Justicia Federal Concede Amparo a Policía Cesado por Gobierno de Layda Sansores

Inicio / Justicia Federal Concede Amparo a Policía Cesado por Gobierno de Layda Sansores

Redacción/CAMBIO 22

San Francisco de Campeche, Cam., 12 de noviembre.- La historia de Emilio López Pérez, elemento de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), se convirtió en un caso emblemático de resistencia jurídica frente a las decisiones de la corporación que dirige Marcela Muñoz Martínez.

El agente fue dado de baja en 2024, luego de participar en la manifestación de policías contra la titular de la institución. Aunque inicialmente buscó ampararse, su primer recurso feneció y quedó en firme la baja injustificada.

Posteriormente promovió un juicio administrativo, mismo que perdió. Sin embargo, López Pérez no se detuvo: interpuso un nuevo amparo contra esa resolución y, finalmente, lo ganó.

En el fallo, la Juzgadora federal determinó que el procedimiento administrativo disciplinario en su contra fue inconstitucional, pues se realizó sin respetar el derecho de audiencia.

El policía nunca conoció plenamente los actos reclamados, lo que le impidió defenderse.

El tribunal subrayó que negar la protección judicial habría significado una vulneración evidente a la tutela judicial efectiva, principio que las autoridades están obligadas a salvaguardar. Por ello, se concedió el amparo y protección de la justicia federal.

EL AMPARO

La sentencia ordena a la Comisión de Honor y Justicia de la SPSC y a las autoridades responsables:

Asentar en el expediente personal de Emilio López Pérez que su separación fue injustificada.

Pagar la indemnización constitucional y prestaciones pendientes, conforme al artículo 123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución.

El fallo aclara que no procede la reinstalación en el cargo, dado que se trata de un cuerpo policial, pero sí el reconocimiento de la ilegalidad y la compensación económica correspondiente.

El caso expone cómo las sanciones disciplinarias aplicadas tras la protesta de 2024 contra Marcela Muñoz Martínez han derivado en litigios prolongados, donde la justicia federal ha corregido excesos administrativos. La resolución marca un precedente en la defensa de los derechos laborales de los elementos de seguridad pública, al evidenciar que las bajas injustificadas no pueden sostenerse sin respeto al debido proceso.