febrero 28, 2024 10:22

Renán Castro Madera, Director General

 

  • Luego de tres días de intensos debates entre abogados, activistas y la propia Justicia peruana, un magistrado de la localidad de Ica decidió declarar improcedente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Perú, que disponía la libertad del expresidente Alberto Fujimori. La propia CIDH expresó, horas antes, su preocupación por una posible excarcelación del exmandatario, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. 

 

 

Redacción/CAMBIO 22    

Alberto Fujimori continuará en prisión, al menos de momento. El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Fernando Fernández, no dio paso al segundo intento del Tribunal Constitucional (TC) de Perú de otorgar la libertad del expresidente.

Horas antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había expresado su preocupación por la actuación del Tribunal Constitucional.

El magistrado declaró improcedente la ejecución de la sentencia del TC, del 17 de marzo del 2022, que restablecía el indulto a favor de Fujimori. En su fallo, deja en claro que no tiene la competencia para realizar la ejecución de una sentencia que no fue estimada en su despacho. Por lo que devolvió el expediente al Tribunal Constitucional.

También recordó que hay disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que instan al Estado peruano a “adoptar como medida provisional abstenerse de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de disponer la libertad del favorecido Alberto Fujimori”.

Entramada judicial del caso Fujimori

El enredo judicial en el que se encuentran en Perú, por el caso de Alberto Fujimori, se desprende del indulto otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en diciembre de 2017, que le trajo incluso problemas legales. Recibió una ola de críticas porque el expresidente Fujimori cumplía, desde 2009, una condena de 25 años de cárcel por ser autor intelectual de las masacres cometidas en Barrios Altos y La Cantuta, por parte del escuadrón de la muerte conocido como ‘Grupo Colina’.

Pero el indulto no se pudo ejecutar. Para octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria bloqueó esta posibilidad. Además, en mayo de ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió al Estado que se garantice la administración de justicia de las víctimas de los casos Barrios Alto y La Cantuta, por los que fue condenado. Los familiares de las víctimas alertaron al organismo del indulto, como un incumplimiento de sus recomendaciones.

La defensa de Fujimori presentó un Habeas Corpus para lograr la libertad de su cliente, pero fueron negadas en primera y segunda instancia.

El caso escala al máximo órgano de justicia, el Tribunal Constitucional de Perú y es el 17 de marzo de 2022 que con el voto dirimente del entonces presidente del organismo, Augusto Ferrero, se declara la procedencia del Habeas Corpus, anula los fallos anteriores y dispone la liberación inmediata de Fujimori.

Es la CorteIDH la que detiene la liberación del expresidente, al señalar que Perú debe abstenerse de ejecutar cualquier indulto. Esta semana, el TC nuevamente dio paso a la liberación de Fujimori, tras un recurso de aclaración que presentó la defensa del expresidente.

“Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia”, dijo Francisco Morales, actual presidente del TC, el miércoles 29 de noviembre, al mencionar que se retiraron todos los obstáculos legales para la liberación del exmandatario.

Tres días después, el juez Fernández bloqueó este nuevo intento de liberar a Fujimori y devolvió el caso al TC.

 

El preso más costoso de Perú

Fujimori está desde 2009 en prisión, tras ser extraditado de Chile y condenado por delitos de lesa humanidad. Aunque ha salido de prisión por razones médicas, el expresidente es el preso que más cuesta mantener en Perú.

Recluido en la prisión de Barbadillo, en Lima, Alberto Fujimori no está entre cuatro paredes. Tiene una biblioteca, una taller de pintura y hasta un huerto. Según la publicación de la BBC, “solo en 2020, el Gobierno invirtió unos 172.000 dólares, una cifra 57 veces mayor que la cantidad que destinó de forma individual para el resto de los presos en otras penitenciarías comunes”.

Ahora, no solo él podría estar en prisión. Su hija y excandidata a la Presidencia, Keiko Fujimori, podría enfrentar una condena de 30 años. Este 1 de diciembre, el juez Víctor Zúñiga dio inicio al proceso penal en su contra por supuesto lavado de activos, derivado de los presuntos aportes ilegales a sus campañas electorales de 2011 y 2016.

De acuerdo a la teoría fiscal, la constructora Odebrecht habría hecho aportes ilegales a sus campañas presidenciales. El caso, denominado ‘Cócteles’, -debido a que se realizaron seis cenas lujosas como fachada para el supuesto financiamiento ilegal, según fiscalía-, también incluye al resto de integrantes de la cúpula del partido fujimorista Fuerza Popular, con un total de 30 imputados. En junio, la hija del expresidente ya recibió medidas cautelares como la prohibición de salida del país, dentro de esta causa.

 

 

 

 

Fuente: Con AP, EFE y medios locales

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