marzo 3, 2024 23:05

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Renán Castro Madera, Director General

>Juez otorga suspensión definitiva por inconsistencias en el procedimiento de selección de quien debe presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo

 

Graciela Machuca/CAMBIO 22

Un juez federal radicado en Chetumal, Quintana Roo, otorgó con fecha del pasado viernes 20 de mayo del presente una suspensión definitiva para detener el proceso de designación de la persona que estará al frente del organismo público defensor de derechos humanos en la entidad, conocido como Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ante las irregularidades cometidas por integrantes de la XVI Legislatura al emitir la convocatoria respectiva.

Un conglomerado de organizaciones civiles, entre ellas, Mayas sin Fronteras, nos organizamos para presentar diversas demandas de amparo en contra del proceso de selección del nuevo ombudsperson de Quintana Roo, porque consideramos que desde las modificaciones a la ley del organismo en el año 2021 se empezaron a cometer una serie de anomalías constitucionales en perjuicio de los derechos humanos de la sociedad quintanarroense, al adecuar la ley para beneficio de grupos políticos insertados dentro del Congreso, el paso del tiempo y el resto de sus acciones nos dieron la razón.

Las demandas de juicio de amparo fueron presentada por Mary Cobá en representación del Consejo de Pueblos Mayas, Horacio Reyes de la Federación Estatal para el Desarrollo Humano de los Adultos mayores de Quintana Roo, Héctor Bonilla de +Children less abuses, Cecilia Solís y Wendy Gálarza del Movimiento 9N, Omar Ortiz, Rosa María Márquez, Jorge Moreno de Motociclistas Solidarios, Raúl Ojeda, y Mayas sin Fronteras, el trabajo jurídico estuvo a cargo del Lic. Cristian Cruz Reyes, del despacho jurídico Estrategia Legal Paredes & Hernández.

En un primer momento la demanda fue rechazada, pero algunas personas del primer grupo de demandantes hicimos uso de nuestro derecho a presentar una queja porque no habían recibido nuestra demanda, recurso que se declaró fundado y permitió que posteriormente nos aceptaran la demanda, con el sabido resultado de una suspensión provisional.

Desde luego que estamos sabedoras que solo se trata de una suspensión provisional a la cual todo persona tiene derecho cuando argumenta que se le están violando sus derechos constitucionales y de acuerdo a la normatividad del juicio de amparo el juez federal detuvo el acto del Poder Legislativo de Quintana Roo demandado y a las autoridades involucradas les solicitó sus respectivos informes, los cuales deben entregar en tiempo y forma.

El análisis de fondo del asunto apenas empieza, pero ahora le corresponderá a la autoridad demandada probar que no ha violado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se expuso en la respectiva demanda y como se ha detallado en entregas anteriores en este espacio periodístico.

Quienes recurrimos al amparo lo único que hicimos es ver que nuestros derechos humanos los estaban violentado las mismas diputadas y diputados que el pueblo eligió para que nos defendieran, con argumentos constitucionales estamos probando que los intereses del pueblo fueron echados a un lado para privilegiar los intereses de los grupos políticos que tienen secuestrado al Poder Legislativo de Quintana Roo.

En el trabajo de las tres últimas legislaturas locales tenemos una serie de acciones y decretos aprobados, ahora vigentes, que se aprobaron a pesar de violar la Constitución Federal, pero que ni las autoridades que tienen facultades para ello, ni la ciudadanía recurrió al amparo para inconformarse, como debió suceder con las referidas reformas a la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que de acuerdo a la jurisprudencia, luego de entrar en vigor y pasar un tiempo determinado ya no aplica el amparo ante hechos consumados.

También se demandó por la emisión de la convocatoria para seleccionar a la persona que debe presidir el citado organismo público defensor de los derechos humanos, diseñada por la misma persona, que ya estaba pactado que sería la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la ahora diputada local con licencia, Judith Rodríguez Villanueva.

