**Responsables por omisión como Víctor Más Tah, expresidente municipal de Tulum siguen sin ser molestado por la justicia.

**Un año de impunidad y de un proceso plagado de irregularidades; la investigación sin perspectiva de género y sin tomar en cuenta la condición de migrante de la víctima y su familia.

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Un caso emblemático como el feminicidio de la migrante salvadoreña Victoria Salazar, asesinada en Tulum por cuatro elementos de la Policía municipal de esa jurisdicción, debería tener la máxima atención de parte de las autoridades de procuración y administración de justicia, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los organismos públicos defensores de derechos humanos a nivel estatal y federal.

Sin embargo, todas estas instancias gubernamentales del Estado mexicano se han concretado a efectuar acciones estrictamente formales, se han conformado con hacer lo mínimo solo para demostrar que el caso les interesa, como lo hizo en su momento, la Cancillería mexicana, la cual procuró trasladar lo antes posible a El Salvador el cuerpo de Victoria, así como a sus hijas para apagar el efecto mediático, pero desde entonces, después de un año de los hechos ha brillado por sus ausencia, a tal grado que no le ha otorgado visas humanitarias a las hijas de la Víctima para que regresen a México, y así restituirles el estado migratorio que tenían antes del feminicidio de su madre.

Tampoco se ha llamado a cuentas a los mandos de la Policía Municipal de Tulum, y mucho menos a los responsables del llamado Mando Único en Quintana Roo, quienes por convenio interinstitucional tenían la obligación de operar la Policía Municipal con eficiencia al servicio de la sociedad, su responsabilidad está muy clara, omitieron cumplir con sus obligaciones en la capacitación del personal policial y por lo tanto deben responder ante la justicia.

El expresidente municipal de Tulum, Víctor Más Tah nunca ha dado una explicación coherente de lo sucedido, así como de las razones porque la Policía Municipal operaba en el abandono y con negligencia, a pesar del multimillonario presupuesto que recibió tanto de recursos estatales como federales para el rubro de Seguridad Pública.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a diversas instancias gubernamentales en agosto de 2021, sin embargo, ni la investigación ni la metodología de la recomendación se realizaron con perspectiva de género y mucho menos se tomó en cuenta las condiciones migratorias de la víctima.

Organizaciones civiles como la Fundación para la Justicia (FJEDD), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Asylum Access México han integrado un equipo jurídico para representar a la familia durante el proceso, el cual se ha visto plagado de irregularidades.

Las referidas organizaciones, a un año de este feminicidio, emitieron un comunicado para cuestionar la actuación de las diversas autoridades.

Precisan que la persona titular del Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, sigue dilatando la celebración de la audiencia del caso, al suspenderla sin previo aviso a quienes representan legalmente a la familia, “mientras que la investigación carece de perspectiva de género y exhaustividad, dando lugar a la impunidad y a la falta de acceso a la justicia para la familia de Victoria”.

Con este tipo de negligencia se comprueba una vez más que el tema de los derechos humanos y la perspectiva de género, así como la inclusión, son palabras utilizadas para los discursos de la clase política, pero que no les interesa llevarlas a una aplicación real a las acciones de gobierno y a la construcción de políticas públicas.

En el referido comunicado, las organizaciones civiles en cuestión recuerdan que el 27 de marzo de 2021, Victoria fue asesinada a la luz del día y en la vía pública por cuatro elementos de la policía local de Tulum.

“Aunque el gobierno de México y de El Salvador se comprometieron desde el más alto nivel, a dar seguimiento al caso y garantizar el acceso a la justicia, a un año de los hechos, ésta no ha llegado para la madre e hijas de Victoria”, se dice en el documento.

La representación legal de la familia ha documentado las inconsistencias en el proceso penal de Victoria y de su hija, “como la demora de las autoridades por más de siete meses para el reconocimiento de la representación legal de la adolescente, la suspensión de las audiencias intermedias y la falta de perspectiva de género en ambos casos. Incluso, en algún momento del proceso las autoridades quisieron eliminar el caso como feminicidio”.

Además, a siete meses de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 34/2021, el 24 de agosto de 2021, la cual señala entre otras cosas, “una disculpa pública 30 días después de la aceptación de la recomendación; atención médica, psicológica y tanatológica, para la familia de Victoria; la reparación del daño; y su reconocimiento como víctimas indirectas, tanto de las hijas de Victoria como de su madre y sus dos hermanos, ha sido ignorada por las autoridades”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tulum ha justificado el incumplimiento diciendo que no solo es su responsabilidad, sino también de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tulum, pese a que en 2021 aceptaron lo establecido en el documento emitido por la CNDH.

Para las representantes legales, “aunque la Recomendación no contempla la opinión de las víctimas indirectas, no tiene una perspectiva de género ni transnacionalidad, no establece los mecanismos para el cumplimiento de esta, no contempla los tiempos del proceso legal en la disculpa pública, y no hace hincapié en la necesidad de una investigación exhaustiva, después de siete meses de emitida no se observa el mínimo esfuerzo de las autoridades por cumplirla”.

Las citadas organizaciones civiles advierten que la búsqueda de justicia no se limita al caso de Victoria, sino que es un proceso que busca ser la voz de miles de mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas, a las que el Estado mexicano no les garantiza la protección y el acceso a la justicia, por el contrario, las violenta reiteradamente al invisibilizarlas, discriminarlas y perpetuar la violencia institucional, por lo que a un año del feminicidio de Victoria Salazar hacemos un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales en México, a dejar la simulación, la omisión y brindar una reparación integral del daño, acceso a la justicia y a la verdad, a garantizar la no repetición y coordinarse con las autoridades salvadoreñas para el acompañamiento y atención de necesidades transnacionales de la familia en el proceso de justicia, porque Victoria no murió, a Victoria la mataron autoridades del Estado, públicamente, con la ciudadanía como testigo.

 

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GCH




Diario Cambio 22 - Península Libre