos antiguos y una estrategia clara: mantener el control absoluto del Poder Judicial bajo la tutela del Ejecutivo y sus aliados notariales y empresariales. Lejos de un sistema caótico, lo que vemos es un engranaje perfectamente diseñado para que nada se escape del control. Las notarías se reparten entre amigos, los cargos judiciales también. Todo queda en familia.

Y lo más preocupante: esta captura institucional pone en peligro a toda la ciudadanía. Si los jueces responden a intereses políticos, ¿quién garantizará imparcialidad en los juicios? ¿Quién pondrá freno a los abusos de poder, a la corrupción o a las violaciones de derechos humanos? Nadie. El ciudadano común quedará completamente desprotegido.

Vivimos una regresión institucional. En lugar de abrir el sistema judicial a nuevos talentos, se reciclan figuras del pasado o se improvisan perfiles sin trayectoria. ¿Cómo pedirle a un joven abogado que crea en el sistema, si ve que los altos cargos se consiguen por compadrazgo y no por capacidad?

El discurso oficial hablará de paridad, pluralidad y renovación. Pero la realidad muestra cuotas, pactos y negocios. Y lo más grave es que esto se está normalizando. Se pretende que aceptemos como natural que el Poder Judicial sea un instrumento más del poder político. Que el mejor juez es el más obediente, no el más justo.

¿Dónde quedó el ideal de justicia imparcial? La toga ya no simboliza autoridad moral, sino compromisos con grupos de interés. Los expedientes no se abren con objetividad, sino con favoritismo. Y el ciudadano observa, frustrado, sabiendo que mañana, si tiene un conflicto legal, su destino dependerá más de los vínculos del otro que de la aplicación de la ley.

La democracia no se limita a las urnas. Se construye cada día con instituciones sólidas, independientes y al servicio del pueblo. Pero en Quintana Roo, el Poder Judicial se ha convertido en un bastión del clientelismo, del reciclaje político y de los pactos de élite. El resultado es un sistema que no protege al débil, sino que fortalece al poderoso.

No tendremos magistrados del pueblo, sino operadores judiciales al servicio de intereses económicos y políticos. Serán piezas de ajedrez movidas desde el norte del estado. Pero no se alarme, estimado lector: seguro nos dirán que todo esto es “por el bien del pueblo”.

Créditos por la información a Francisco Javier Hernández y DiarioCambio22

redaccion@diariocambio22.mx

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