La suspensión provisional solicitada fue procedente “respecto del acto reclamado relativo al proceso de selección de la persona que ocupará la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, por no ser transparente ni por consulta pública”.

El juez estimó procedente la suspensión provisional solicitada dado que se satisfacen los supuestos del Artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, en particular porque no se contravienen normas de orden público ni de interés social, y por el contrario, la sociedad está interesada en que los nombramientos de los funcionarios que ejerzan una función pública se encuentren exentos de cuestionamientos, a fin de evitar que los actos jurídicos en los que participen no provoquen inseguridad jurídica en las relaciones con los particulares.

Mientras el juez resuelve la suspensión definitiva ordenó que no se realice la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Ahora las y los diputados involucrados en este asunto han difundido que por culpa de la suspensión provisional obtenida a favor de Maya sin Fronteras, entre otros organismos civiles y abogadas, les será imposible hacer el nombramiento en mención, pero hay que recordarle a estas personas que cobran como legisladoras, que tuvieron cerca de tres meses para realizar el nombramiento, en los términos de su convocatoria, pero las desavenencias de sus intereses les impidió ponerse de acuerdo, principalmente entre las fracciones parlamentarias de MORENA, Partido Verde Ecologista de México y la del Partido Acción Nacional, porque las primeras habían pactado con el PAN que la presidenta sería Judith Rodríguez Villanueva, quien votó a favor de las reformas, que un año después la benefician, a tal grado, que como presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, fue la encargada de elaborar una convocatoria a modo, a tal que por el procedimiento de selección que se establece en dicha convocatoria fue procedente la suspensión provisional.

Eduardo Martínez Arcila y los demás panistas también querían parte del pastel de la Comisión de Derechos Humanos y al no poder llegar a un arreglo pospusieron la designación, la cual ya no podrán hacer hasta que el juez resuelva en definitiva la suspensión y les de la razón o les ordene reponer el procedimiento. El tiempo se le acaba a la XVI Legislatura, por lo que es más probable que la tarea se la dejen a la sucesora, al menos que la resolución del juez se de semanas antes de que termine su gestión y puedan convocar a un periodo extraordinario. Desde luego que para entonces, ya tendrá gran peso el resultado de las elecciones del 5 de junio próximo tanto en la gubernatura como en el Congreso.

Además, tuvieron tiempo suficiente para mejorar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en beneficio del pueblo de Quintana Roo y no deformarla en beneficio de los partidos políticos que integran la XVI Legislatura, a la cual los alcanzó la justicia. Como este caso hay muchos más que no pasan una verificación constitucional.

Como periodista y persona defensora de derechos humanos y como ciudadana mexicana tengo el derecho de hacer uso de un noble instrumento jurídico como es el amparo de la justicia federal y estoy haciendo uso de él porque confió en las instituciones del Estado mexicano, principalmente en las que fueron creadas para que la ciudadanía interviniera y se defendiera, porque se trata de rescatar las instituciones, mejorarlas y eficientarlas, en lugar de destruirlas. Si se hiciera un uso adecuado de la autonomía técnica y financiera de la Comisión de Derechos Humanos y de otros órganos autónomos, la administración pública no se estaría utilizando para enriquecer a unos cuantos.

Seguiré el juicio de amparo hasta sus últimas consecuencias, así como mi actividad periodística y de defensora de los derechos humanos, porque las campañas en mi contra que sean pagadas con recursos del erario, las he podido y las podré neutralizar con mi trabajo.

Es cierto que un vaso con agua a nadie se le niega, pero por lo menos ya probamos el sabor del agua transparente de la justicia, por lo pronto la sociedad civil por primera vez en Quintana Roo, alzó la voz contra las tropelías del Congreso y eso le servirá a ésta y las próximas legislaturas a saber que los quintanarroenses despertamos y estaremos pendientes de sus reformas legales.

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RHM

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